En directo
    Firmas
    URL corto
    Por
    371
    Síguenos en

    En varios países de Latinoamérica, la cuestión previsional es abordada de diferente modo, pero en cada uno de ellos queda en evidencia que el sistema jubilatorio está bajo tensión.

    Uno de los principales motivos de la rebelión popular en Chile fue los bajos ingresos y la escasa cobertura del sistema de Administradoras de Fondos de Pensión (AFP).

    Mientras, una de las reformas más resistida que impulsa el Gobierno de derecha de Brasil de Jair Bolsonaro es la previsional, que pretende elevar la edad para que el trabajador tenga derecho de jubilarse.

    En Argentina, uno de los temas que ha generado más controversia en el Gobierno de Alberto Fernández ha sido las medidas que privilegian a los jubilados que se ubican en la base de la pirámide de ingresos previsional.

    En estos tres países de Latinoamérica la cuestión previsional es abordada de diferente modo, desde una posición regresiva como en Brasil hasta una progresiva en Argentina.

    Varios estudios académicos destacan que los sistemas previsionales de América Latina y el Caribe producen o reproducen la desigualdad entre sus beneficiarios, consolidan factores que excluyen a amplios sectores de la población del derecho a la previsión social y transitan crisis de sustentabilidad.

    Equilibrio

    Los problemas de financiamiento del sistema se dan en un contexto de envejecimiento poblacional. Expertos en la materia dicen que se necesita diseñar un esquema que garantice su sustentabilidad en el mediano y largo plazo.

    Uno de esos especialistas, Rafael Rofman, líder de Programas para Sectores Sociales del Banco Mundial, considera que el envejecimiento poblacional no es un problema. Lo dice en relación a que ese es un indicador de desarrollo social.

    Lo que plantea entonces es que hay que repensar las instituciones vinculadas al sistema previsional, que nacieron hace más de 130 años cuando el canciller alemán Otto Bismark creó el primer régimen de retiro laboral.

    La clave pasa entonces sobre cómo financiar un sistema con cada vez más jubilados y cada vez menos trabajadores activos aportantes.

    El equilibrio se consigue atendiendo tres pilares: la cobertura, que significa cuántas personas reciben un haber; el ingreso, que define cuántos recursos se destinan a pagar las jubilaciones; y la sostenibilidad, que consiste en cómo conseguir los fondos para financiar las prestaciones.

    En base a esos criterios se define la política previsional que puede ser amplia, como el caso argentino, pero con niveles de ingresos de medios para abajo, o restrictiva, como el régimen chileno con escasa cobertura poblacional y muy bajas prestaciones.

    Chile

    La Superintendencia de Pensiones de Chile informa que el 50% de las personas que cotizaron durante 30 o 35 años en una AFP se jubilaron con montos equivalentes o menores al 82% del sueldo mínimo.

    Los trabajadores están obligados a depositar el 10% de su remuneración mensual en una cuenta de capitalización individual, que es manejada por la AFP que ellos elijan. Por esa administración deben pagar una comisión, también obligatoria, de hasta 1,45% del sueldo.

    Se parece a un sistema de ahorro forzoso más que a régimen de seguridad social.

    Las AFP recaudan el capital de las cuentas de los afiliados y lo invierten en el mercado de capitales. Es decir, reciben dinero fresco de trabajadores y lo entregan a banqueros y empresarios para que concreten negocios que pueden generar pérdidas o ganancias.

    A comienzos de los años 80, cuando se privatizaron las jubilaciones, la promesa era que la tasa de reemplazo sería del 70% del ingreso del trabajador activo.

    El cálculo era que para el año 2020 esa tasa de reemplazo sería del 100%, es decir, pensiones iguales a las remuneraciones del período laboral activo. Hoy, solo alcanzan el 20%, con subsidio del Estado sube al 40% en el mejor de los casos.

    El sistema previsional chileno reproduce y hasta profundiza todas las desigualdades económicas, lo que explica que la resistencia a las AFP se convirtiera en una de las principales banderas de resistencia de las inmensas movilizaciones populares de estos meses.

    Brasil

    El Senado brasileño aprobó la reforma previsional, que prevé un objetivo de ahorro fiscal de unos 217.500 millones de dólares en diez años. Falta el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.

    La ley propone varias medidas controvertidas. Eleva la edad mínima de jubilación para las mujeres a 62 años y para los hombres a 65.

    Brasil era hasta ahora uno de los pocos países del mundo sin exigir una edad mínima para pensionarse.

    También impone un tiempo mínimo de contribución a la seguridad social de 15 años para las mujeres y de 20 años para los hombres que aspiren a la jubilación.

    El mercado laboral brasileño se caracteriza por la informalidad. Proponer una contribución de 20 años como mínimo impide que, por ejemplo, no se jubile 46% de la población negra.  

