Israel construyó un muro de separación entre su territorio y el de Cisjordania que no sigue la línea de la frontera sino que arrebata tierras palestinas, aísla y divide pueblos.
La denuncia, que también argumenta que los jueces cometieron crímenes contra la humanidad, se presentó ayer en Santiago de Chile y a ella se sumaron diputados chilenos de partidos de izquierda, centro y derecha.
La demanda es contra los jueces Asher Grunis, Neal Hendel y Uzi Vogelman, que rechazaron la denuncia de habitantes de Beit Jala contra el muro y no aceptaron la ruta alternativa para el mismo que propuso el Consejo para la Paz y la Seguridad, un grupo israelí integrado por militares retirados.
Chile firmó el Estatuto de Roma por el que se creó el Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2012 y desde entonces tiene incluido el principio de jurisdicción universal en la Constitución, hecho que da a los jueces del país la autoridad para perseguir a cualquier persona por crímenes internacionales, sin importar su nacionalidad ni dónde se cometió el crimen.
El proceso podría incluir citar a los jueces a declarar o solicitar interrogarlos en Israel.
En Chile hay una comunidad palestina significativa, fundada por un grupo que emigró a principio del siglo XX. La mayoría eran de Beit Jala y otras zonas de los alrededores de Belén.
