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    España concreta el plan para iniciar la desescalada gradual del confinamiento (207)
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    El Gobierno de España ha salvado in extremis la cuarta prórroga del estado de alarma, pero a costa de un importante desgaste y un cambio importante en la correlación de las fuerzas políticas dentro del Parlamento.

    Apenas 48 horas antes de la decisiva votación en el Congreso de los Diputados, el líder del Ejecutivo de coalición, el socialista Pedro Sánchez, no reunía el número suficiente de diputados para ampliar 14 días más las medidas de emergencia que llevan en vigor desde las 00.00 horas del domingo 15 de marzo.

    En primer lugar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), uno de los socios de referencia de Sánchez, el grupo nacionalista catalán de izquierdas que le aupó al poder en enero, le retiraba su apoyo parlamentario, argumentando que el estado de alarma supone una "recentralización y militarización" del Estado. En paralelo, la principal formación opositora, el conservador Partido Popular (PP), se desmarcaba también del sí a la prórroga. Los nacionalistas vascos ponían condiciones. Sánchez estaba contra las cuerdas.

    Aplicando la máxima de que la mejor defensa es el ataque, Sánchez chantajeó a Pablo Casado, el líder del PP, diciendo que no tenía un plan B a la prórroga. O eso o el caos, venía a decirle. Le hacía responsable de un nuevo rebrote de la enfermedad si votaba en contra de su decreto-ley.

    Desde la tribuna parlamentaria, por su parte, Casado lanzó un discurso demoledor, pero al final no rompió la baraja: no votó en contra de la extensión de una situación extraordinaria que está hundiendo la economía española a niveles increíbles y limitando la libertad de movimiento de los ciudadanos desde hace más de 50 días.

    El PP decidió abstenerse tras conocer las últimas cesiones del Gobierno, pero, sobre todo, para no acercarse demasiado a las posiciones maximalistas de Vox, el partido de la extrema derecha que muestra una actitud muy hostil hacia la gestión del presidente del Gobierno y más concretamente hacia el vicepresidente Pablo Iglesias, líder de la formación de extrema izquierda Unidas Podemos.

    Aunque Sánchez haya dicho lo contrario, sí existirían alternativas legales para acometer esta nueva fase en la lucha contra la pandemia. Se trata de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud, aprobada en 1986, y la Ley General de Salud Pública, de 2011. La primera contempla la posibilidad de "adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado con los mismos"; la segunda faculta a la "autoridad sanitaria estatal" a "dictar disposiciones" y tendría "facultades para actuar" con el objetivo de "proteger la salud de la población" y, en el caso de "urgente necesidad", podría emplear a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este marco jurídico existente fue esgrimido por el PP y ERC para apartarse del sí.

    Ante el bloqueo con el PP, la Moncloa se puso a negociar contrarreloj para tapar las grietas. Sánchez destacó a su "número dos", la vicepresidenta Carmen Calvo, para acometer esa comprometida tarea. El Gobierno miró hacia la derecha y tendió la mano a Ciudadanos, un pequeño partido de centro. Finalmente, alcanzaron un acuerdo que hacía que cuadraran los números. Ciudadanos ha recobrado protagonismo. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) también votó a favor después de que el Gobierno aceptara su propuesta de que las próximas decisiones de calado se tomarán en conjunto con las autonomías y no unilateralmente, como hasta ahora hacía el Ministerio de Sanidad.

    La votación final en las Cortes Generales arroja una cómoda mayoría para Sánchez (178 síes, 75 noes y 97 abstenciones), pero en realidad ese dato no refleja el limitado poder de maniobra que mantiene su Gobierno dentro del Parlamento. Las negociaciones a toda velocidad han evidenciado una inestabilidad política que se ha hecho crónica. Sánchez bordeó el fracaso y el desastre. Salvó los muebles.

    Todo este agrio debate viene dado porque España es el país más polarizado políticamente de su entorno, es decir, aquel donde los simpatizantes de un partido sienten más antipatía por los de los otros. Esa es la triste conclusión de un análisis publicado en julio de 2019 por la Asociación de Ciencias Políticas del Medio-Oeste en Estados Unidos. Y la pandemia no ha hecho más que agravar esta animadversión que llega al punto de cainismo. No ha aliviado la crispación.

    Lo que subyace dice mucho y poco bueno de este país ibérico. Unos diputados se han opuesto porque ven detrás a España y eso no les gusta (ERC, Junts). Otros, porque ven detrás a Sánchez, que no les gusta nada (PP y Vox). Otros, más trasversales, se han mostrado ofendidos por la falta de libertad de reunión que supone.

    La tesis de la Moncloa es que la desescalada gradual y asimétrica —que comenzó esta misma semana— del confinamiento de ciudadanos y sectores productivos, dirigida por un mando único —el Ministerio de Sanidad—, con manos libres para imponer decisiones y sanciones, requiere obligatoriamente ampliar las medidas extraordinarias hasta el 23 de mayo, incluido.

    Un escenario de desconfinamiento sin estado de alarma no es inviable, pero sí muy complejo, dado el enrevesado mapa político español. Sería necesaria una mayor colaboración entre el Estado central y las 17 comunidades autónomas, donde gobiernan partidos de distinta ideología (9 del PSOE, 5 del PP, y 3 nacionalistas o regionalistas). Esa estrecha cooperación se antoja muy difícil de gestionar en esta "piel de toro" llamada España. Cada autonomía (región) tendría que decidir, de forma unilateral, sus propias normas de control y los límites a la actividad económica. ¿Será mejor la cogobernanza que se ha aprobado?

    Sánchez ha salido más frágil de este trance por su peculiar forma de hacer política: sin consultar previamente sus decisiones y resistirse a negociar. Y en dos semanas volverá a pasar por el mismo trago. En los mentideros de la villa y corte ya se especula con la sustitución de Sánchez por otra persona de calado; suena mucho la ministra de Defensa, Margarita Robles, popular y eficiente. Pero al jefe del Ejecutivo sólo pueden echarle las urnas (mediante unas elecciones anticipadas) o el Parlamento (mediante una moción de censura). Sánchez tiene mucho apego al sillón y no va a dimitir.

    "Ya pasó con Rajoy en primavera de 2012, cuando el pequeño Madrid se llenó de conspiraciones", recuerda Lucía Méndez, comentarista parlamentaria del diario El Mundo. Ciertos comentaristas políticos están siendo especialmente ácidos con Sánchez, criticando sus "homilías sabatinas" (sus comparecencias públicas el 2 de mayo) y el uso de "lenguaje militar". "Ya conocíamos la egolatría de Sánchez, pero esperábamos una versión más aseada durante el desastre", escribía esta semana Rubén Amón, columnista estrella del periódico digital El Confidencial. Otros periodistas le tachan de "maniqueo" y los más radicales se atreven a llamarle "ruin" y "criminal".

    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

    Tema:
    España concreta el plan para iniciar la desescalada gradual del confinamiento (207)
    Etiquetas:
    gobierno, estado de emergencia, coronavirus, Pedro Sánchez, España
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