Cuatro presos brasileños murieron como resultado del motín que comenzó este domingo en la cárcel de Cascavel, situada en el estado de Paraná, sur de Brasil.
La información fue confirmada por las autoridades policiales de Paraná, que en la mañana de este lunes retomaron las negociaciones para liberar al funcionario de prisiones y el policía civil retenidos por los presos y poner fin a la rebelión en la Prisión Regional de Cascavel.
Aproximadamente 800 presos participan en este amotinamiento para exigir mejoras en la calidad de los alimentos, la higiene y la infraestructura del presidio, así como para denunciar los supuestos maltratos y abusos cometidos por parte de los funcionarios de prisiones, según informó el Departamento Penitenciario de Paraná.
Varios reos amotinados mostraron desde el tejado varios carteles con las siglas del Primer Comando de la Capital, una organización criminal nacida hace 10 años en las cárceles del estado de São Paulo.
La Secretaría de Justicia afirmó que un total de 149 presos en riesgo de morir fueron trasladados a otras cárceles y que el centro penitenciario sufrió varios daños ocasionados por el fuego y los destrozos que tuvieron lugar durante la rebelión. También admitió que dos de los cuatro presos fallecidos murieron degollados, siendo uno de ellos ex policía, y los otros dos fueron arrojados desde el tejado del presidio. Las autoridades no facilitaron un balance preliminar del número de heridos hasta el momento.
El centro penitenciario de Cascavel tiene capacidad para 1.116 presos y actualmente alberga 1.038 detenidos. Cuando el motín comenzó en la mañana de este domingo, había un total de nueve funcionarios de prisiones encargados de custodiar a los presos.
La población carcelaria de Brasil supera los 550.000 reclusos, lo que sitúa al gigante latinoamericano como el cuarto país con más reos del mundo en términos absolutos por detrás de Estados Unidos, China y Rusia.
En 2013 hubo 282 homicidios en las prisiones brasileñas, es decir, más de una muerte cada dos días, según datos oficiales.
En enero de este año el Gobierno de Brasil reconoció las “sistemáticas violaciones” en las cárceles del país, donde el número de presos supera en un 30% la capacidad carcelaria disponible.
