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    El Tribunal Supremo de Estados Unidos está examinando un caso potencialmente explosivo: la difusión o no de las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump. El veredicto llegará a principios de verano y tendrá, sin duda, consecuencias dramáticas.

    Desde hace más de una semana, la mayor autoridad judicial norteamericana teletrabaja por culpa de la pandemia del maldito coronavirus que ha puesto en cuarentena a todo el planeta. Los nueve magistrados que integran el tribunal ya escucharon los argumentos de ambas partes. Por un lado, los abogados de Trump; por otro, los miembros de tres comités de la Cámara de Representantes, más el fiscal de un estado. 

    Cuando Trump se postuló para la Presidencia allá por el año 2016, rompió una tradición política pues se negó a divulgar sus declaraciones fiscales. Adujo entonces que estaba pasando una auditoría, lo que de hecho no habría impedido la divulgación de los papeles. Prometió hacerlo a su debido tiempo, pero no fue así. Mintió. 

    Los demócratas insisten en la pesquisa

    Los demócratas, que controlan la cámara baja del Congreso, quieren acceder a las declaraciones de impuestos, registros bancarios e informes financieros del presidente republicano, para ver si está violando las garantías constitucionales y las leyes federales sobre conducta ética al beneficiarse financieramente de su privilegiada posición en la Casa Blanca en favor de su imperio comercial. La solicitud de información va dirigida en concreto a los bancos Deutsche Bank y Capital One, y a la empresa de contabilidad Mazars USA.

    Por su lado, el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance Jr, quiere conocer más detalles sobre los pagos que hizo Trump a mujeres que le reclamaban cuentas pendientes, y si esas sumas de dinero realizadas en secreto implicarían la falsificación de registros comerciales. 

    Los abogados de Trump sostienen que el presidente no está obligado a divulgar esos datos, que es inmune a los delitos mientras está en el cargo y que el Congreso está tratando de limitar su poder. Dicen que las demandas interpuestas son invasivas, ilegítimas y que están políticamente motivadas. Hasta ahora sus argumentos no han convencido a los tribunales; por eso, han llegado a apelar a la máxima instancia. 

    En la corte de apelaciones de Nueva York, en octubre pasado, uno de sus letrados llegó al extremo de decir que el presidente no podría ser procesado por las autoridades locales incluso si cumpliera su famosa idea de pegarle un tiro a alguien en la Quinta Avenida, la calle más popular de la Gran Manzana, para ver si eso menguaba su apoyo electoral.

    ¿Inmunidad absoluta?

    La estrategia de su equipo jurídico deja estupefacto a cualquiera porque implica que Trump goza de inmunidad absoluta y está por encima de la ley, al contrario que cualquier ciudadano compatriota suyo. En ese marco teórico, las autoridades judiciales o políticas no pueden investigar nada que afecte a sus asuntos privados, incluido pagar a actrices pornográficas, simplemente porque él es quien es. El escudo legal no eso sólo personal, sino que también protege sus negocios e inversiones que ahora, temporalmente, están en manos de un fideicomiso dirigido por sus dos hijos mayores y por su contable de toda la vida. 

    Según el escritor y periodista Timothy O'Brien, es comprensible que el actual presidente norteamericano no quiera entregar esa información a la opinión pública. 

    O'Brien es el autor de una biografía sobre Trump titulada TrumpNation: The Art of Being the Donald ('TrumpNación: El arte de ser Donald') que apareció en las librerías allá por 2005. El libro explicaba que la fortuna real de Trump ascendía, entonces, a 250 millones de dólares, a pesar de que él mismo siempre decía que alcanzaba los miles de millones, forjándose así una reputación sobre su patrimonio que le hizo muy popular.

    Cuando Trump le llevó a juicio por difamación en 2006, una demanda desestimada en 2011, el millonario inmobiliario se resistió a publicar sus declaraciones de impuestos y otros registros financieros, algo que era práctica habitual desde que lo hiciera por primera vez Richard Nixon en 1968, aunque no sea necesario legalmente. 

    "Mis abogados obtuvieron las declaraciones de la renta —ha escrito O'Brien en una columna publicada en Bloomberg News, donde suele escribir—, y aunque no puedo revelar los detalles, imagino que Trump duda en publicarlas ahora porque revelarán cuán sólidos son realmente sus negocios y arrojarán luz sobre algunas de sus fuentes de ingresos extranjeras". 

    Pruebas, delitos...

    Eso significa que son documentos potencialmente comprometedores que pueden dar al traste con su carrera hacia la reelección presidencial. Y, lo que es peor para él, pueden ser la llave que abra la caja de Pandora, y convertirse en las pruebas necesarias para que sea procesado por una variedad de delitos, incluido el fraude financiero, si perdiera los comicios de noviembre de este año. Su inmunidad terminaría en el momento en que Joe Biden, el candidato demócrata, jurara como presidente en enero de 2021.

    "El caso es potencialmente una amenaza existencial para Trump. Es un hombre desesperado que huye un paso por delante de la ley", opina el escritor y exasistente de Clinton, Sidney Blumenthal, citado por el diario británico The Guardian.

    En 1974, el Tribunal Supremo de Estados Unidos votó unánimemente en favor de exigir a Nixon que entregara las cintas de la Casa Blanca al fiscal especial del caso Watergate. Esas grabaciones precipitaron su dimisión. En 1997, también por unanimidad, los jueces permitieron que siguiera su curso una demanda por abuso sexual contra Bill Clinton, quien poco después se enfrentó a un proceso de "impeachment" o juicio político. 

    Si los magistrados —donde los 'conservadores' tienen una mayoría de 5 a 4 frente a los 'progresistas'— dan la razón a las tesis de Trump, el poder presidencial de EEUU se expandirá hasta niveles insospechados, enormes y claramente peligrosos, pues fortalecerán las tendencias autoritarias. También se degradarán la reputación y la independencia del poder judicial hasta convertirlo en un mero instrumento partidista.

    ¿Dónde quedará el equilibrio de poderes? Todo eso será nefasto, y a la postre letal, para el futuro de la democracia estadounidense, ya muy cuestionada de por sí, dentro y fuera de sus fronteras.

    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

    Etiquetas:
    EEUU, elecciones, fraude, fraude fiscal, Donald Trump
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