El Fiscal General del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, anunció hoy que ordenará a los fiscales catalanes presentar esta misma semana una querella contra el presidente catalán Artur Mas y otros dos consejeros por liderar la consulta alternativa independentista del 9 de noviembre.
El Tribunal Constitucional español suspendió esta iniciativa tras admitir a trámite un recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los magistrados catalanes alegaron hace dos días que la querella era improcedente porque no había base jurídica que apoye los delitos de desobediencia o prevaricación.
La tajante negativa catalana provocó una crisis sin precedentes en el Ministerio Público.
Hoy Torres Dulce presidió una maratoniana reunión de casi cinco horas con la cúpula fiscal, un organismo no vinculante que no se reunía desde hacía diez años, para arrancar su aval a la querella contra los promotores de la consulta separatista.
"La Junta de Fiscales de Sala ha expresado su apoyo de forma muy mayoritaria a favor de la ratificación de formular querella por el llamado proceso de participación ciudadana del pasado 9 de noviembre", señala el comunicado oficial.
"En consecuencia, el Ministerio Fiscal emprenderá las acciones legales oportunas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión celebrada hoy", anuncia la nota.
La querella acusará posiblemente a los dirigentes nacionalistas por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, desobediencia, usurpación de funciones y obstrucción de la justicia.
Según el fiscal jefe, la orden de suspensión del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre era "absoluta, tajante e inequívoca", "no dejaba margen alguno a la duda" y "afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado proceso de participación".
Desde Barcelona, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, advirtió hoy al Estado que hará "un ridículo internacional extraordinario" si presenta la querella y lo comparó a un país "tercermundista".
Homs avanzó que el Gobierno catalán ya tiene preparados todos los argumentos jurídicos para su defensa y consideró que la querella "no tiene sentido jurídico ni legal".
El Ejecutivo de Mas esta convencido de que actuó respetando la ley.
Los partidos independentistas denunciaron a la Fiscalía por estar "muy politizada". La izquierda de Iniciativa per Catalunya pidió la dimisión de Torres Dulce y los unionistas de Ciutadans se lamentaron porque la querella llega "demasiado tarde" y no servirá para solucionar el embate independentista.
Unos 2,3 millones de catalanes acudieron a las urnas el 9N, de los 5,4 millones que estaban convocados, según el censo de 2012. De ellos, el 81% apoyó la independencia de la región más rica de España.
