Menos de dos meses después del fracaso del referéndum de Escocia, miles de catalanes acudirán este domingo a las urnas para opinar sobre si quieren o no seguir siendo parte de España.
Después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la consulta del presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, así como otra propuesta alternativa, la Generalitat delegó su organización en las plataformas ciudadanas.
A diferencia de un referéndum, no habrá censo oficial de votantes ni una comisión electoral. Podrán votar todos los mayores de 16 años en cuyo DNI conste que viven en Cataluña.
Más de 40.000 voluntarios y representantes de partidos proconsulta se repartirán entre unos 1.300 colegios abiertos. Cerca de 5,5 millones de personas pueden participar en la votación. Tendrán 11 horas para expresarse, aunque mientras haya colas no se cerrarán los locales habilitados.
Los participantes deberán responder una doble pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" —con dos opciones, 'sí' y 'no'— y quienes voten sí responderán a una cuestión más: "¿Quiere que este Estado sea independiente?".
La Generalitat informará de los datos de participación desde el centro de prensa habilitado en el recinto ferial de Montjuic en tres comparecencias durante la jornada. Se prevé publicar los resultados de la consulta el 10 de noviembre, según ha adelantado Mas.
A sólo unas horas de abrirse las urnas y cuando todo indicaba que se había rebajado el tono de reproche entre el Gobierno español y el catalán, los fiscales estaban investigando la noche del sábado si es delito que el Ejecutivo del presidente Mas ceda instalaciones, locales y escuelas públicas para que se puedan desarrollar las votaciones.
Fuentes fiscales señalaron que si el Gobierno regional desoye la prohibición de "forma flagrante, directa y manifiesta podría existir un delito de desobediencia".
La Asociación Catalana de Municipios (ACM) envió un correo a los ayuntamientos en donde se aseguraba que "ceder las instalaciones municipales no contraviene la suspensión cautelar dictaminada por el Constitucional".
Poco antes de la decisión de la Fiscalía, el presidente español, Mariano Rajoy decía en un acto de su partido que la votación de mañana en Cataluña "se le podrá llamar como se quiera, pero ni es referéndum, ni es consulta ni es nada que se le parezca", dando a entender que su Gobierno se mantendría al margen de la iniciativa catalana.
Desde Extremadura, Rajoy emplazó a Mas a "recuperar la cordura" el mismo lunes.
"No se puede obviar ni la Constitución, ni la soberanía nacional, ni la ley y lo que conviene a partir del lunes es que se recupere la cordura y hablemos dentro del marco constitucional y de la ley para trabajar en mejorar el bienestar de los ciudadanos y atender las preocupaciones del día a día de esos mismos ciudadanos", manifestó.
"Mientras yo sea presidente del Gobierno, la Constitución española se cumplirá, la soberanía nacional estará a salvo y nadie romperá la unidad de España", proclamó Rajoy.
Por su parte, el coordinador general de Convergencia Democrática de Cataluña, Josep Rull, dijo el sábado que "mañana haremos historia" porque ya ha sido "una victoria colectiva haber llegado hasta aquí". El líder del partido de Mas recordó que acudir a las urnas "está dentro de la legalidad y de acuerdo con el principio democrático", a pesar de que esta consulta alternativa fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
