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    Tres activistas brasileños piden asilo político a Uruguay

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    Tres activistas brasileños contrarios a la organización del Mundial en el país solicitaron la víspera asilo político en el consulado de Uruguay en Río de Janeiro tras ser acusados de organizar actos violentos en manifestaciones y estar considerados "prófugos" de la Justicia.

    Tres activistas brasileños contrarios a la organización del Mundial en el país solicitaron la víspera asilo político en el consulado de Uruguay en Río de Janeiro tras ser acusados de organizar actos violentos en manifestaciones y estar considerados "prófugos" de la Justicia.

    Los tres activistas son la abogada Eloísa Samy, considerada por la policía brasileña como una de las cabecillas de un grupo violento que actuaba en las manifestaciones contra el Mundial, David Paixao y Camila Nascimento.

    La policía brasileña les considera culpables de un delito de asociación ilícita para organizar actos violentos junto con otras personas durante las manifestaciones.

    Samy fue detenida junto con otras 20 personas en una operación el día antes de la final del Mundial, que se celebró el 13 de julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y en la que la policía, según se ha conocido ayer, intervino bombas caseras y cócteles molotov que, presuntamente, iban a ser utilizados durante una manifestación contraria a la organización del Mundial.

    Posteriormente recibió un "habeas corpus" junto con otros detenidos que fue revocado, por lo que la Justicia reclama su prisión junto con la de otras personas (incluidas Paixao y Nascimento) que actualmente están consideradas prófugas de la justicia.

    La abogada, está considerada como una de las cabecillas del grupo por haber cedido su casa para reuniones, según las informaciones de la policía, y es una habitual en los tribunales de justicia, donde defiende a las personas detenidas en las manifestaciones.

    En un vídeo que ella misma subió a internet pidió la libertad para todos los detenidos a los que considera "presos políticos" y afirmó que ella misma hoy es una perseguida política" ya que se "ha criminalizado" su actuación en "defensa de los derechos de manifestación".

    Además concluyó afirmando que no conoce a algunas de las personas que fueron detenidas junto a ella y que "jamás" cometió "ningún acto que infringiese la ley".

    "Mi único crimen es la firme disposición que adopté para defender la Constitución", enfatiza en el vídeo.

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