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    Una buena parte de España tiembla de preocupación ante el incierto futuro que se abre para la monarquía borbónica, después de hacerse público que la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al rey emérito Juan Carlos por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

    La Fiscalía Anticorrupción llevaba dos años indagando el presunto pago a Juan Carlos de comisiones millonarias por la adjudicación del contrato para construir un tren de alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina. Pero ahora el órgano fiscal superior ha asumido las diligencias de esa espinosa investigación por indicación de la fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, quien entendió que es esa la instancia que debe incidir en el caso dado que el monarca es persona aforada, es decir, que solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. 

    La familia real española
    © AP Photo / Gabriel Bouys/Pool
    Juan Carlos es aforado desde el 19 de junio de 2014 cuando abdicó del trono en favor de su hijo y actual rey, Felipe. Hasta esa fecha era inimputable, en otras palabras, inmune al poder de la justicia. Este blindaje legal está recogido en el artículo 56.3 de la Constitución española, que sostiene que la persona del Rey de España es "inviolable y no está sujeta a responsabilidad" mientras ostente el cargo de jefe del Estado. 

    Tras su abdicación, a Juan Carlos y a su esposa Sofía se les incluyó como aforados, una ventaja procesal que también disfrutan nada menos que otras 10.000 personas en España, entre diputados, senadores, miembros del Gobierno y de la cúpula judicial.

    Dinero saudí para la amante

    Las investigaciones confidenciales apuntan a que el rey emérito ocultó al fisco español importantes sumas de dinero mediante testaferros y en entidades opacas extranjeras. Según publicó el pasado 3 de marzo el diario suizo Tribune de Genève, el monarca recibió en agosto de 2008 —en plena crisis económica española— 100 millones de dólares en una cuenta de la banca privada suiza Mirabaud.

    La transferencia procedía del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá. La cuenta estaba a nombre de la Fundación Lucum, una entidad panameña de la que Juan Carlos —quien cumplió 82 años en enero— era el único beneficiario. Durante varios años fue retirando dinero de esa cuenta hasta que en 2012 la cantidad que todavía quedaba, unos 65 millones de euros, le fue donada a su antigua amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El dinero quedó en la filial en las Bahamas de otro banco ginebrino. 

    Corinna, una danesa de 56 años que obtuvo el título de princesa al casarse con un aristócrata alemán, afirmó que el rey escondía dinero fuera de su patria y particularmente en Suiza, y que él había reclamado una comisión sobre el contrato del tren de alta velocidad saudí otorgado a un consorcio de empresas españolas. En 2011 España superó a Francia en la concesión del contrato valorado en más de 6.000 millones de euros, gracias a una rebaja del 30% en el último momento. Corina hizo estas confesiones en conversaciones grabadas en 2015, aparentemente sin su permiso, por José Villarejo, un excomisario de policía con pocos escrúpulos y reconvertido en investigador privado.

    Renuncia tras los escándalos

    Los saudíes insisten en que los 100 millones fueron solo un espléndido regalo. Sin embargo, la banca Mirabaud empezó a incomodarse en 2012 cuando la reputación de su cliente se quebró del todo al descubrirse que se rompió una cadera cazando elefantes en 2012 en África con su entrañable amiga Corinna. Este enorme error de cálculo minó todo el legado histórico de Juan Carlos y puso en el punto de mira a la monarquía. Así se entiende que renunciara al trono dos años después. 

    Felipe VI, el rey de España
    © REUTERS / Juan Medina
    La investigación suiza tropezó con la ilógica de las fechas porque la licitación de las obras saudíes empezó en 2009, un año antes de la entrega de los 100 millones. Si fuera un delito de corrupción, ¿no habrían sido los españoles los que habrían sobornado a los saudíes y no al revés? En cualquier caso, la bomba no era esa circunstancia sino la enorme cantidad de dinero que poseía Juan Carlos en Suiza, un comportamiento considerado como inmoral e intolerable por muchos de sus compatriotas empobrecidos y en el paro a consecuencia de la crisis. 

    La segunda parte de este follón llegó en plena pandemia y ya decretado estado de alarma. Otro periódico extranjero, esta vez el inglés The Telegragh, publicó el 14 de marzo que Felipe VI era también beneficiario de la citada Fundación Lucum. Para mantener su prestigio y el de la corona, tremendamente dañados, Felipe anunció, un día después de la noticia, que renunciaba a la herencia que le pudiera pertenecer por parte de su padre, y que, además, le cortaba la asignación presupuestaria personal que supera los 194.000 euros anuales.  

    En manos de la Fiscalía

    Los fiscales decidirán si actúan o no contra Juan Carlos I, pero el mero hecho de que ya se le investigue por corrupción, como si fuera otro mortal más, evidencia el grado de ruptura de la sociedad española hacia la persona que dirigió la Transición a la democracia tras la muerte de Franco en 1975. España ya no es juancarlista. De hecho, cada vez es más republicana y menos monárquica. Y no solo por una cuestión generacional.

    "El asunto es complicado penalmente, pero históricamente Juan Carlos quedará muy mal parado. La infamia ya es un castigo. Hay gente que piensa que tendrá que exiliarse. Como hizo su abuelo Alfonso XIII, aunque por otras razones. Existen cuatro investigaciones en marcha; se trata de una trama oculta y corrupta con una mujer fatal dedicada a la venganza. Para su imagen y para la de su hijo todo esto es una catástrofe". Así piensa el periodista y escritor Fernando Jáuregui, a punto de sacar un libro titulado La Ruptura que precisamente toca estos finos palos. 

    Jáuregui también cree que "alguien no lo está haciendo bien" en Palacio de La Zarzuela, residencia oficial de los reyes de España. 

    Este escándalo de gran alcance ha alentado a aquellos grupos que pretenden un cambio de régimen y que se instaure la república como forma de Estado. Dentro del Gobierno de coalición, la formación de extrema izquierda Unidas Podemos siente muy pocas simpatías por la monarquía y ya ha solicitado que se abra una comisión de investigación en el Parlamento nacional sobre los oscuros negocios del rey emérito. 

    No es la única fuerza que quiere hacerlo. Como apostilla Jáuregui, España se encuentra "en un momento de extrema debilidad", pues a la crisis sanitaria y económica se está sumando la monárquica-institucional en medio de un clima político más convulso y crispado que antes.

    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

    Etiquetas:
    Felipe VI, Juan Carlos I, investigación, corrupción, crisis, monarquía, España
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