El presidente español Mariano Rajoy denunció hoy en Bruselas al dirigente catalán, Artur Mas, por caminar hacia la "Edad Media" y de querer cambiar un procedimiento por otro "más antidemocrático todavía", en referencia a la consulta alternativa al referéndum soberanista del 9 de noviembre.
El dirigente anuncio también que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos del Estado para que analicen todas las acciones que está realizando el Gobierno catalán para llevar adelante esta consulta alternativa.
Rajoy recalcó que este nuevo proceso no se va a celebrar porque no "cumple con ninguna garantía democrática". En este camino "sin procedentes en España, no existe censo y lo organizan los partidarios de una sola opción (en referencia a los independentistas)".
Y son ellos los que "reparten las urnas, las papeletas y las custodian". Rajoy arremetió contra un Ejecutivo catalán que "elude responsabilidades" y que ha pasado de "un proceso ilegal a un proceso antidemocrático".
Poco antes, la número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría ya adelantaba en Madrid que se está estudiando la impugnación de la nueva consulta secesionista que convocó el dirigente catalán Artur Mas para el 9 de noviembre, como alternativa al referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta calificó de "más antidemocrático" que el anterior el proceso de "participación ciudadana" que propuso el Gobierno regional y que esta mañana refrendó el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que reúne a unas 3.000 entidades catalanas, en una cumbre con Mas en Barcelona.
Según Madrid, "todo parece apuntar a que la Generalitat busca sustituir un procedimiento ilegal por otro todavía más antidemocrático" que pretende "trasladar a los ciudadanos responsabilidades y obligaciones que el mismo Mas no asume por escrito".
Sáenz de Santamaría estimó que se descarga en "los ciudadanos y en todo tipo de funcionarios", una responsabilidad que no tienen. Frente a esta situación, "nuestra obligación es dar a esas personas tranquilidad", señaló la vicepresidenta.
Por ello, el Ejecutivo español está estudiando todas las acciones que desde el Gobierno autónomo se realizan como "las campañas institucionales, la inscripción de voluntarios o la puesta a disposición de locales para votar con el fin de estudiar si pueden impugnarse ante el Tribunal Constitucional".
Barcelona protagonizó esta mañana un nuevo acto de unidad soberanista con una reunión del Gobierno catalán, los partidos políticos y el Pacto por el Derecho a Decidir, que representa a más de 3.000 asociaciones regionales, que acabó con una foto y un comunicado en el que esta entidad se compromete a "trabajar unilateralmente para que el 9 de noviembre signifique una gran movilización" del pueblo catalán.
Partidos políticos y plataformas ciudadanas nacionalistas están preparando también para el 9 de noviembre una masiva recogida de firmas para denunciar ante Europa al Gobierno Rajoy por impedir una votación homologable.
