02:40 GMT +313 Diciembre 2018
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    El peñón de Gibraltar

    España enseña las uñas a Europa por la soberanía de Gibraltar

    © REUTERS / Jon Nazca
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    Francisco Herranz
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    España enseñó las uñas para exigir que se tuvieran en cuenta sus intereses a propósito del futuro del Peñón de Gibraltar después de que se produzca la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

    En Bruselas están muy molestos por la actitud intransigente del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, porque piensan que los cambios producidos podrían hacer descarrillar la ratificación del acuerdo en la Cámara de los Comunes y que el Brexit salte por los aires.

    Madrid había amenazado con vetar el pacto negociado entre Bruselas y Londres si no se satisfacían sus exigencias. Su objetivo era modificar el artículo 184 del acuerdo formal de divorcio, añadido "con alevosía y nocturnidad", según el propio Gobierno español, e incluir una referencia a Gibraltar en la declaración política de los 27 estados miembros, que debía aprobar el acuerdo. No lo consiguió. Pero logró que se redactaran in extremis tres documentos.

    El primero es una carta firmada por los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, respectivamente, que declaran que la inclusión de Gibraltar en el acuerdo (artículo 3) no implica ningún reconocimiento de que el Peñón sea territorio del Reino Unido (como podía deducirse del artículo 184).

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    La misiva también afirma que el acuerdo entre Londres y Bruselas a propósito de Gibraltar requerirá el consentimiento previo de España. Esas dos ideas fueron incluidas en los anexos de la declaración política (el segundo documento), suscrita por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

    El tercero es una carta del embajador británico ante la UE donde dice que toman nota de todo lo anterior.

    ¿Cuál es el valor jurídico de esos tres papeles? Casi ninguno, porque no forman parte del acuerdo formal de divorcio que también debe ser refrendado por los Parlamentos nacionales. Pero la carta del Gobierno del Reino Unido tiene valor —y mucho— porque significa que la opinión de España sobre el porvenir de la Roca no será ignorada. Lo mismo se puede decir de las otras dos declaraciones políticas.

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    Es lo que el propio Sánchez llamó, satisfecho, la "triple garantía". Y tenía razón al sacar pecho. Se trata de una victoria de calado para España. Por cuatro razones. Primera, porque los abogados del Estado dieron la voz de alarma a tiempo, avisando que el acuerdo contenía un artículo troyano y potencialmente peligroso. Segunda, la diplomacia hispana negoció contrarreloj una salida delicada y a la postre suficiente. Tercera, el presidente Sánchez aguantó bastante bien la fuerte presión de sus socios europeos que no estaban dispuestos a abrir el melón del texto negociado con Theresa May y poner en peligro meses de arduas negociaciones. Y finalmente, por la enfurecida reacción de Leave.eu, una de las dos entidades que organizó el referéndum del Brexit, que estimó que el dossier Gibraltar fue un elemento humillante más.

    ​Sánchez ganó el envite, un método arriesgado, pero habitual, que suelen practicar los Estados miembros de tamaño medio de la UE (como es España), a la hora de abordar grandes y trascendentales negociaciones como la del Brexit. Los Estados pequeños no pueden apostar por falta de fuerza, y Francia y Alemania no lo necesitan porque ellos son los dueños de las cartas y diseñaron las reglas del juego. La historia comunitaria nos ofrece varios ejemplos de envites protagonizados por la delegación española.

    El primero de ellos fue lanzado por el socialista Felipe González, en la Cumbre de Maastricht de 1991, para beneficiarse más de la política de cohesión, es decir, de los fondos destinados a reducir las diferencias entre los distintos países y el retraso de las regiones menos favorecidas. Luego tomó el testigo la derecha, con José María Aznar, quien amenazó con el veto en Berlín (1999), por el dinero del presupuesto común, y en Niza (2000), por el reparto de los votos. También lanzaron órdagos Polonia, Italia y el Reino Unido —el que más—. Siempre les salió bien a todos.

    Sánchez arrancó, por tanto, un compromiso político claro y explícito, por escrito, sobre un tema de capital importancia para el Ejecutivo español: la soberanía de Gibraltar. Pero la política española es tan deshonesta y está tan polarizada y empobrecida que la oposición —léase el Partido Popular y Ciudadanos— no valoró positivamente el acuerdo alcanzado y se enfocó sólo en el aspecto jurídico para criticar su contenido.

    Gibraltar es la última colonia de Europa, un territorio no autónomo, fruto de una cesión impuesta a España por el Tratado de Utrecht de 1713. Ha de someterse a un proceso de descolonización, sobre el que la ONU se ha pronunciado a favor.

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    Con el paso de los años, la Roca se ha convertido en un señuelo nacionalista para españoles y británicos. También se ha transformado en un descarado paraíso fiscal, un feudo para los traficantes de tabaco, una pintoresca ciudad que da empleo a miles de españoles que viven al otro lado de la frontera, en la bahía gaditana de Algeciras. Hay muchos intereses en juego. Demasiados.

    En 2001, Aznar y Tony Blair anunciaron un acuerdo preliminar que incluía una propuesta de cosoberanía para el Peñón. Sin embargo, el convenio no llegó nunca a ser firmado, porque fue ampliamente rechazado por los gibraltareños en un referéndum convocado por las autoridades locales en 2002.

    En 2016, con el Brexit ya en marcha, el Gobierno español presentó una nueva propuesta de cosoberanía, que planteaba la doble nacionalidad para los gibraltareños y el respeto de su autonomía. Esa idea parece la única viable, pero se antoja bastante complicada. Más recientemente, dos expertos en Derecho Internacional y Ciencias Políticas, los profesores Alejandro del Valle e Ignacio Molina, han sugerido una solución novedosa: constituir un territorio internacionalizado que pertenezca a la Unión Europea, incorporado a España y no absorbido, pero que conserve la relación privilegiada con el Reino Unido. Es decir, implantar la fórmula de la ciudad de las dos Coronas.

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    En el plano práctico eso pasaría por mantener el autogobierno gibraltareño actual pero completado con un estatuto internacional que regulara temas urgentes (navegación, medio ambiente, fiscalidad, finanzas) y necesarios (aduanas, aeropuerto, relaciones exteriores, seguridad, defensa). Suena muy bien, pero aún resulta inalcanzable, dadas las circunstancias.


    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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    Etiquetas:
    soberanía, acuerdo, Brexit, Gibraltar, Reino Unido, España