Once días después de celebrarse la consulta independentista en Cataluña, la Fiscalía General del Estado ha presentado este mediodía la querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, por delitos de "desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9 de noviembre".
La demanda también afecta a la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau. La primera, por ser la portavoz del Gobierno regional el día de la consulta y, la segunda, por abrir los centros escolares.
La querella, que ha provocado la mayor crisis entre los fiscales españoles en democracia, se presenta once días después de la celebración de la consulta secesionista que prohibió el Tribunal Constitucional.
El pasado 4 de noviembre el Tribunal Constitucional español suspendió esta consulta alternativa, tras admitir a trámite el recurso que presentó el Gobierno del conservador Mariano Rajoy.
Más asumió entonces todas sus responsabilidades y se pusoal frente de esta consulta en la que participaron alrededor de 2,3 millones de catalanes: Una aplastante mayoría votó a favor de la independencia. Más de 5,4 millones de personas estaban llamadas a las urnas, según el censo de 2012.
El portavoz de Convergencia i Unió -la coalición que lidera Mas- en el Congreso de los Diputados de Madrid, Josep Antoni Duran Lleida, señaló nada más conocer la noticia que "Rajoy sabe que la querella lo estropea todo aún más".
En su carta semanal en la web del partido, Duran Lleida insiste en que se ha de intentar por "última vez" un diálogo entre Rajoy y Mas.
Duran cree que ha de ser el presidente español el que llame a Mas. "Se ha de romper el hielo y hablar, hablar, hablar. Si no lo hacen, no habrá acuerdo", escribe el dirigente que no es independentista.
Según el diario La Vanguardia, el motivo de concentrar el peso de la argumentación de la querella en desobediencia grave y prevaricación se debe en que "fueron los que obtuvieron mayor consenso en el debate en la Junta de Fiscales de Sala, donde hubo una gran diversidad de opiniones y matices".
Sobre la acusación de desobediencia, el texto de la querella arguye que la orden de suspensión del Constitucional fue "absoluta, tajante e inequívoca", sin "margen alguno a la duda".
Sin embargo, la presentación de esta querella ha provocado una crisis sin precedentes en el Ministerio Público, tras negarse los fiscales catalanes a rubricarla.
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dijo ayer jueves que era exagerado hablar de magistrados "rebeldes o amotinados", refiriéndose a los fiscales catalanes.
