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    Uruguay niega asilo a tres activistas brasileños

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    Uruguay negó la concesión de asilo a tres activistas brasileños acusados de organizar actos violentos en las manifestaciones y que se encuentran "prófugos de la Justicia", según informó en la madrugada de hoy la diputada regional Janira Rocha, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

    Uruguay negó la concesión de asilo a tres activistas brasileños acusados de organizar actos violentos en las manifestaciones y que se encuentran "prófugos de la Justicia", según informó en la madrugada de hoy la diputada regional Janira Rocha, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

    Los tres activistas son la abogada Eloísa Samy, considerada por la policía brasileña como una de las cabecillas de un grupo violento que actuaba en las manifestaciones contra el Mundial, David Paixao y Camila Nascimento.

    Tras considerarse "presos políticos" solicitaron ayer, lunes 21, asilo político en el consulado de Uruguay de Río de Janeiro.

    Según explicó la diputada Rocha, la cónsul uruguaya Río de Janeiro, Miriam Fraschini, explicó a los activistas que el Gobierno uruguayo tiene un total respeto por el estado democrático de derecho y el poder judicial brasileño, por lo que entienden que no es justificable la petición de asilo.

    Asimismo, la política explicó que los tres activistas brasileños abandonaron el edificio del consulado y se encuentran aún prófugos de la Justicia.

    Este extremo ha sido negado por los abogados defensores de Samy, Paixao y Nascimento, que afirman que el trío se encuentra todavía dentro de la delegación diplomática de Uruguay en Brasil.

    Los tres están acusados de asociación ilícita para participar en grupos violentos que causaron fuertes enfrentamientos con la policía durante las manifestaciones contrarias a la organización del Mundial y que reclamaban mejoras en la sanidad y en la educación.

    Samy, abogada de profesión, fue detenida en el marco de una operación policial el día antes de la final del Mundial que se celebró en el Maracaná de Río de Janeiro el 13 de julio junto con otros 23 activistas.

    Posteriormente fue liberada con un habeas corpus que tras dos días fue denegado, por lo que pasó a ser considerada "prófuga".

    En un vídeo grabado por ella misma y difundido a través de internet pidió la libertad para todos los detenidos a los que considera "presos políticos" y afirmó que ella misma hoy es una perseguida política".

    Los otros dos activistas no fueron detenidos en el marco de esa operación, pero están perseguidos por la justicia y acusados de los mismos delitos. 

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