El ministro británico de Justicia, el conservador Chris Grayling, ha publicado este viernes un plan de reforma de la legislación en Derechos Humanos que puede forzar la salida de Reino Unido del Consejo de Europa si el resto de los miembros se oponen a las nuevas medidas.
“La cooperación internacional es importante en el incierto mundo de hoy, pero no debe ser a costa de la soberanía de nuestro Parlamento y de nuestro país”, ha señalado el ministro.
La polémica y radical propuesta está avalada por el primer ministro David Cameron y formará el eje central del manifiesto electoral ´tory´ en las generales de mayo de 2015.
El plan Grayling gira en torno a la sustitución de la actual legislación en Derechos Humanos, aprobada en 2000, por una “ley Británica de Derechos y Obligaciones” que dejará la última potestad judicial en la materia en el Tribunal Supremo de Reino Unido.
“Nuestra Ley romperá los lazos formales entre los juzgados británicos y el Tribunal Europeo en Derechos Humanos”, ha confirmado el titular de Justicia. En su propuesta, que un futuro gobierno conservador pondrá en efecto, la Corte de Estrasburgo tendrá sus competencias limitadas en Reino Unido a “un ente asesor, capaz de aportar no más que recomendaciones”.
Con el respaldo de Cameron, el euroescéptico ministro de Justicia ha dado ya los primeros pasos hacia una reforma que enfrenta a los conservadores con sus socios en el gobierno, los liberales demócratas, y con la oposición laborista.
La futura ley, ha explicado Grayling, “retendrá los principios de la Convención Europea en Derechos Humanos” e incluirá “limitaciones y salvedades” para restaurar la soberanía del parlamento y el Supremos británicos sobre sentencias dictadas en Estrasburgo.
“No podemos continuar en una situación en que decisiones cruciales sobre cómo gestionamos nuestro país y cómo protegemos a nuestros ciudadanos las adopta el ECHR”, ha señalado en referencia a la Corte Europea en Derechos Humanos.
Reino Unido mantiene un pulso constante con Estrasburgo sobre históricos fallos en casos de extradición de supuestos terroristas o en la más reciente resolución reafirmando el derecho a voto de los presos, que el gobierno y el parlamento británicos se resisten a acatar.
Pero la propuesta anunciada hoy es más profunda de lo anticipado y, de acuerdo con el anterior abogado del Estado, el también conservador Dominic Grieve, “es inmadura e impracticable”. “Dañará la reputación internacional de Reino Unido”, ha denunciado hoy el experto diputado en cuestiones legales.
Un futuro gobierno tory tramitará la nueva ley en paralelo con una negociación con los 47 miembros del Consejo de Europa. “Esperamos que acepten nuestros planes. Pero si no pueden aceptarlos, invocaremos nuestros derechos en el tratado para retirarnos completamente de la Convención”, ha prometido Grayling con la autorización de Cameron.
Una salida de Reino Unido de la carta magna europea, en vigor desde 1953, precipitaría su expulsión de la Unión Europa, según advierten los expertos. El primer ministro se ha comprometido a convocar un referendo en 2017 sobre la continuidad o retirada de la UE si sale victorioso en los comicios del próximo mayo.
