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    Bolivia estos días está siendo amenazada por la confluencia de intereses antidemocráticos de grupos religiosos, paramilitares y militares retirados, que buscan evitar la asunción de mando del nuevo Gobierno liderado por Luis Arce Catacora el próximo 8 de noviembre.

    Mientras el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, afirmó que "el proceso electoral 2020 ha concluido y ha sido plenamente validado", algunos grupos, a los que se unió la iglesia Católica, claman fraude y levantan dudas sobre la limpieza del proceso electoral que dio como ganador al MAS, con una diferencia de más del 20% con respecto a su inmediato seguidor. 

    Esta nueva ola conspirativa contra el retorno democrático es liderada por sectores de la ciudad de Santa Cruz, que ahora exigen frenar la investidura del nuevo presidente y anular las elecciones. Y piden además la intervención de las Fuerzas Armadas, para impedir que el nuevo Gobierno asuma sus cargos.

    La noche del pasado 2 de noviembre, un cabildo de la Unión Juvenil Cruceñista, UJC, determinó desconocer los resultados de las elecciones. Exigen una auditoría "ciudadana, militar y policial", instruyeron el bloqueo de instituciones, anunciaron que realizarán una vigilia ante el Comando de la Policía, y apoyarán al Comité pro Santa Cruz y a las Fuerzas Armadas.

    Pero ahora ya no solo se trata de la UJC, conocida en Bolivia por su violencia y racismo, se suman ahora también algunos militares retirados que piden a la aún presidenta Añez "no dejar que Luis Arce se posesione y que conforme un gobierno Cívico – Militar".

    La presidenta Añez y sus ministros no han salido a dar una respuesta contundente contra esas proclamas, que se pueden caracterizar de sediciosas, y por tanto son delitos, porque seguramente están preocupados porque el Parlamento, que próximamente concluirá su gestión, recomendó iniciar un juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria, por la comisión de hechos ilícitos identificados.

    A este coro antidemocrático, que busca convulsionar Bolivia, se ha sumado la cúpula de la Iglesia católica, que a pesar que el proceso electoral ya concluyó y fue avalado por organismos internacionales, ahora decidió sembrar dudas y pedir la realización de una auditoría externa a las elecciones del 18 de octubre de 2020. 

    Grupos paramilitares y fanáticos religiosos

    El anuncio de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) de dar todo el apoyo a las Fuerzas Armadas "para que puedan hacer lo que vean conveniente con el país" y para que "pongan orden", ha despertado el rechazo de la ciudadanía, que ha procedido a desbloquear las vías ante la ausencia de la Policía para hacerlo. 

    Por otro lado, el grupo llamado Resistencia Cochala, que en los hechos son paramilitares que sembraron violencia el año pasado en la ciudad de Cochabamba, ahora cree que los bolivianos fueron embrujados para que votaran por el MAS, y celebran actos públicos de "desembrujo" del carnet de votante. 

    Es hasta anecdótico observar en redes sociales como Facebook las imágenes de grupos de personas arrodilladas, orando, suplicando a su dios una irrupción antidemocrática, clamando por un golpe de Estado. 

    En esa misma ciudad de Cochabamba un grupo de gente intentó tomar instalaciones policiales y pidieron que se amotine la Policía y que las Fuerzas Armadas tomen el poder, hecho que llevó a la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a pedir a la Fiscalía actuar contra estas acciones que pueden considerarse sedición. 

    En la ciudad de La Paz unos grupos llamados "plataformas" —poco numéricas por cierto, pero con mucha prensa, protestan a las puertas del Tribunal Supremo Electoral exigiendo una auditoría a las elecciones. 

    El discurso vacío de argumentos políticos de algunos líderes es colmado y manipulado por el fanatismo religioso que no discute propuestas sociales, menos económicas, solo utilizan la oración y los ruegos a dios para que ponga a las Fuerzas Armadas en el Gobierno. 

    Las iglesias evangélicas en Bolivia están por doquier y hacen política a diestra y siniestra. Tanto Luis Fernando Camacho, como Jeanine Añez y el excandidato coreano Chi Hyun Chung, han hecho suficientes demostraciones de su fanatismo religioso, incluso pasando sobre la Constitución política de Bolivia, que declara en el artículo cuarto que "El Estado es independiente de la religión".

    Ánimos caldeados por cambios en reglamentos del Parlamento 

    La oposición al MAS protestó por un cambio que hizo la Asamblea Plurinacional a un reglamento que, a decir de los expertos, no contraviene la Constitución política del Estado. Se trata de una modificación del reglamento de debates en la Cámara de Diputados y de Senadores, para aprobar algunas decisiones con mayoría absoluta y no por dos tercios, como estaba establecido. 

