Padres y madres de 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero hace más de un mes, acordaron la noche del miércoles con el presidente de México, Enrique Peña, la firma de diez puntos de acuerdo para seguir buscando a los jóvenes y evitar la impunidad sin importar a quien castigue la ley.
"Acordamos, como ellos (los familiares) que iremos hasta el final de las investigaciones, a dar con los responsables, a aplicar la ley, tope donde tope", dijo Peña en un salón de la residencia presidencial de Los Pinos, frente a la delegación de unos 40 familiares y acompañantes.
Peña firmó un documento de compromisos, luego de cinco horas de una reunión que se prolongó hasta la noche, con familiares de los estudiantes desaparecidos por primera vez desde los ataques de policías y narcotraficantes el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero (200 km al sur)
Los familiares, de origen campesino e indígena, acudieron con abogados, representantes de los compañeros de sus hijos en la Escuela Normal de maestros rurales de Ayotzinapan del estado de Guerrero, y líderes de la sociedad civil
El mandatario, con el cansancio en el rostro y sin corbata, dijo al final de la cita que el diálogo "me ha permitido recoger los sentimientos de cada uno de los familiares, sus expresiones de dolor y de angustia, de consternación y de indignación que personalmente comparto".
"Fue un encuentro en el que tuve oportunidad, durante cinco horas, de escuchar sus preocupaciones, sus inquietudes, el dolor por el que están pasando la incertidumbre por (no) saber el paradero de sus hijos", relató el Presidente expresando sus emociones.
Los padres de familia "me compartieron de esta pena y este dolor –prosiguió el Presidente en un discurso televisado-. Tuve oportunidad de dialogar y expresarles que el Gobierno les acompaña, se solidariza con ellos, asume por igual la indignación y consternación que estos hechos no solo han causado en ellos como familias, sino en toda la sociedad mexicana".
El presidente de México expresó que también está "indignado ante estos hechos, y recogí también la gran impaciencia que hay" por la falta de resultados, expresó.
El Gobierno mexicano, representado por el Presidente, el secretario de Gobernación (Interior) y el Procurado Genera de la República (PGR, fiscal federal) firmaron el documento en el que se comprometió a que "las averiguaciones que se vienen realizando, muy pronto nos permitan determinar el paradero (de los 43 jóvenes) y ampliar la búsqueda para encontrar a los estudiantes hoy desaparecidos".
Los familiares y estudiantes rurales presentaron un pliego petitorio que condujo a negociar y firmar un documento de 10 puntos "en los cuales el gobierno de la República da respuesta y toma acuerdos para dar seguimiento a varios de los temas que son de su mayor preocupación", dijo Peña.
En entre los diez puntos el Presidente destacó cinco: el primero es "fortalecer los esfuerzos de localización con un plan renovado de búsqueda de los estudiantes desaparecidos".
El segundo, establece la creación de una comisión mixta de seguimiento e información, integrada por el gobierno y de los padres de familia, "con el propósito fundamental de mantener cotidianamente informados a los padres de familia del curso se las investigaciones".
Este punto se acordó debido a que los padres expresaron "su inquietud y preocupación ante las varias especulaciones, ante información que ha corrido en diversos medios de comunicación".
Y por esa razón fue creado ese "espacio de encuentro permanente, que permita informarles de manera oportuna y veraz del curso de las investigaciones, y evitar cualquier tipo de especulación", dijo Peña.
El presidente se comprometió, en tercer lugar a "la atención integral y apoyo a las familias" de las seis personas asesinadas y las 20 heridos, de los cuales tres están graves en un hospital.
Otro acuerdo fue, en cuarto lugar, el compromiso de su gobierno para "apoyar a las Escuelas Normales rurales (de maestros) del país, establecer una mesa de trabajo que permita dignificar estos espacios de formación de docentes para las escuelas rurales, e identificar sus necesidades", resumió el jefe del poder Ejecutivo.
Los alumnos denunciaron que son objeto de una "criminalización" de sus organizaciones, y acusados de ser parte de una "reyerta entre pandillas de narcotraficantes".
El Presidente se comprometió a "reconocer que son espacios de formación docente que contribuyen a la formación y a la educación de la niñez", especialmente en las zonas rurales de México.
Finalmente, Peña reiteró en quinto lugar, su "firme compromiso con el Estado de Derecho, y de llevar a profundidad y a fondo las investigaciones. No cabe el más mínimo resquicio para la impunidad", insistió.
Los padres siguen inconformes
Vidulfo Rosales, asesor jurídico de los padres y madres resumió tres grandes ejes acordados: "primero, el rediseño de un plan de búsqueda, con facilidades a los peritos argentinos; crear una comisión mixta de seguimiento, para evitar filtraciones a los medios antes de informar a las víctimas, para no causar dolor agravado", dijo en una segunda conferencia.
El segundo eje de acuerdos es "permitir la llegada de un grupo de expertos extranjeros en investigaciones, en líneas de investigación, en delincuencia organizada, en delitos de servidores públicos y con tecnología de punta para búsqueda", dijo el jurista.
Resumieron su reclamo de víctimas en una frase: "Verdad, justicia y reparación del daño para los ejecutados y lesionados", dijo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero.
La versión de los padres fue menos optimista que la de Enrique Peña: con la firma de compromisos con el Presidente "no nos vamos tranquilos. La confianza se construye con hechos", reclamó.
"Hubo una reacción tardía del Gobierno federal de al menos ocho días", dijo en otra rueda de prensa fuera de la Residencia Presidencial el abogado Rosales, asesor jurídico de las familias.
"No vamos a confiar en el Presidente hasta que no presenten a los alumnos normalistas vivos. Que ya no los busquen en fosas ni en basureros, porque estamos seguros que están vivos", dijo conmovido uno de los padres, Felipe de la Cruz Sandoval.
Al mismo tiempo, reafirmaron que, "mientras no haya resultados de los forenses argentinos (del Equipo Argentino de Antropología Forense que está en México a pedido de las familias) todo lo que dé a conocer la PGR es falso".
"Nos están haciendo creer que encontraron 28 cuerpos en las primeras fosas. Y que ahora encontraron los que hacían falta", esta semana en un basurero de Cocula, que colinda con Iguala. "Si así fuera, ya se pasaron de cuerpos, porque no son solo 43", cuestionó.
"¿No se dan cuenta que el sufrimiento no se negocia y la vidas humanas no tienen precio? –interrogó otro padre-, "primero que aparezcan, antes que recibir dádivas", dijo a su turno Epifanio Carvajal.
"No nos interesa si el Gobernador (de Guerrero, Ángel Aguirre) renunció o no, sino que encontremos a nuestros hijos", reclamó el padre de uno de los desaparecidos Emiliano Navarrete.
Los familiares afirman que han vivido "más de 30 días de infierno, sin dormir, sin comer con heridos en los hospitales".
Los padres denunciaron que "jamás no avisaron de lo que habían encontrado (en las fosas clandestinas). Encuentran otra fosa, pero los estudios dicen lo contrario, ¿y esas personas quienes son, tiene nombres y familias?", interrogó Navarrete.
Criticaron además que "aun con todo el poder del Estado, no encuentran a nuestros muchachos. No confiamos en su gobierno. Se ha alargado la noche y la agonía., pero el Gobierno mexicano no encuentra nada", remató.
