Organismos humanitarios rechazaron el plan de 10 acciones anunciado la víspera por el presidente Enrique Peña contra el crimen, la corrupción y la pobreza y diseñado como respuesta a la crisis política por la desaparición de 43 estudiantes rurales hace dos meses.
"Lamentamos que el anuncio no esté centrado en erradicar la grave problemática de la desaparición forzada de personas", plantearon ocho organizaciones que dan auxilio legal a los familiares de los estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de maestros de Ayotzinapa, del estado de Guerrero (sur).
En vista de la magnitud de la tragedia de las más de 23.600 desapariciones registradas desde 2007, los organismos reprocharon que el presidente "omitiera incluir medidas inmediatas y emergentes, en el ámbito de la justicia, para garantizar que en todas las desapariciones denunciadas haya justicia y verdad".
Los organismos civiles indicaron que durante este año 2014 han ocurrido casi 5.000 desapariciones forzadas, la cifra más alta registrada desde 2007.
Los organismos defensores de los derechos humanos exigieron que el contenido del nuevo Sistema Nacional de Búsqueda anunciado por el Presidente "sea consensuado con las organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos que por años han denunciado esta práctica".
Las organizaciones civiles recordaron que no es la primera vez que Peña anuncia acciones de búsqueda, como el plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, presentado el 9 de julio de 2014, con un dispositivo de búsqueda urgente y un registro único de fosas comunes, entre otros.
Ese plan anterior "no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para responder con acciones de búsqueda inmediata", por eso el nuevo plan "no implica novedad ni avance cualitativo alguno", plantearon las ONG.
La respuesta al Presidente está en el análisis de las 10 acciones de los organismos humanitarios, encabezados por el jesuita Centro de DDHH Miguel Agustín Pro y el Centro de DDHH de la Montaña, Tlachinollan (nombre del antiguo reino aborigen de las montañas de Guerrero).
El mandatario enviará el lunes al Congreso las iniciativas de reforma constitucional sobre la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.
Los organismos lamentaron que para diseñar ese proyecto no hubo "ningún procedimiento de consulta para construir la propuesta con quienes por años han denunciado el aumento exponencial de las desapariciones en México", ni consulta a las familias de las víctimas.
Las organizaciones exigieron que la iniciativa sea consultada por el Gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH de la OEA) con base en el acuerdo firmado por el Estado mexicano para el caso Ayotzinapa.
Finalmente, lamentaron la ausencia de nuevas acciones de la procuraduría de justicia para profundizar en la búsqueda de los estudiantes, quienes, de acuerdo con las pesquisas, habrían sido asesinados, sus restos quemados y lanzados en ocho bolsas a un río, de las cuales se rescataron dos, que han sido enviadas a Austria para su identificación.
Los otros seis centros firmantes son el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro de Análisis e Investigación Fundar, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, la Asociadas por lo Justo, y la Misión para Migrantes y Refugiados.
