El líder del partido Likud en el Parlamento israelí, Yariv Levin, ha presentado hoy un plan que contiene ocho puntos para contrarrestar “la ola de terror” que vive Israel y que pretende ser una ley temporal para castigar a los “terroristas, sus familias y los que los apoyan”.
Levin, que asegura haber formulado el proyecto a instancias del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que la ley dará a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para crear una “contención real”.
El plan estipula que los palestinos de Israel o árabes israelíes que participen o cooperen en ataques perderán su ciudadanía automáticamente.
En el caso de que sean palestinos de los territorios de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) con residencia en Israel o palestinos de Jerusalén este con residencia, la perderán. Cuando cumplan su condena en la cárcel serán deportados de Israel.
Los que mueran mientras intentaban cometer un ataque o los maten tras cometerlo no tendrán funeral, sus cuerpos no serán transferidos a sus familias y serán enterrados en un lugar desconocido al que los familiares no podrán tener acceso.
Las casas de los que cometan ataques serán demolidas en las 24 horas posteriores al atentado.
Los que lanzan piedras e incitan “al terror y la violencia” y participan en protestas ilegales en las que se arrojan petardos o cócteles caseros serán arrestados y permanecerán bajo custodia policial hasta que se complete el proceso judicial contra ellos.
Las mismas medidas se aplicarán a los que lleven “banderas enemigas” en las protestas, incluida la bandera palestina. Cualquier persona que sea encarcelada por estos motivos perderá sus beneficios sociales y su carné de conducir durante diez años.
Las familias de los que cometan ataques perderán su ciudadanía y serán deportados a Gaza si expresan apoyo a los actos cometidos por sus parientes. Se entenderá como apoyo cualquier declaración manifestada en los medios de comunicación o en las redes sociales.
La ley incluye una cláusula que establece el cierre de los comercios y empresas que impriman carteles en los que aparecen los autores de ataques o en los que se les apoya.
Los comercios tendrán derecho a solicitar a la policía informes sobre empleados para saber si en el pasado han cometido algún delito y si lo han hecho, tendrán derecho a despedirlo.
