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"En lugar de garantizar el examen gratuito del COVID-19, en Chile se optó por militarizar el país"

© AFP 2023 / Martín BernettiMilitares Chile coronavirus
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En apenas seis meses, Chile saltó de un "estado de emergencia" por las masivas protestas sociales, a un "estado de catástrofe" por la llegada del COVID-19 al país suramericano.

Desde octubre de 2019, los chilenos exigen revertir un modelo político y económico que, según denuncian, ha provocado una profunda desigualdad social. Una realidad que el coronavirus ha dejado más en evidencia.

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Javiera Olivares, periodista, activista social y quien fue la primer mujer en presidir el Colegio de Periodistas de Chile, se encontraba en Andalucía cuando estalló la emergencia sanitaria del COVID-19 en España y en Chile. Desde este lugar del mundo le ha tocado seguir las noticias de su país y desde su confinamiento conversa con Sputnik sobre la situación que se vive en Chile, uno de los países de América Latina más afectados por la pandemia y cuyo pico se prevé para finales de abril o inicios de mayo.

—Brasil, Ecuador y Chile son los países de América Latina más afectados por el COVID-19. ¿Cuál es la receta que está aplicando el Gobierno chileno para enfrentar esta pandemia?

—Desde mi punto de vista, el Gobierno chileno ha tenido una muy mala gestión para confrontar esta pandemia, porque lejos de seguir las recetas que se han ido afianzando en el mundo, como son las medidas de confinamiento, ha decidido no decretar medidas rigurosas de cuarentena. Lo que tenemos hoy día en Chile es un país prácticamente funcionando de manera casi normal con cuarentena solo en algunas regiones muy específicas. Los trabajadores tienen que seguir asistiendo a sus trabajos, las pequeñas empresas y comercios siguen funcionando con relativa normalidad y el transporte público sigue igual. Digamos que lo único que se ha paralizado es el sector educativo, que en su mayoría están con sus clases virtuales.

—¿Cuáles regiones están paralizadas y cuáles no?

—Las regiones que están paralizadas de manera más importante son aquellas que tienen mayores ingresos, donde viven las personas más acomodadas económicamente, como por ejemplo en el sector oriente de Santiago de Chile, la capital.

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En el resto de Chile no existen las garantías mínimas para que las clases trabajadoras, las personas que sobreviven de un sueldo, las que tienen que trabajar para vivir, puedan hacer una cuarentena efectiva. Es una medida excluyente y clasista que redunda en este Chile que hemos tenido, donde hay mucha estratificación de clases, donde hay diferencia de trato para los que tienen más y menor protección para los que son más pobres.

—¿Y por qué no se estarían tomando medidas de confinamiento para todos por igual?

—La explicación técnica que se dio inicialmente tenía que ver con que el contagio venía de manera importada de personas que habían viajado a Europa, que fundamentalmente eran de esas comunas más adineradas.

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Sin embargo, con el paso del tiempo, observamos que hay altos niveles de contagio en comunas menos favorecidas, como San Miguel, La Florida, Macul, que no están en cuarentena. El presidente también dijo recientemente que él no está de acuerdo con decretar una cuarentena total porque, a su juicio, Chile no tiene la necesidad ni las condiciones para generar una cuarentena rigurosa y efectiva para todos. Eso ha provocado que los más pobres estén experimentando la peor parte.

—¿Cuáles son los sectores poblacionales de mayor riesgo en este momento?

Una de las regiones que ha manifestado mayor curva de contagio y que sí está en cuarentena, porque ya es alarmante, ha sido la IX Región, en la zona de Temuco, en el centro del país, donde viven muchos de los mapuches. Allí hay un alto nivel de contagio, es un sector bastante deprimido, con mucha pobreza y alta tasa de desocupación. Nuestro pueblo mapuche está expuesto a un nivel de contagio altísimo justamente por no haberse tomado las medidas rigurosas iniciales.

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Un segundo sector son nuestros ancianos porque las condiciones de vida de nuestros adultos mayores es realmente dramática. Por ejemplo, un 70% de los jubilados, mayores de 65 años, recibe una pensión menor de los 270.000 pesos chilenos, que vienen a ser como 300 euros. Eso no alcanza para vivir en Chile, que es uno de los países más caros de América Latina. Sumado a eso, si una persona quisiera tomarse un examen de COVID-19 en Chile tendría que pagar por él y nuestro sistema público de salud no da abasto, está atiborrado. Pero además, muchas veces son personas que están endeudadas. En Chile, alrededor de 12.000.000 de personas están endeudadas con la banca y 5.000.000 morosas. Todas ellas viven en condiciones muy difíciles.

—Pero Piñera dijo que iba a ayudar a los sectores más vulnerables y que para eso destinaría 2.000 millones de dólares.

—Sí, él ha anunciado dos normativas referentes al empleo y para la protección de la población en general, como la Ley del Teletrabajo, que no incluye a todos los trabajadores, y la Ley de protección del empleo. Pero es bien curioso porque después de anunciarlas hemos visto una ola de despidos. Recientemente, la multinacional H&M despidió a unos 1.500 trabajadores en Chile acogiéndose a esta ley.

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Esta normativa lo que hace es inyectar recursos, pero para sostener el modelo de funcionamiento de las empresas, que igualmente están despidiendo a los trabajadores. Entonces, estos trabajadores deben acudir a los fondos de cesantía, que aunque tienen un aporte mínimo del estado, son fondos que ellos mismos han ido poniendo en esas cuentas porque de sus sueldos mensuales se les descuenta una parte para esos seguros. Entonces, finalmente, es dinero de ellos mismos lo que se les entrega cuando son despedidos. Luego, están dando fondos solidarios a las PYMES, empresas y una parte para los sectores más vulnerables, pero es una porción mínima de la población la que accede a esta ayuda. A las poblaciones más vulnerables se les da un único bono de unos 50.000 pesos, menos de 100 dólares, por carga familiar. Si bien puede ser una ayuda para personas que estén en una situación muy alicaída no resuelve el trasfondo del problema.

