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A mediados de abril, el Gobierno de Daniel Ortega propuso una reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que prevé un aumento en las cotizaciones y una reducción del 5% de las pensiones. A raíz de estos cambios, el 18 de abril estallaron protestas con enfrentamientos entre manifestantes y policías que causaron más de 60 muertos, entre ellos dos agentes. 

El presidente de Nicaragua dio marcha atrás con el decreto para reformar el sistema previsional e instó a iniciar un diálogo nacional, pero las protestas continuaron.

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