La última manifestación se produjo el pasado domingo 17 de mayo en los aledaños del Palacio del Planalto, sede de la Presidencia brasileña en Brasilia. Antes de que llegara el populista jefe del Estado, los servicios de seguridad pidieron a los simpatizantes que retiraran las banderas que atacaban al Parlamento y al Supremo Tribunal Federal (STF).
El dirigente ultranacionalista llegó arropado por 11 ministros para darse un baño de multitudes. Era la tercera manifestación de esas características. Brasil ya ha superado a Italia y España en número de contagios. Los centros sanitarios de Sao Paulo, epicentro de la epidemia en el país, están al 90% de su ocupación y colapsarán a ese ritmo en quince días. Bolsonaro llevaba mascarilla, pero dejó pronto de respetar las medidas de distanciamiento social porque tomó en brazos a dos niños.
Crisis sanitaria, política...
La nación más grande y poblada de Latinoamérica está inmersa no sólo en una crisis sanitaria singular, sino también política, institucional y económica. Las previsiones adelantan una caída del Producto Interior Bruto del 5,2% para este año, lo que implicará el desplome de la producción y el empleo.
Bolsonaro ya ha destituido en algo más de un mes a dos ministros de Sanidad. El primero defendía el confinamiento. El segundo duró 28 días en el cargo. El presidente sigue ignorando los consejos de la comunidad científica, dando alas a los elementos más radicales.
El negacionismo y una caótica gestión administrativa agravaron los efectos de la enfermedad a la que primeramente calificó de "gripecilla" sin importancia. El colapso de las unidades hospitalarias de cuidados intensivos podría ser la puntilla para el Ejecutivo federal, cada vez más impopular y aislado.
En una tribuna publicada el 14 de mayo en el diario paulista O Estado, Mourão escribía lo siguiente: "Ningún país viene causando tanto daño a sí mismo como Brasil. Esta destrucción institucional ya ocurría, pero ahora está en el umbral de la insensatez, llevando al país al caos".
Su alarmista mensaje puede ser interpretado como un llamamiento al diálogo entre los tres poderes, pero también como una justificación a una intervención armada si se agravara la situación. ¿Ruido de sables? ¿Autogolpe? El puñetazo en la mesa como última solución planea sobre un Gobierno donde 9 de sus 22 ministros son militares o lo fueron.
Los actos masivos
Hace un mes, el domingo 19 de abril, Bolsonaro se presentó de improviso en un acto masivo convocado contra la cuarentena, donde sus partidarios se hicieron claros llamamientos favorables a un golpe de Estado de los militares. La presencia del presidente cohesionó a sus partidarios —las iglesias evangélicas, los madereros, el sector minero y agropecuario—, pero también incomodó, y mucho, al estamento castrense, estigmatizado por los pecados del pasado.
Aquella manifestación de abril fue una provocación de libro, una conducta bastante común de Bolsonaro, un excapitán reconvertido en político parlamentario que sigue soñando, desgraciadamente, con el autoritarismo de antaño y la dictadura militar que en Brasil acabó en 1985 tras dos décadas.
Exministros contra el presidente
Seis exministros de Defensa firmaron una nota de rechazo a los grupos antidemocráticos que defienden que el Ejército se aparte de sus atribuciones constitucionales y protagonice una asonada, cerrando el Congreso y el Tribunal Supremo y tomando las riendas.
A finales de abril, el presidente perdió a su ministro-estrella, el magistrado Sergio Moro, quien dimitió como responsable de Justicia, después de denunciar "injerencias políticas" insoportables en sus planes para acabar con la corrupción. Bolsonaro le tachó de ególatra, oportunista e insubordinado. ¿Les suena esa reacción tan intempestiva?
El Ejecutivo de Brasilia lleva meses haciendo aguas. Los choques son cada vez más evidentes y agudos. La pandemia los ha exacerbado. ¿Se hundirá el barco? Moro ha presentado pruebas en las pesquisas abiertas por el Supremo Tribunal Federal contra su antiguo superior.
Si prosperara el caso, el jefe del Estado sería acusado de coacción y obstrucción a la justicia, un escenario muy peligroso para su futuro. El líder del Congreso tendría razones de peso para iniciar los procedimientos de un juicio político contra el presidente. No lo ha hecho todavía quizás porque el equipo de Bolsonaro negocia prebendas y nombramientos públicos con un buen número de diputados para que no prospere la votación de destitución que necesitaría los dos tercios de los parlamentarios.