El paquete de leyes en telecomunicaciones en México para frenar los monopolios en telefonía y televisión, recibió luz verde de las comisiones especializadas del Senado y las 612 páginas del proyecto tienen las condiciones favorables para recibir media sanción la noche del viernes.
Las leyes pondrán en práctica una reforma constitucional aprobada por consenso en 2013, pero enfrenta a los magnates más poderosos del país: Carlos Slim, al frente de un emporio de telefonía, considera que la ley favorece a su rival Emilio Azcárraga, dueño la televisora más poderosa del país.
Slim controla telefonía e internet con América Móvil, y ha diversificado sus inversiones a las finanzas y la energía; y Azcárraga es dueño de la cadena Televisa, con un poder político de larga data, gracias al control de la información, de contenidos, y de la opinión pública mexicana.
El presidente Enrique Peña Nieto, que ha hecho de las reformas estructurales, en este sector y en la energía, el eje de su gobierno iniciado en diciembre de 2012, ha impulsado el proyecto y niega que exista favoritismo por la cadena Televisa, un viejo símbolo de la televisión mexicana.
La aprobación el jueves del proyecto de ley en las comisiones de telecomunicaciones, radio y televisión, y de estudios legislativos, permite a los congresistas someterla con el viento a su favor al pleno del Senado, este viernes, para la media sanción legislativa; y la Cámara de Diputados la recibirá el martes próximo, para la aprobación total del Congreso.
El proyecto fue aprobado por 25 senadores de todos los partidos en el Congreso, y recibió el voto en contra de cinco legisladores de los opositores Acción Nacional (PAN, centroderecha) y de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), partidos que votaron divididos.
MEJORES SERVICIOS A CLIENTES
La reforma constitucional está orientada, en principio, a combatir los monopolios, generar competencia entre las empresas, y ofrecer mejores servicios a los clientes.
Entre los beneficios para los usuarios, destacan los controles a las empresas de telecomunicaciones de Slim: se eliminan todos los cobros de llamadas de larga distancia en telefonía móvil, a partir del 1 de enero de 2015, y se establece una tarifa única.
Además, se elimina la venta exclusiva de aparatos de teléfonos por las compañías, lo que impide ofrecer aparatos de teléfonos en exclusiva a la empresa de telefonía móvil de la empresa de Slim, Telcel.
La ley elimina requisitos actuales para cambiar de compañía de telefonía, permitiendo al usuario mantener el número que pasa a ser propiedad de los clientes.
Las compañías preponderantes como Telcel deberán compartir su red de telefonía con otras compañías en las zonas donde estas no tengan acceso, mediante una cuota por definir.
LAS OBJECIONES
Los diputados que objetan la ley sostienen consideran que es contraria a la reforma constitucional aprobada en 2013, porque “fomenta monopólicas que tendría que evitar”.
El centro de la crítica es que las leyes define la preponderancia de una empresa en el sector de radiodifusión o telecomunicaciones (control de más del 50% del mercado), pero no lo hace al evaluar servicios específicos, como la televisión de paga, cable o satélite, lo que favorece a Televisa y le cierra el camino a Slim en esos medios televisivos.
"En la ley están ausentes medidas para generar mayor competencia, pluralidad y diversidad en los medios de comunicación; y faltan criterios y procedimientos para desconcentrar las frecuencias, y carece de reglas para la propiedad cruzada de medios", dijo a periodistas uno de los senadores disidentes del PAN, Javier Corral, apuntando a los privilegios de Televisa.
Los principales controles se han acentuado en la competencia en la telefonía y en la conversión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en un ente autónomo para supervisar contenidos audiovisuales.
Además, los críticos defienden la privacidad y denuncian el espionaje telefónico, rechazan la localización geográfica en tiempo real de teléfonos celulares; y cuestionan el almacenamiento durante dos años de los registros de las comunicaciones de los usuarios.
El gobierno de Peña considera que el tema de la definición de “preponderancia” en servicios específicos, como la televisión de paga, cable o satélite, es “un falso debate”; y rechaza que optar por definir la preponderancia por sector pueda beneficiar a Televisa en detrimento de Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.
