Los secretarios generales de los sindicatos españoles Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se han reunido este lunes con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el marco de la campaña de denuncia contra lo que consideran una "ofensiva penal contra el derecho a la huelga y la libertad sindical”. Las organizaciones muestran su preocupación ante "la deriva autoritaria" de los poderes públicos en España.
El encuentro se realiza tras recopilar más de 80 expedientes sancionadores en los que hay implicados cerca de 300 trabajadores y sindicalistas, de los que alrededor de 40 están acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores durante jornadas de huelga, hechos por los que la Fiscalía acumula más de 120 años de prisión en solicitudes de pena ante los juzgados de distintas provincias.
Los sindicatos denuncian la “criminalización” de las huelgas con sentencias que van desde multas a tres años de cárcel. Los trabajadores protestan contra la reciente reforma laboral que hace más barato y más fácil despedirles, que reduce sus salarios y modifica las condiciones laborales. “Se está creando una dinámica con el objetivo de desalentar las movilizaciones de los trabajadores”, asegura Méndez.
Los jueces aplican de manera estricta el punto tercero del artículo 315 del Código Penal, que castiga a quienes coaccionan a otros para iniciar o continuar una huelga. Los sindicatos temen "una acción concertada" de las fiscalías o una instrucción del Fiscal General del Estado y la coincidencia en el tiempo de la utilización de una norma que está en el Código Penal desde 1995 pero que hasta el momento no se había utilizado.
El resultado está siendo espectacular. “Están tratando de dar ejemplo con unos pocos, infundir miedo y desalentar a la gente que participa en las movilizaciones y huelgas. Estamos hablando de un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución Española" agrega Fernández Toxo.
Los secretarios generales ya han puesto esta situación en conocimiento del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a quien el pasado viernes trasladaron su inquietud por "las actuaciones penales desproporcionadas e injustificadas" de la Fiscalía.
Para UGT y CCOO se está aplicando una "restricción desproporcionada" del ejercicio de este derecho, que "durante más de 35 años se ha venido ejerciendo de manera democrática y constitucional por parte de los trabajadores de este país y que se ha caracterizado en todo momento por la ausencia de violencia", explican las dos centrales en un comunicado conjunto.
Toxo y Méndez han trasladado a Gallardón la necesidad de revisar el Código Penal después del "amplio debate social" que ha generado su reforma, en que se ha endurecido la respuesta penal ante cualquier conflicto o situación relacionada con el ejercicio del derecho de manifestación y reunión.
Piden que se reforme la legislación en lo que atañe a los "conflictos de naturaleza estrictamente laboral" como el ejercicio de huelga y actividad sindical. Y exigen que se revise la "inaceptable" regulación del artículo 135.3 de este cuerpo legal.
Ruiz-Gallardón ha negado hoy tajantemente que hubiese algún tipo de instrucción por parte del fiscal general del Estado y ha dicho que aunque la opinión de jueces y fiscales haya resultado coincidente en el tiempo es "fruto de su propia reflexión".
La cuestión adquiere particular importancia, según Toxo, porque “no fue hace tanto tiempo que los trabajadores españoles carecían de las libertades para reclamar sus derechos como trabajadores”.
El ministro Ruiz-Gallardón se ha comprometido durante la reunión estudiar las peticiones de indulto para 3 sentencias de 3 años y un día de prisión a seis sindicalistas por delitos contra los derechos de los trabajadores ocurridos en Pontevedra, Vigo y Granada.
“Hoy era el último día para ingresar libremente a prisión, pero el viernes recibimos la notificación de que se paraliza la entrada hasta que se resolviese el indulto. La última noticia que tengo es que Gallardón había dicho que iba a estudiar nuestro caso y el de otros sindicalistas y activistas en nuestra situación, pero hasta el momento no sabemos nada más”, explica a Nóvosti, Ana Outerelo, una de las sindicalistas gallegas condenadas a 3 años de cárcel.
Outerelo y Tamara Vidal, de 29 años y embarazada de cinco meses, fueron condenadas por tirar pintura a una piscina. Aunque ellas afirman que sólo estuvieron presentes en una concentración. Fue en febrero de 2010, cuando participaron en una protesta en las piscinas de Ponte Muíños (Pontevedra) en el contexto de una huelga para mejorar su convenio colectivo, ya que son profesoras de natación y trabajan en el sector. “Nosotras esperamos que resuelvan el indulto a nuestro favor”, explica Outerelo.
“Para llegar a esta situación –en referencia al indulto- ha influido mucho el apoyo de nuestras familias, de nuestra empresa, de nuestros compañeros, de muchos representantes políticos, de la gente que nos ayudó a conseguir esas miles de firmas, de toda la gente que se sumó a la causa, porque nuestra protesta era por un convenio laboral donde todos estamos implicados. Finalmente también ha sido gracias a los medios de comunicación, que nos abrieron la puerta para denunciar nuestra situación”.
“Quiero que me quiten esta agonía para ver a mi familia tranquila, poder dormir y para que el bebé de Tamara pueda nacer en casa” afirma. Outerelo cree que la pena es “desmesurada”. “Sigo defendiendo –relata a Nóvosti- que no tiré pintura a la piscina, pero esta acción no se merece tres años de cárcel, no estamos hablando de un atentado”.
“Yo lo que quería –concluye- era un convenio para mejorar los derechos laborales. He estado manifestándome con el resto de mis compañeros, alguien ha cometido un atropello y Tamara y yo somos las cabezas de turco”. Las dos creen que “la mitad de los españoles no saben que por estar en una protesta puedes acabar en la cárcel”.
