El rey Juan Carlos desoyó las súplicas de cientos de familiares de los desaparecidos españoles de la dictadura de Videla en Argentina, según demuestran documentos reservados a los que ha tenido acceso el diario Público.
Público ha realizado una larga investigación periodística llevada a cabo en España y en Argentina que revela que el rey Juan Carlos, la élite bancaria española, empresarios y funcionarios del Gobierno de Adolfo Suárez financiaron la sangrienta dictadura de los militares argentinos con la firma de millonarios contratos económicos. La información se ha publicado en diferentes capítulos a lo largo de dos semanas.
En el artículo de hoy, el periodista Danilo Albin denuncia que de acuerdo con los archivos confidenciales "fueron muchas las familias de origen español que se dirigieron a Juan Carlos para pedirle que intercediera a favor de sus seres queridos, perdidos en los campos de concentración del régimen militar".
Todos estos documentos se encuentran guardados en la embajada española en Argentina.
"Nos permitimos dirigirnos a Vuestra Majestad por el siguiente problema que nos aqueja. Con fecha 28-10-76, aproximadamente a las 24.00, un grupo de hombres armados vestidos de civil, que dijeron pertenecer a un comando del ejército sin exhibir ningún tipo de identificación, irrumpieron en nuestra vivienda". Es el inicio de una de las cartas enviada el 3 de noviembre de 1978 firmada por los vascos Jesús Ortiz de Murúa y su mujer, Araceli Juana Langarica, quienes pedían auxilio para tratar de salvar a su hija Blanca.
Al mes siguiente, en noviembre de ese año, los monarcas españoles viajaron a Argentina en una visita oficial al régimen de Videla, que por aquel entonces ya acumulaba miles de desapariciones.
Por esas mismas fechas, la embajada española recibía más cartas.
El 10 de noviembre de 1978, Irene Osvald de Bugatti, madre de Roberto Horacio Bugatti -un ingeniero agrónomo que llevaba desaparecido desde el 22 de octubre de 1976-, le hizo llegar una carta al entonces embajador de España en Buenos Aires, Enrique Pérez-Hernández.
"En nuestra desesperación hemos recurrido ya a las más altas autoridades del país, sin ningún resultado positivo", señalaba la mujer. Ante esa dramática situación, Irene suplicaba que la pareja real fuese informada sobre esta situación, "para ver si ellos pueden intervenir ante las autoridades argentinas".
"Deseo aclarar que mi hijo era un funcionario de gobierno que se desempeñaba en su puesto con eficiencia y honestidad, hombre de bien, cristiano, de excelentes condiciones humanas y espirituales y de quien nadie conoce que tuviera ningún tipo de actividad política ni gremial", concluía la mujer.
El 26 de noviembre de 1978, Juan Carlos y Sofía aterrizaban en Buenos Aires, donde fueron declarados "huéspedes de honor", a pesar de que un prestigioso abogado Emilio Mignone, padre de una joven secuestrada por los militares, logró contactar con los asesores del Rey, para pedirles que el monarca no visitar "la Argentina de los vuelos de la muerte y las salas de tortura, ya que se convertiría en un gesto muy positivo para el sangriento régimen" recoge el diario.
De acuerdo con los documentos confidenciales, el Palacio de la Zarzuela se limitaba a informar a los familiares que la petición se pasaba a la Cruz Roja.