    El presidente del colegio de abogados de Santa Cruz, Julio Eguez, indicó que los parlamentarios del MAS hicieron una modificación de los reglamentos, pero que no han violado la Constitución y que esos actos se enmarcan dentro de la Carta Magna. 

    El abogado Eguez afirmó que no se ha cambiado la Constitución, que, para elegir autoridades como el procurador, el contralor, sigue vigente la Constitución, misma que define que se necesitan 2/3 en el Parlamento para dichos actos. 

    No obstante, este hecho ahora es utilizado como excusa para las protestas callejeras y amenazas que tienen lugar los días previos a la llegada de las delegaciones internacionales que asistirán al acto de investidura del nuevo Gobierno.

    La iglesia católica boliviana hace política 

    La cúpula de la iglesia católica boliviana no tiene precisamente la mejor historia respecto a sus actos en hechos políticos del país, y ahora, siendo consecuente con esa conducta, se suman a las voces que generan inestabilidad.

    Estos días previos a la toma de posesión del nuevo Gobierno electo, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Ricardo Centellas, no dejó pasar la oportunidad de echar leña al fuego de la política boliviana, cuando indicó que los cambios al reglamento del Parlamento "no son signos que dan esperanza". 

    Pero esta posición política del líder católico ya no es de extrañar, pues ahora se sabe con más detalle del rol clave que jugó la cúpula de la iglesia católica boliviana en la ruptura democrática de noviembre de 2019. 

    Fue esa institución quien convocó a ciertos actores, elegidos a dedo, para la organización de un nuevo Gobierno en Bolivia, los días 10 al 11 de noviembre de 2019. Esto ha sido revelado por el propio director de una organización clave de la iglesia católica como es la fundación Jubileo en Bolivia. 

    Por cierto, monseñor Ricardo Centellas en los días convulsos de noviembre de 2019, previo a la renuncia de Evo, se sumó a las voces que pedía su dimisión cuando dijo que "muestre su respeto por Bolivia y Potosí, renuncie para pacificar el país y asuma su responsabilidad por el fraude electoral y no siga provocando mayor incertidumbre".

    Este año, los días previos a las elecciones del 18 de octubre de 2020, monseñor Centellas le hizo un guiño a los opositores del MAS cuando opinó que en las últimas décadas la democracia ha sido debilitada y que estas elecciones eran "una oportunidad de consolidarla", y expresó que "no hay que pensar tanto en nombres, en personas, sino en la gobernabilidad del país". 

    Esta cúpula religiosa sabe que la fe y las creencias deberían mantenerse al margen de la política, pero hace caso omiso de ello y es desbordada por su rechazo a un gobierno democrático liderado por Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca.

    En los hechos actúan como un partido político y manipulan a sus feligreses para promover sus apegos ideológicos.

    La bota militar en apronte

    En este escenario, hay que recordar que en julio pasado hubo un conflicto muy serio entre el Gobierno y el Parlamento, debido a que el Parlamento hizo observaciones, que no fueron subsanadas, a las listas de ascenso a generales del Ejército propuesta por la presidenta transitoria Jeanine Añez. 

    Ante esta situación, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Sergio Orellana, en un acto de insubordinación, exigió a los senadores que aprobaran en un plazo máximo de una semana la lista de ascensos que el Gobierno envió a la Asamblea.

    En dicha ocasión el general Orellana se presentó frente al Parlamento boliviano vistiendo traje de combate, acto que no generó ni un mínimo reproche del Gobierno de Añez.

    A través de Twitter la presidenta del Senado boliviano, Eva Copa, dijo que "De consumarse el hecho de efectuar ascensos a generales de las FFAA utilizando alguna maniobra jurídica (Decreto sin ratificación del Senado) se pondrá en evidencia que este Gobierno es de Facto, hostil al sistema democrático en Bolivia y con acciones propias de una dictadura".

    Contra lo establecido en la Constitución boliviana, el gobierno de Añez ascendió a generales del Ejército y la Policía. Este hecho es importante de tomar en cuenta en la actual coyuntura antidemocrática, pues en las filas del Ejército hay generales que no obtuvieron tal grado de manera legal y seguramente están preocupados por el retorno de Bolivia a la senda democrática. 

    Este es un factor no menor que ahora hace temer que estos días previos a la posesión del nuevo presidente, algunos militares pudieran prestarse a una aventura golpista. 

    El pueblo boliviano ha sabido resistir estoicamente este año la humillación, el desfalco y la vergüenza por tener un desgobierno, que busca quedar impune. Ahora se suman otros frentes minoritarios, pero con poder mediático y tal vez militar, que buscan una aventura golpista.

    Esta será una semana tensa para la democracia boliviana, pero a diferencia de otros momentos históricos, el pueblo boliviano ya expresó abrumadoramente su decisión democrática y no permitirá un retroceso.

    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

    Etiquetas:
    manifestaciones de protesta, protestas, Bolivia, elecciones
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