El presidente de México, Enrique Peña, firmará el jueves 27 de noviembre un Plan de Legalidad con el Congreso y el Poder Judicial contra la infiltración del crimen organizado en el gobierno, como la que causó la tragedia de 43 estudiantes desaparecidos hace dos meses.
Desaparición de estudiantes en México >>
El mandatario anunció este martes las próximas "acciones de fondo que convocan a un esfuerzo colectivo del Congreso y de la sociedad, para encontrar la mejor ruta que impida que se repitan los eventos o condiciones como las que ocurrieron en Iguala", dijo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En esa ciudad del conflictivo estado de Guerrero, los estudiantes de la escuela rural normal de maestros de Ayotzinapa fueron atacados – y se teme que han sido asesinados, según las pesquisas- por policías confabulados con narcotraficantes, por órdenes del alcalde José Luis Abarca, quien ya fue detenido junto con unos 70 sospechosos.
"No queremos violencia, no queremos que se lastime, no queremos especialmente el crimen organizado que sin duda se ha infiltrado en distintos gobiernos, sobre todo de mayor debilidad", dijo el mandatario mexicano en breves declaraciones, un día antes de que se cumplan dos meses de los ataques de la noche del 26 de septiembre, contra dos autobuses repletos de estudiantes que protestaban por las reformas educativas.
Ese tipo de infiltración de las mafias son eventos que se han visto en los estados de Michoacán y Guerrero , dijo Peña.
"Todo esto nos lleva a ordenar y enmarcar un rumbo que nos permita evitar eventos tan lamentables, como los ocurridos en Iguala y que no se repitan", enfatizó el mandatario en declaraciones a la prensa.
El presidente presentará el jueves el Plan de Legalidad y respeto a los Derechos Humanos, con el respaldo de los tres poderes de la Nación para emprender una profunda reforma del Estado de Derecho, fortalecer a los municipios, concretar el mando único en las policías y nuevos mecanismos de evaluación por parte de la sociedad.
Las coordenadas del plan se desprenden de las invitaciones a los titulares de los Poderes de los Estados Unidos Mexicanos, gobernadores, líderes parlamentarios, presidentes de partidos y dirigentes sociales, que fueron enviadas este martes, para asistir a una ceremonia solemne en el Palacio Nacional.
El histórico Palacio Nacional que será el escenario del nacimiento del nuevo proyecto estratégico ha sido escenario de protestas masivas que convergen en la enorme Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo, algunas con brotes de violencia, con cocteles incendiarios, gases lacrimógenas y una docena de detenidos, acusados de "motín y conspiración", entre ellos un estudiante chileno de doctorado.
Nueva agenda a dos años en la presidencia
El gobierno del presidente Peña termina así los primeros dos años de su mandato de seis, que se cumplen el 2 de diciembre, aceptando en el tope de su agenda el tema de la seguridad nacional, que había relegado para encabezar otras reformas históricas demoradas por décadas, como la apertura a la inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera, las reformas de telecomunicaciones, educativas y de las competencia política.
El nuevo pacto nacional se plantea para reestructurar de raíz el vulnerable Estado de derecho mexicano, la deficiente procuración de justicia y una estructura policial fragmentada en cientos de corporaciones policiacas municipales, estatales y federales, con una caótica coordinación nacional y vulnerables al soborno y la infiltración de delincuentes, sobre todo narcotraficantes.
Otro punto del nuevo pacto nacional que ha sido filtrado a la prensa por sus protagonistas es la creación de un esperado Sistema Nacional Anticorrupción, que fracasaron en impulsar los dos gobiernos centroderecha del Partido Acción Nacional (PAN), que siguieron a la primera alternancia política en siete décadas en México, que llegó en el año 2000.
La movilización de decenas de miles de inconformes y la consternación internacional por tragedia de los 43 estudiantes de la remota escuela de Ayotizinapa, la mayoría de origen humilde e indígena, junto con la incómoda revelación de la existencia de una mansión propiedad de la esposa del mandatario evaluada en cuatro millones de dólares, obligó al mandatario a reformular su agenda estratégica, y encarar los temas relegados de la seguridad y la corrupción.
El diario Excélsior anunció que el mandatario instalará una Comisión de Estado plural integrada por legisladores y representantes de la sociedad civil para desarrollar una reforma constitucional para reforzar el poder de los Estados y municipios para combatir al crimen organizado; y así abolir a grupos de delincuentes infiltrados en las policías.