    En 2018, 50% de las mujeres que se jubilaron por edad, no contribuyeron ni 16 años.

    La reforma jubilatoria de Bolsonaro reproduce un carácter sexista y racista de las elites de la sociedad brasileña y pretende reproducir el modelo de capitalización individual, fallido en otros países de la región. 

    Argentina

    El plan de reconstrucción del régimen previsional del Gobierno de Alberto Fernández después de que fue debilitado en cuatro años de administración de Mauricio Macri comenzó con la entrega de un bono de emergencia de 5.000 pesos en diciembre y otro de igual suma en enero para las jubilaciones mínimas.

    Esto implicó subir más los ingresos de la gran mayoría de los jubilados (70%). En términos relativos implica un alza menor en los haberes para los que se encuentran arriba de la pirámide previsional (30%).

    También se decidió modificar la movilidad jubilatoria previo a su suspensión por 180 días. Se convocará a una comisión para proponer una fórmula alternativa y si no se define una nueva se reestablecerá la actual.

    En ese período, los aumentos trimestrales serán por decreto con el criterio de favorecer al 70% del total de los jubilados respecto al 30% restante.

    Esta medida tiene una concepción política e ideológica: disminuir la brecha de haberes (achatar la pirámide previsional) para mejorar la equidad distributiva y que el Estado, de ese modo, a través de pagos de jubilaciones, no replique como herencia la desigualdad del mercado laboral.

    A favor de esa idea se argumenta que hoy del 30 al 40% de los recursos para pagar las jubilaciones provienen de impuestos, no de aportes de los trabajadores.

    Esa recaudación tributaria es fundamentalmente de impuestos indirectos, que alcanzan en mayor medida a quienes se ubican en la base de la pirámide de ingresos.

    Entonces éstos deberían ser privilegiados porque hacen un aporte proporcional mayor. Se sabe que el sistema previsional hace muchas décadas ha dejado de ser sólo contributivo.

    Derecho

    El derecho a la previsión social, entendido como la garantía de protección social y bienestar que asiste a todos los trabajadores al momento de la vejez o ante situaciones de incapacidad, goza de reconocimiento constitucional en la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe.

    Pero el reconocimiento normativo suele ser insuficiente cuando no existen mecanismos que garanticen de manera real y efectiva el goce de un aporte jubilatorio que permita alcanzar una vida digna.

    En los sistemas previsionales se expresan con claridad muchas de las desigualdades, exclusiones y discriminaciones que marcan la vida de la clase trabajadora en la actualidad

    El panorama de los sistemas previsionales en la región difiere de país en país. Si bien las pensiones contributivas (financiadas con aportes de trabajadores y empleadores) constituyen la columna vertebral de los regímenes de la región, programas de pensiones no-contributivas (financiadas a través de rentas generales) han proliferado en paralelo en los últimos años.

    Los sistemas jubilatorios, por otra parte, no son ajenos a la realidad que viven los trabajadores en actividad, donde el desempleo, el subempleo y el empleo no registrado, así como la incertidumbre sobre el futuro del trabajo que supone la robotización y la incorporación de inteligencia artificial, son variables que impactan tanto en sus posibilidades de financiamiento como en la capacidad del trabajador de reunir los requisitos para acceder al mismo.

    Estas y otras dimensiones, como el aumento en los índices de longevidad, obligan a repensar el diseño de los sistemas previsionales de modo de garantizar su sustentabilidad en el tiempo.

    Propuesta

    Las reformas conservadores proponen un aumento de la edad jubilatoria, rebaja de los aportes patronales, reducción de los haberes y, con el objetivo de máxima, la privatización del sistema.

    Existe otra forma de pensar el sistema previsional para este nuevo contexto laboral y de transformación económica.

    En ese sentido, uno de los puntos principales es desmontar la hipótesis de crisis demográfica. El economista argentino Andrés Musacchio advierte que si bien es cierto el envejecimiento de la población, también lo es que el crecimiento esperado de la población corre por debajo del crecimiento de la productividad.

    Esto significa que, aunque la proporción de trabajadores activos descienda, la riqueza per cápita se mantiene.

    Por lo tanto, reducir las jubilaciones por el cambio demográfico significa, en la práctica, redistribuir el ingreso en forma regresiva.

    La propuesta, para eludir la trampa conservadora respecto a la exigencia de reformar el sistema jubilatorio reduciendo derechos, es vincular la solidez de las jubilaciones a la evolución de la productividad.

    De ese modo, los jubilados también participarían de la mayor riqueza creada en la economía de cada país.

    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

    Etiquetas:
    jubilación, reformas, América Latina, reforma de pensiones
    Normas comunitariasDiscusión
    Comentar vía SputnikComentar vía Facebook