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    Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

    Las dudosas credenciales de los Gobiernos latinoamericanos que apoyan a Guaidó

    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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    Patricia Lee Wynne
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    Los Gobiernos de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, Chile y Brasil se sienten con la autoridad de dar lecciones de democracia a Venezuela y de reconocer como presidente a Juan Guaidó.

    El autoproclamado presidente obtuvo 97.492 votos en 2015, en oposición a los casi seis millones de votos que consiguió Nicolás Maduro en las elecciones del 20 de mayo de 2018.

    Es bueno analizar la autoridad de los Gobiernos que apoyan a Guaidó. Todos siguen las instrucciones de Donald Trump, un mandatario que fue electo en 2016, a pesar de haber perdido en votos frente a Hillary Clinton por dos puntos porcentuales. Desde entonces, ha decidido construir un muro en la frontera con México para impedir el ingreso de inmigrantes, se retiró de los tratados sobre cambio climático, del tratado nuclear con Irán, de los acuerdos de normalización de relaciones con Cuba y amenaza con retirarse del tratado de limitación de armamento nuclear de mediano y bajo alcance.

    El colombiano Iván Duque preside un país con el mayor número de desplazados internos del mundo: 7,7 millones, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Cerca de un millón de colombianos se refugió en Venezuela. Según la OIM, se calcula que en los últimos 50 años de conflicto armado han sido asesinadas o desaparecidas 260.000 personas y en menos de cuatro años se ha matado a más de 400 líderes sociales.

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    Uno de los argumentos contra la legitimidad de Maduro es que en las elecciones del 20 de mayo de 2018 participó menos de la mitad de la población. En esos comicios, el actual presidente obtuvo el 67% de los votos. Pero en Chile, Sebastián Piñera obtuvo la presidencia de su país en 2017 en unas elecciones en las que participó un 46% de la población en la primera vuelta y un 49% en la segunda. El actual presidente chileno ganó con el 57% de los votos.

    Juan Orlando Hernández, de Honduras, ganó la presidencia en unas dudosas elecciones en 2017 con un 42,49% frente al 41% del opositor Salvador Nasralla, resultado que estuvo marcado por enormes irregularidades. El país, que está en la primera plana de las noticias por la dramática salida de inmigrantes hacia Estados Unidos, se ha sumado al frente que no reconoce a Maduro.

    En 2009, el entonces presidente constitucional Manuel Zelaya fue sacado en piyama de su cama y secuestrado a Costa Rica por un comando militar, con la participación de Estados Unidos, por haber propuesto una consulta popular para realizar una asamblea constituyente.

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    En Guatemala, el presidente Jimmy Morales es investigado por corrupción por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) de la ONU por haber recibido casi un millón de dólares de dudoso origen durante la campaña electoral. El presidente decidió impedir la entrada al país al jefe del ente.

    Mauricio Macri preside un país con los peores indicadores económicos después de Venezuela en América Latina. Está en el 'top ten' mundial de los países con mayor inflación junto con Venezuela, Sudán, Turkmentistán e Irán, con una inflación superior a la de Angola, Congo, Yemen y Libia —dos países destrozados por la guerra civil—.

    Sufrió una devaluación del 100% en 2018, una de las más altas del mundo, y es el único país latinoamericano, junto con Venezuela, cuya economía cayó en 2018 y seguirá cayendo en 2019. Además, ha empeorado todos los indicadores en relación con el Gobierno de su antecesora, Cristina Kirchner.

    El voto de Macri se entiende por 50.000 razones: ante una crisis económica gravísima, ha logrado evitar, por ahora, el destino de la nación caribeña. ¿El secreto?: a diferencia de Venezuela, sancionada y con sus ingresos petroleros, su oro y reservas confiscadas ilegalmente, el país patagónico recibió un préstamo salvador de 50.000 millones de dólares del FMI, gracias a la gestión directa del amigo personal de Macri de sus tiempos de empresario, Donald Trump.

    Y por último, Jair Bolsonaro que elogió la dictadura militar, atacó a los indígenas, a las mujeres y a las minorías de su país, y que fue electo gracias a que el principal candidato contra el cual competía, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, está proscrito y en prisión tras la cuestionada destitución de la presidenta Dilma Rousseff por el Congreso.

