Mientras el fiscal, Robert McCulloch, acumula pruebas, St. Louis celebró ayer el funeral por Michael Brown, el joven de dieciocho años negro que murió acribillado por disparos de un agente de la policía.
Fue una ceremonia multitudinaria, a la que asistieron luminarias del calibre de Spike Lee, el reverendo Jesse Jackson y Martin Luther King III, hijo del mítico líder. En una iglesia saturada de emociones, frente al féretro del joven, se escuchó la voz del reverendo Charles Ewing, tío del finado, que exigió justicia invocando "la sangre" derramada en las calles de América.
A Ewing lo sucedió el reverendo Al Sharpton, polémica figura del movimiento por los derechos civiles, que usó un tono más conciliador, y también de más alcance político. Sharpton se refirió a las continuas denuncias de brutalidad policial, al permanente conflicto entre las fuerzas del orden y la comunidad negra. Y a las acusaciones de que la policía esconde o silencia muchos de los casos polémicos. "Tenemos que cambiar las cosas", dijo, no puede ser que "francotiradores apunten a los manifestantes", ni que "el mundo sea testigo" de la creciente militarización de la policía en EE.UU.
Precisamente la adquisición por parte de los cuerpos de policía local en EE.UU. de los remanentes del ejército, saturados tras las guerras de Irak y Afganistán, ha encendido todas las alarmas. Una policía con armamento pesado que ha provocado incluso la reacción del presidente Obama, que ha ordenado una investigación. Expertos como el periodista Radley Balko, columnista del Washington Post, llevan años avisando sobre el particular. Su último libro, "Rise of the warrior cop: the militarization of America's police forces", explica cómo los disturbios raciales de los sesenta dieron paso a la creación de las unidades SWAT, equipos de fuerzas especiales que hoy en día se usan incluso para tareas policiales de bajo riesgo.
Balko y otros analistas han denunciado repetidamente que tanto la "guerra contra las drogas", promovida por el presidente Nixon, como el clima belicista generado tras el 11-S explicarían la espiral guerrera de una policía percibida con creciente desconfianza, cuando no franca hostilidad, en las zonas más pobres del país, y con un ratio de ciudadanos muertos por sus disparos inédito en Canadá o Europa. Si a eso se le suma que los afroamericanos, siendo un 13% del total de la población, representan el 30% de los reclusos, y que EE.UU. es el país del mundo con más habitantes encarcelados, la mayoría por delitos menores, se comprenden mejor los llamamientos de Al Sharpton en favor de un debate nacional que ponga sobre la mesa el papel de las fuerzas del orden.
