La nueva Comisaria europea para Interior, la sueca Ylva Johansson, será el primer miembro del nuevo gabinete de la UE en visitar las islas griegas del Egeo que acogen a inmigrantes y refugiados. Johansson podrá así observar de cerca lo que ya ha visto el mundo entero: seres humanos hacinados en campamentos al aire libre en una situación que avergüenza a Europa entera, pero de la que sería fácil e injusto culpar al país de acogida.
Para la ONU es sencillo y obvio criticar esas condiciones que han llevado a suicidios, a riñas y a incendios que han arrasado los campamentos en algunas localidades, pero es Grecia el país que se desgañita desde 2015 pidiendo ayuda a la comunidad internacional y especialmente a sus socios de la UE para hacer frente a la catástrofe. Las ayudas económicas han sido escasas y la solidaridad en la acogida de inmigrantes es una palabra que ha quedado en desuso.
Grecia, abandonada y criticada
Tras la llamada de la Canciller alemana, Angela Merkel, en 2015, a abrir las puertas de su país —y las de sus sorprendidos vecinos—, Europa no ha encontrado un mecanismo de reparto aceptable por todos sus miembros. Algunos, como es el caso de los centroeuropeos polacos, húngaros o checos, se siguen resistiendo a la acogida forzosa instigada por Berlín, París y Bruselas. Otros, más hipócritas, tienen buenas palabras, pero tampoco cumplen con lo que sus declaraciones pomposas prometían. Cuatro años más tarde, Grecia, Italia y España son, por su posición geográfica, los principales receptores de inmigrantes clandestinos.
El aumento del flujo hacia Grecia es interpretado en Bruselas como una maniobra de presión del gobierno turco hacia la UE, para obtener el acuerdo europeo a la ofensiva turca en territorio sirio. Para el presidente Recep Tayyip Erdogan, la ocupación por sus tropas de una zona de seguridad en el norte de Siria —más de 120 kilómetros de largo por 30 de ancho— servirá para reinstalar a cientos de miles de refugiados sirios que ahora viven en Turquía.
Turquía: crisis económica y sentimiento antinmigrante
Además de su acción militar en esa zona, justificada como un freno a las actividades de las fuerzas kurdas que Ankara considera "terroristas", Erdogan se ve también obligado a endurecer las condiciones de asilo en su país, forzado por la crisis económica y el aumento del rechazo que su política generosa con los refugiados está creando entre sus propios ciudadanos.
Ahora, ha llegado ya la hora de limitar el acceso al país, de la misma manera que lo hace Francia, Alemania o Suecia, los países europeos más atractivos para inmigrantes económicos y refugiados políticos. El Parlamento turco ha endurecido a su vez las condiciones de asilo y según el ministro del Interior, Suleyman Soylu, este año más de 95.000 "irregulares" serán enviados de vuelta a sus países de origen.
Recep Tayyip Erdogan ha vuelto a amenazar a Bruselas con "abrir el grifo de refugiados" hacia Europa y denuncia que de los 6.000 millones de euros prometidos en 2016 solo ha recibido la mitad. Pero por encima de consideraciones económicas o militares, la presión de Turquía y la desesperación de Grecia ponen de manifiesto la impotencia y la falta de acuerdo entre los 28 países de la UE para afrontar el problema de la inmigración. El "efecto llamada" de la ideología proinmigracionista se ha convertido en uno de los principales problemas, al que solo se responde con acciones desesperadas para endurecer la legislación de acogida. Las buenas intenciones se han topado, una vez más, con la realidad.
