La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Ombudsman federal) criticó que policías y agresores encapuchados dispongan de impunidad en los actos vandálicos tras las protestas pacíficas de miles de manifestantes en México por la desaparición de 43 estudiantes.
La CNDH -que juega el rol de Defensor del Pueblo-, presentó una queja contra los cuerpos de seguridad que intervinieron en los acontecimientos ocurridos el 20 de noviembre y el 1 de diciembre frente al Palacio Nacional.
Los choques de grupos radicales al final de las marchas de la sociedad civil contra las autoridades son "señales de alarma", dijo la CNDH en vísperas de la primera visita del presidente Enrique Peña al estado Guerrero para impulsar un plan de seguridad, donde también han ocurrido protestas violentas.
Si no se atiende con eficiencia el surgimiento de "expresiones sociales de carácter agresivo", pueden conducir a "situaciones de desgobierno", dijo la CNDH en un pronunciamiento.
La CNDH considera que la violencia en las protestas amenaza el estado de derecho, que "establece procedimientos e instancias para juzgar las conductas delictivas" de quienes cometen destrozos de comercios y atacan las fuerzas del orden.
El Ombudsman federal también critica la falta de protocolos o de su aplicación por parte de los cuerpos de seguridad ante multitudes, y su obligación de cumplir con "su responsabilidad de proporcionar paz y tranquilidad", porque en ambos casos se presenta impunidad.
La ola de protestas "no debe tener como consecuencia, bajo ninguna circunstancia, el surgimiento de una sociedad bárbara", dice el organismo humanitario federal.
El Estado debe "impedir que cualquier persona o grupo imponga su interés u objetivo a los demás", por lo cual la CNDH reprobó "todas las formas de violencia, especialmente cuando surgen al margen de la ley o contra ella".
La CNDH lamenta que "el legítimo ejercicio de las libertades públicas de la ciudadanía con el fin de demandar justicia, verdad y legalidad se vea ensombrecido por algunos grupos que incitan a la violencia y generan disturbios de diversa índole y gravedad".
"Las protestas son pacíficas y legítimas, los violentos son aislados e inaceptables", dijo la víspera a Sputnik Perceo Quiroz, director de Amnistía Internacional en México.
La clase política está "rebasada", y la acción de las autoridades "es tardía y lenta, ante la protesta violenta al final de las manifestaciones".
Una duda se cierne sobre las protestas: "¿El Gobierno no es capaz o no quiere detenerlos?, no lo sabemos; pero los extremistas no forman parte del movimiento ciudadano, porque contaminan la empatía de la gente", dijo el directivo del organismo con sede en Londres.
