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    Muñecas del ministro de Justicia de Brasil, el juez Sérgio Moro y el expresidente brasileño Lula da Silva

    El cinismo del exjuez Moro y la enferma democracia brasileña

    © AP Photo / Silvia Izquierdo
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    La mentira tiene las piernas muy cortas. Y la democracia brasileña sigue bastante enferma. Estas son dos de las principales conclusiones que ya se pueden extraer del formidable escándalo de filtraciones de mensajes electrónicos comprometedores que sacude los cimientos políticos de Brasil.

    El protagonista del alboroto se llama Sérgio Moro y ocupa desde el 1 de enero de este año la flamante cartera de Justicia y Seguridad Pública en el Gobierno brasileño. A Moro, que fue juez del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, con sede en Porto Alegre, el presidente Jair Bolsonaro le premió con ese Ministerio por meter entre rejas a su máximo rival electoral, Lula da Silva, en un proceso plagado de irregularidades consentidas.

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    La figura de Moro, de mirada penetrante y fuerte personalidad, recuerda a aquellos otros magistrados o fiscales internacionales que se hicieron muy famosos, quizás demasiado, después de investigar y juzgar casos judiciales muy mediáticos, y que decidieron colgar la toga y dar el salto al proceloso mundo de la política. Ahí están dos nombres: el exjuez instructor español Baltasar Garzón (terrorismo de Estado) y el exfiscal italiano Antonio di Pietro (corrupción). Los dos acabaron entre mal y muy mal. Di Pietro, fuente inspiradora de Moro, fracasó en su nueva etapa e incluso se descubrió que miembros del partido que había creado recibieron sobornos. Garzón fue expulsado de la carrera judicial en 2012 tras haber sido inhabilitado por prevaricación, es decir, por dictar una sentencia a sabiendas de que era injusta. A los tres les une su enorme ambición.

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    El ministro Toro se levantó hace unos días con la noticia bomba de que un medio de comunicación online, The Intercept Brasil, difundía las conversaciones privadas que él había mantenido con Deltan Dallagnol, el fiscal del caso Lava Jato (Autolavado en portugués). Este caso destapó una red de corrupción sistémica entre empresarios y políticos brasileños que sentenció a 159 personas. Tuvo profundas repercusiones en la región: además de Lula, otros cinco expresidentes latinoamericanos fueron condenados por corrupción: Ollanta Humala (Perú), Ricardo Martinelli (Panamá), Mauricio Funes (El Salvador), Otto Pérez Molina (Guatemala) y Rafael Callejas (Honduras). En Perú desató vientos devastadores pues condujo al suicidio de Alan García y a la huida del país de Alejandro Toledo, dos exjefes del Estado también salpicados por esta lacra social.

    ​La información desvelada pone en muy serios aprietos a Moro. Los extractos de los mensajes cruzados a través de la plataforma de mensajería Telegram cuestionan su imparcialidad y profesionalidad durante el proceso judicial. Los chats hasta ahora inéditos revelan una colaboración prohibida entre él y el fiscal.

    Moro sugirió al fiscal Dallagnol que cambiara el orden de la instrucción y agilizara nuevas operaciones, le dio consejos estratégicos y pistas informales de la investigación, anticipó al menos una decisión, criticó al Ministerio Público e incluso abroncó a Dallagnol como si él fuera su superior jerárquico. La Constitución brasileña establece el sistema acusatorio en el proceso penal, en el que no pueden mezclarse las figuras de fiscal y juez. En este modelo, al magistrado le corresponde analizar de manera imparcial las alegaciones tanto de la acusación como de la defensa, sin mostrar interés en cuál será el resultado del proceso. Pero las conversaciones entre Moro y Dallagnol ratifican que el actual ministro se inmiscuyó por sistema en el trabajo del Ministerio Público, lo que es absolutamente ilegal, y que además fue bien recibido, pues terminó actuando informalmente como si fuera un ayudante oculto de la acusación. Fue juez y parte.

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    El propio Moro hizo gala de un gran cinismo. Negó en varias ocasiones que trabajara mano a mano con el Ministerio Público Fiscal. "Vamos a dejar las cosas claras, que se oye mucho por ahí sobre la estrategia de investigación del juez Moro. [...] No tengo estrategia de investigación ninguna. Quien investiga o quien decide qué va a hacer y tal es el Ministerio Público y la Policía Federal. El juez es reactivo. […] Me irrito a veces, veo una crítica un poco infundada sobre mi trabajo", declaró en una conferencia celebrada en marzo de 2016.

    ​Sus decisiones como juez no sólo cambiaron el destino del país sino que también dejaron un sendero de fallos cuestionables. Una de sus medidas más polémicas se produjo en 2016. La entonces presidenta Dilma Rousseff se enfrentaba a un proceso de destitución en el Legislativo cuando Moro hizo pública una conversación telefónica entre ella y Lula da Silva para evitar su nombramiento como ministro, lo que le habría dado a él inmunidad. En ese momento, el juez dijo que dio a conocer la conversación, tan confidencial como las de The Intercept, porque "los ciudadanos tenían el derecho de saber […]. En una democracia liberal como la nuestra, es obligatorio que esa información sea pública". Ese mismo argumento es ahora igual de válido que entonces para sacar a la luz los mensajes de Telegram. ¿O no?

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    En 2017, durante la campaña electoral presidencial, Moro condenó al expresidente a nueve años y seis meses de prisión y así lo retiró de la candidatura a la Presidencia. Al sacar de la contienda al aspirante favorito para las encuestas, allanó el camino a la victoria de Jair Bolsonaro, quien nombró a Moro ministro como premio por su labor.

    El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el ministro de Justicia de Brasil el juez Sérgio Moro
    © REUTERS / Adriano Machado
    El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el ministro de Justicia de Brasil el juez Sérgio Moro

    Los reportajes publicados por The Intercept confirman la indefensión crónica de Lula y que fue víctima de una implacable persecución judicial. Todo esto debería motivar la revocación de su condena y su inmediata liberación mediante una resolución del Supremo Tribunal Federal (STF).

    En una democracia saludable, Moro debería dimitir o por lo menos apartarse del cargo hasta que concluyera la necesaria investigación sobre su actuación como magistrado. Solo así podría salvar su reputación y el legado del caso Lava Jato. Pero la democracia brasileña sigue enferma. Bastante enferma. El exmagistrado no parece dispuesto a renunciar. Declaró que los mensajes se obtuvieron de forma ilegal y que no veía nada anormal en el contenido de las conversaciones. Moro, que se había convertido en el símbolo definitivo del fin de la impunidad brasileña, ha quedado deslegitimado por completo porque, vistas las pruebas, para él la corrupción es el mal mayor de la política, pero solo cuando afecta a otros y no a él.


    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

    Etiquetas:
    corrupción, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil
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