—¿Es cierto que en las empresas privadas no están aceptando las bajas médicas por COVID-19?

—Sí. Se ha denunciado mucho que en el sector privado a las personas vulnerables de contagio, o que presentan síntomas, se les rechazan las licencias por este tipo de circunstancias. Entonces son personas que en estas condiciones deben ir a trabajar. Es muy complicado.

—Se prevé que en Chile el pico del COVID-19 sería para finales de abril. ¿En qué condiciones enfrentará el sistema de salud chileno esta pandemia?

—El sistema de salud en Chile, junto al de educación, fue uno de los sistemas públicos más vapuleados de la región desde la dictadura de Pinochet en adelante y por todos los gobiernos que han experimentado en Chile el modelo neoliberal. Hoy en día tenemos un sistema donde el Estado subsidia al privado, existiendo grandes espacios privatizados en el ámbito de la salud, y donde el sector público tiene grandes carencias de recursos, de médicos de cabeceras, de nuevas tecnologías. Ya nuestro sistema de salud ha colapsado en tiempos de influenza, ahora, con este nuevo virus, que es menos conocido y que se espera su pico para pleno invierno, es muy probable que colapse. Por lo tanto es muy difícil para las personas cuya única alternativa que tienen es acudir al sistema público.

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Además de esto, el Gobierno ha decidido desplegar una especie de hospital de campaña, como lo han hecho otros países del mundo, pero en un lugar muy conocido en Chile llamado el Espacio Riesco, que es un lugar que se utiliza para hacer conciertos, conferencias y que es un lugar privado que cobra altas sumas de dólares por su arriendo. Muchos se preguntan ¿por qué Piñera no utilizó un gimnasio, un liceo público, una universidad pública para habilitar ese hospital de campaña sin que implique un gasto tan alto? ¿quiénes van a utilizar estas camas? ¿quiénes la van a poder pagar? ¿quiénes tendrán acceso a ese hospital que obviamente tendrá una mejor atención que uno público?

Una vez más vemos que el modelo neoliberal se repite: el Estado subsidiario le aporta al privado para seguir privatizando derechos.

—Se ha impuesto un toque de queda todos los días a partir de las 10 de la noche. ¿Cómo ha asumido la sociedad chilena esta medida?

—Uno entiende que la situación pandémica obliga a tener medidas rigurosas, pero también cuestiono si era necesario haber expuesto a la ciudadanía a un toque de queda, a volver a este tipo de imágenes habiendo tantas denuncias recientes de violaciones de DDHH por parte de estos cuerpos y que aún no están resueltas. Me parece que hay otras medidas rigurosas que se pudieron haber tomado, como por ejemplo, haber declarado gratuito el examen del COVID-19 en todas partes, una medida sencilla y fácil de tomar, sin embargo se optó por militarizar el país como primera y principal medida, incluso antes que la cuarentena.

—Desde octubre de 2019 hasta marzo de este año se vivieron inmensas manifestaciones en Chile, un estallido social pidiendo reivindicaciones, mejor calidad de vida para los chilenos. Pero el COVID-19 logró paralizarlo todo, hasta esta revuelta que parecía indetenible. ¿Se perdió todo lo alcanzado?

—No creo que se haya perdido todo.

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Si veo que hay un repliegue porque hoy día la preocupación principal es cuidar las vidas y muchos de los que se movilizaban eran los sectores pobres, los que hoy día tienen que cuidarse más y no tienen las condiciones para afrontar esto. Tienen que trasladarse en transporte público sin tener acceso ni siquiera a mascarillas y guantes. Pero también esos compañeros que estaban en la primera línea de la movilización popular, ahora los ves desinfectando las manillas del metro, del transporte público. Han tomado un compromiso con la situación. Por otro lado, es innegable, que Piñera lo que está tratando de hacer es recuperar la agenda. Tanto es así, que junto a la militarización del país, han intentado dejar en libertad a torturadores, violadores de derechos humanos, criminales que desaparecieron y asesinaron a miles de personas durante la dictadura de Pinochet.

—Siempre se ha puesto a Chile como el ejemplo a seguir en América Latina y a Venezuela como el mal ejemplo. Incluso, los medios decían que si el COVID-19 llegaba a Venezuela sería una desgracia, pero ha pasado todo lo contrario. Hoy Venezuela es el país que más ha evitado la propagación y Chile uno de los que más lo sufre. ¿Cómo se entiende?

—Para mí es muy ilustrativo todo lo que está pasando. Creo que hoy día la disyuntiva es cómo salvar la vida. Hemos visto que en el modelo neoliberal no tenemos las garantías para poder tener garantizada la salud y la vida de las personas.

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Aquellos actores íconos de la defensa del neoliberalismo como Sebastián Piñera, Jair Bolsonaro y Donald Trump arrojan las peores cifras de toda América vs los países a los que siempre llamaron "dictadores", "violadores de DDHH". Ahora resulta que Cuba es el país que está ayudando a Europa con sus brigadas médicas, como lo ha hecho siempre, y Venezuela es el país que tiene menos cifras de contagio. Parece que algo no les salió bien en el cálculo. Esto permite discutir sobre cuál es el modelo de desarrollo que sirve para garantizar la vida y cuál no.

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