TeleSUR / 08/06/2006
Los representantes legales de Argentina y Uruguay, dieron inicio este jueves ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a sus exposiciones con referencia a la instalación de las plantas procesadoras de celulosa en la localidad uruguaya fronteriza de Fray Benitos.
En el turno de intervención de Argentina, su defensora, la consejera legal del Ministerio de Exteriores, Susana Ruiz Cerutti, recordó su petición para que la construcción de estas papeleras sea detenida, o de lo contrario, existirán "daños irreversibles" al ambiente.
Asimismo, Ruiz instó a Uruguay a que exija a las empresas Ence y Botnia, que suspendan durante 90 días la ejecución de las obras, para poder llevar a cabo un estudio del impacto medioambiental en la zona fronteriza.
Igualmente, censuró la “unilateralidad” con que Montevideo ha autorizado las plantas, en quebrantamiento, a su juicio, de la obligación de consultas “previas” establecida en el Estatuto del Río Uruguay de 1975
Por su parte, Uruguay, representado por el embajador Héctor Gros Espiell, que encabeza la delegación, dijo que no había suficiente evidencia de daños irreparables por la puesta en marcha de las fábricas.
Por otra parte, rechazó que Uruguay haya vulnerado las disposiciones del Estatuto de 1975 en materia de consultas y reiteró la oferta de Montevideo para establecer una “supervisión conjunta” con Argentina sobre los supuestos efectos nocivos de las fábricas.
Alan Boyle, profesor de Derecho Internacional uruguayo, señaló que el impacto fue contemplado por su Gobierno y que no dejaran huellas sobre la salud, el río o el ecosistema.
El especialista alegó que nunca un tribunal ha suspendido la construcción de una planta y que, en este caso, no lo hará debido a que el daño será mínimo y poco significativo, reseñó TeleSUR.
