El Instituto Republicano Internacional (IRI), considerado el brazo internacional del Partido Republicano y financiado por el Gobierno de EEUU, anunció que pone fin a sus actividades en Rusia y retira a su personal de este país debido a las “duras condiciones” de trabajo impuestas a este tipo de entidades por la nueva ley rusa de ONGs.
Según explicó el jefe de la junta directiva del IRI, el senador republicano John McCain, la institución “se tiene que marchar debido a las condiciones de trabajo”, puesto que en Rusia “cualquier organización financiada por parte de EEUU está sometida a todo tipo de restricciones”.
La víspera, el presidente del IRI, Lorne Craner, hizo pública la decisión de cerrar la oficina de Moscú. Según está previsto, la entidad continuará sus actividades relacionadas con Rusia desde la oficina de Varsovia.
El anuncio del IRI se produce pocas semanas después de que otra ONG estadounidense, el Instituto Nacional Democrático (IND, por su sigla en inglés) encabezado por la ex secretaria de Estado, Madeleine Albright, también cerrara la delegación moscovita y trasladara sus actividades a la oficina en Lituania.
Fundados por el Gobierno de EEUU en 1983 para promover y apoyar la democracia en todo el mundo, el IRI y el IND, asociados a los respectivos partidos políticos, se dedican principalmente a realizar programas en materia de democratización y conceder becas. Ambas instituciones llevaban en Rusia varios años y han colaborado con algunos partidos rusos, incluido el oficialista Rusia Unida.
Las ONGs estadounidenses comenzaron a abandonar Rusia después de que el Gobierno del país exigiera el cierre de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), a la que Moscú acusó de intromisión en procesos políticos internos. La entidad se retiró del país tras dos décadas de actividades en las que, según la USAID, se invirtieron unos 2.700 millones de dólares.
El verano pasado, Rusia aprobó una ley que atribuye a las ONGs implicadas en actividades políticas y financiadas desde el exterior la calificación de “agentes extranjeros”, así como impone un mayor control de Estado a estas organizaciones. La polémica norma entró en vigor el pasado 20 de noviembre.
