Las autoridades de Kirguizistán incumplieron su deber de defender a todos los ciudadanos durante los choques étnicos del año pasado, declaró hoy en rueda de prensa en Bishkek el presidente de la comisión internacional de investigación de la tragedia ocurrida en el sur de la república, parlamentario finlandés Kimmo Kiljunen.
“La comisión analizó la responsabilidad política de diversos sujetos e instituciones. Según normas del Derecho Internacional, todo Gobierno asume la responsabilidad de defender a todos los ciudadanos del país. Ese compromiso se incumplió en junio del año pasado al ocurrir los trágicos acontecimientos en la parte sur de Kirguizistán”, dijo Kiljunen, comisionado para Asia Central por la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.
En junio de 2010, en las provincias de Osh y Jalal-Abad de Kirguizistán se produjeron choques entre los kirguises y los uzbecos étnicos que viven allí. Unas 500 personas perecieron, miles recibieron heridas, cerca de 500 mil tuvieron que abandonar sus hogares.
“Los arrestos y los procesos judiciales abiertos a raíz de esos acontecimientos hasta ahora apuntan fundamentalmente contra la minoría uzbeca. El 75% de las víctimas de los choques son uzbecos de nacionalidad y un 80% de los procesados también son uzbecos”, dijo Kiljunen.
Las autoridades emplearon torturas a los presuntos culpables arrojados en prisiones preventivas, afirmó el experto internacional y exigió cesar sin dilaciones la práctica de fabricar arrestos y de aplicar torturas a los detenidos.
