La ley HB 56, conocida como "Juan Crow", por las terribles leyes de segregación del XIX, ha caído finalmente hecha pedazos.
Sin excesiva publicidad, el Estado ha decidido suspender el último de sus artículos que seguía en pie, aquel que permitía publicar en internet la identidad de los inmigrantes indocumentados con el fin declarado de "avergonzarlos".
Karen Tumlin, del National Inmigration Law Center, comentó a la web Buzzfeed que "No es sólo que el Estado de Alabama haya aceptado que esta era una mala ley, es que además era ilegal y posiblemente anticonstitucional".
Punto y final a una historia iniciada en 2011, cuando al calor de la ley aprobada en Arizona, todavía vigente, el legislativo de Alabama aprobó un texto legal que pretendía, en palabras de sus valedores, "dificultar la vida del inmigrante indocumentado hasta que regresara a su país".
El concepto acuñado era "auto-deportación". Prohibido trabajar sin papeles o incluso buscar trabajo. Prohibido conducir o alquilar una vivienda. Obligatorio que los colegios investiguen la situación migratoria de los estudiantes, etc.
La suma de semejante batería legal fue presentada con alborozo por los teóricos del Tea Party, convencidos de que este y no otro era el camino a seguir para combatir la presencia de indocumentados. "Si esperamos a que el gobierno federal haga algo, nuestra casa arderá hasta los cimientos", dijo entonces el republicano Kerry Rich.
Pronto se comprobó que la ley presentaba demasiados problemas. Legales, pues se sucedieron los recursos que, una y otra vez, ganaban los abogados de los derechos civiles; y diplomáticos, en especial cuando un ejecutivo de Mercedes Benz, firma que mantiene una importante planta en el Estado, fue detenido por la policía al no lograr identificarse correctamente.
Alabama ha hecho un gran esfuerzo para atraer la inversión extranjera. Esposar y conducir al calabozo a los empresarios largamente cortejados no parecía la mejor idea. Además, el sector de la agricultura se vio privado de una parte sustancial de su mano de obra, incapaz por tanto de atender la demanda mientras sus cosechas amenazaban ruina.
Con los jueces y la policía en contra, y la sospecha de que la ley fomentaba la discriminación racial, además de permitir que un sujeto fuera encarcelado mientras se comprobaba su identidad, la HB 56 es ya historia.
Para Tumlin se trata del penúltimo episodio de una corriente inaugurada hace cuatro años, de retórica fieramente conservadora, y que deja paso a otras leyes más permisivas y sensibles con la situación de millones de personas que viven, estudian y trabajan en EE.UU. en situación irregular.
