"Aunque la determinación de las sanciones aplicables a los delitos relacionados con las drogas sigue siendo prerrogativa de los Estados partes en los tratados, la Junta ha continuado alentando a los Estados que siguen imponiendo la pena capital por esa categoría de delito a que conmuten las condenas a muerte que ya hayan sido dictadas y consideren la posibilidad de abolir la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas", dice el texto del informe.
El JIFE "exhorta a todos los Gobiernos en cuestión a que se comprometan públicamente a investigar, e investiguen, respetando plenamente las debidas garantías procesales y el estado de derecho, a toda persona sospechosa de haber cometido tales acciones extrajudiciales o haber participado o colaborado en ellas, o de haber alentado o aconsejado o instigado su comisión, y procedan a su enjuiciamiento y castigo, si hubiera lugar a ello".
