El presidente Barack Obama anunciará hoy un paquete de medidas que pretenden aliviar la situación de millones de inmigrantes indocumentados.
Lo hará de forma solemne y sin el respaldo de las dos Cámaras, controladas por los Republicanos. Esto es, Obama actuará en solitario, consciente de que cuatro millones de inmigrantes podrían ser deportados en un futuro próximo.
"Todo el mundo sabe que nuestro sistema migratorio está roto", ha comentado el presidente en las redes sociales, "desafortunadamente el Congreso ha permitido que el problema supure demasiado tiempo".
No es la primera vez que el presidente tomará una medida semejante. En 2012 extendió la residencia temporal de varios millones de inmigrantes, muchos de ellos jóvenes que han pasado la mayor parte de su vida en EEUU.
Pero con el Congreso en contra la iniciativa supuso un alivio puntual. Para reformar la ley, o aprobar una reforma sustancial de la existente, necesita al poder legislativo. Los dirigentes republicanos del Congreso ya han advertido de su negativa a negociar cualquier cosa que no sea un endurecimiento de las leyes migratorias. No en vano la inmigración fue uno de sus caballos electorales más recurrentes.
En una carta conjunta los congresistas Bud Goodlatte y Michael McCaul, instan al presidente a "respetar la Constitución y abandonar cualquier acción ejecutiva inconstitucional y unilateral en materia de inmigración. Aseguremos la frontera, hagamos cumplir nuestras leyes de inmigración en el interior de los Estados Unidos y construyamos un amplio consenso para reformarlas, escribieron".
Su reacción no es única ni aislada. Desde diversos foros y tribunas públicas tanto los dirigentes republicanos como numerosos contertulios de emisoras de televisión y radio han acusado al presidente de bordear la incostitucionalidad si actúa a espaldas del Congreso. Aunque tiene las manos atadas, el presidente sí puede, al menos, sacar adelante medidas provisionales, transitorias, que sin entrar en el fondo de la cuestión permitirían al menos facilitar la vida de millones de personas.
Tal y como explicó a esta agencia el pasado mes de julio Marc R. Rosenblum, director adjunto del Instituto de Inmigración, "Obama se encuentra ante una situación muy problemática (…) y tiene la obligación de actuar con urgencia".
Entre los beneficiarios del plan podrían encontrarse los padres sin permiso de residencia de niños estadounidenses. Organizaciones como United We Dream, que defiende a los derechos de muchos ciudadanos amenazados con la deportación, ya han advertido que lucharán contra un previsible recrudecimiento de las leyes por parte de los republicanos, mientras instan al presidente a que use sus poderes ejecutivos.
Según datos ofrecidos por el Migration Policy Institute desde finales de 2001 han sido deportados 3,7 millones de inmigrantes, de los que el 91% eran mexicanos o centroamericanos. Las deportaciones se aceleraron desde 2006. Una generosa porción del electorado hispano, decepcionado por lo que considera un incumplimiento de la palabra presidencial, optó por no votar en las elecciones a las Cámaras.
Los latinos reconocen su creciente poderío económico y demográfico. Así, en Estados como California, tal y como corroboró un reciente estudio de la Universidad del Sur de California, los inmigrantes aportan el 31% del Producto Interior Bruto, casi 650 mil millones de dólares, de los que 130 mil millones se estima que corresponden a los inmigrantes en situación irregular. Dichas cifras no se corresponden, entienden, con un mejor trato por parte de las autoridades federales, y la decisión de Obama de actuar después de los comicios de octubre no sentó bien.
