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    Los detenidos en Brasil por el caso Petrobras devolverán 175 millones de reales

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    El empresario brasileño detenido por su implicación en la red de desvío de dinero público a través de la petrolera Petrobras, Alberto Yousseff, deberá abonar 55 millones de reales (22,3 millones de dólares) y todos los bienes adquiridos con su actividad ilegal para poder optar a una reducción de pena, informó este jueves el diario brasileño "O Globo".

    El empresario brasileño detenido por su implicación en la red de desvío de dinero público a través de la petrolera Petrobras, Alberto Yousseff, deberá abonar 55 millones de reales (22,3 millones de dólares) y todos los bienes adquiridos con su actividad ilegal para poder optar a una reducción de pena, informó este jueves el diario brasileño "O Globo".

    La devolución es parte fundamental del acuerdo de colaboración que Yousseff, quien regresó a la cárcel de Curitiba el pasado miércoles tras su ingreso el pasado fin de semana por una afección cardíaca, firmó con la Policía Federal tras su detención en la "Operación Lava Jato", el pasado mes de marzo, al ser considerado uno de los cabecillas de la red de contratos ilegales por medio de la semiestatal Petrobras.

    Por el momento, los detenidos que han decidido colaborar con la Policía Federal, entre los que se encuentra el exdirector de abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, deberán devolver 175 millones de reales (72,3 millones de dólares).

    Solamente el exdirector, quien confesó participar de la red que benefició a políticos del Partido de los Trabajadores (PT) y su aliado el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), deberá abonar más de 70 millones de reales (28,4 millones de dólares). Una parte de ese dinero se encuentra en estos momentos bloqueada en la cuentas bancarias que el directivo corrupto tiene en Suiza.

    Además el ejecutivo de la empresa "Toyo Setal", Julio Camargo, quien también inició sus confesiones a la Policía Federal, deberá entregar alrededor de 40 millones de reales (16,5 millones de dólares) para poder obtener la reducción de su castigo y beneficios penitenciarios.

    Las exigencias del Ministerio Público Federal para las colaboraciones de los detenidos siguen los parámetros de los empleados en procesos judiciales en los Estados Unidos, estos establecen que las empresas implicadas deberán ceder los lucros obtenidos a través de los contratos irregulares y pagar multas por daños morales y, en caso de negar la colaboración, la pena aumentaría.

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