    La soga de las sanciones al cuello

    Los ejecutores de Nicolás Maduro arrojan toda la culpa de la crisis económica sobre su Gobierno, pero limpian la responsabilidad de Estados Unidos con las sanciones que se han impuesto para ahorcar al país desde 2017, es decir, desde antes de las elecciones que ahora cuestionan.

    La incautación de por lo menos 7.000 millones de dólares en Estados Unidos, la retención de oro venezolano —valuado en 1.200 millones de dólares— por el Banco de Inglaterra, la retención de 1.650 millones de dólares por una empresa europea de 'clearing' bancario, entre otros elementos, han agudizado la pobreza hasta el límite.

    Secuestran el dinero de un país independiente, a nombre de la democracia, y ahogan a la población con el objetivo de derribar a su Gobierno, a cualquier costo.

    El daño a los venezolanos por el embargo es concreto. Para dar dos ejemplos, en 2017 el banco Citibank se negó a recibir fondos para la importación de 300.000 dosis de insulina y, en octubre del mismo año, la nación no pudo depositar en el banco suizo UBS el dinero para comprar vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud, alterando los esquemas de vacunación.

    La represalia largamente anunciada

    La crisis económica en Venezuela es particularmente aguda desde la caída de los precios del petróleo iniciada en 2014, que no fue una medida autónoma del mercado, sino una decisión política general contra los países productores como Rusia, Irán y Venezuela.

    Pero la inquina contra Venezuela se explica porque Estados Unidos quiere poner punto final a la independencia del país y enterrar definitivamente la política de soberanía petrolera del difunto presidente Hugo Chávez.

    Después de fallido golpe de Estado de 2002 y del largo sabotaje petrolero de 2002-2003, Chávez revirtió la famosa 'apertura petrolera' de los Gobiernos anteriores y renegoció los contratos con las grandes transnacionales de crudo, imponiendo la mayoría de PDVSA en cualquier asociación productiva. Multinacionales como Exxon Mobil y ConocoPhillips salieron del país e iniciaron juicios internacionales.

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    La política de soberanía petrolera de Chávez no llegó a una nacionalización completa. Por el contrario, British Petroleum, la francesa Total, Chevron y la noruega Statoil siguieron operando e ingresaron la rusa Rosneft y la china CNPC.

    Venezuela no fue sancionada tampoco por desatender sus obligaciones internacionales. En 2017, Maduro reconoció que el país había pagado más de 70.000 millones de dólares de la deuda externa durante los cuatro años anteriores, a pesar de las sanciones.

    Pero Washington no tolera ni las más mínima medida de soberanía y dignidad de los pueblos. Por eso ahora, ante el debilitamiento de la economía venezolana, ante el descontento que provoca en la población esta crisis llevada a límites insospechados por las sanciones, ha resuelto intentar lo que no pudo lograr contra Chávez en 2002.

    Por supuesto, su objetivo también es frenar la presencia de China y de Rusia en Venezuela porque para ellos el petróleo venezolano tiene un dueño: el Tío Sam.

    Venezuela tiene con qué responder a este bloqueo. Así como Estados Unidos está confiscando los recursos para quedarse con Citgo —la empresa venezolana en Estados Unidos— en Venezuela están las empresas norteamericanas. La suspensión de todo pago de la deuda es inevitable en estas circunstancias. Venezuela puede avanzar también en un plan económico de emergencia con el apoyo de Rusia, China, Irán y Turquía, como ya lo propuso Moscú.

    Por primera vez desde la Revolución cubana, América Latina vuelve a ser el escenario de uno de los principales focos de conflicto mundial. La disputa por Venezuela es, en el fondo, la misma que en Irán, Siria o Libia: lo que no le gusta es que son países independientes que no se someten a las órdenes de Washington y por eso los quieren dominar.

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    Pasado el letargo de enero, es hora de que los pueblos latinoamericanos hablen.


    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

    Etiquetas:
    credenciales, crisis, apoyo, petróleo, democracia, golpe de Estado, economía, sanciones, Juan Guaidó, Donald Trump, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, América Latina, Venezuela, EEUU
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