En este mismo país, a finales de diciembre, la exministra de Finanzas y actual Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha sido juzgada culpable, pero eximida de cumplir la pena, en el "caso Tapie", por el nombre del exoligarca que recibió más de 400 millones de euros del Estado, en 2007, tras un arbitraje privado en su conflicto con el banco público Crédit Lyonnais. Lagarde era en ese momento ministra de Finanzas en el gobierno de Nicolas Sarkozy.
En aquella época, Bernard Tapie era el dueño de la marca deportiva en la que el banco público francés tenía una participación. La empresa llegó a acumular un agujero de casi 105 millones de dólares. El Credit Lyonnais se hizo con la empresa y la vendió triplicando el precio de compra (300 millones), en una maniobra considerada una estafa al dueño mayoritario. Desde entonces, Tapie ha venido batallando judicialmente para obtener satisfacción.
Orden de Sarkozy a Lagarde
Después de miles de peripecias en los tribunales, el Gobierno de Nicolas Sarkozy creó un instrumento jurídico, supuestamente independiente, que obligó al Estado francés a pagar a Bernard Tapie más de 400 millones de euros, como reparación de la supuesta injusticia. En la cifra se incluyen 45 millones de "perjuicio moral".
A Christine Lagarde se le reprocha " negligencia" no haber frenado la decisión, como podía haber hecho según su cargo, después de las consideraciones en contra recibidas por expertos juristas externos e, incluso, de sus propios colaboradores.
El entonces director de gabinete de Christine Lagarde, cuyo domicilio fue registrado en varias ocasiones minuciosamente por la policía judicial, es ahora nada menos que el presidente de France Telecom, y se ha negado a declarar en el juicio a Lagarde. Pero si el escándalo Tapie-Lagarde adquiere un interés público especial es, sobre todo, por la personalidad del principal personaje masculino del sainete.
Bernard Tapie es una especie de copia francesa de Berlusconi, con el que guarda muchas similitudes: fue un cantante cursi, un empresario con mucha labia y carisma, fue aupado por la izquierda en sus inicios, fue presidente de un equipo de fútbol, se ha convertido en magnate de prensa y sigue soñando optar a un importante cargo político, por el momento, la alcaldía de Marsella.
El socialista François Mitterrand, recién llegado al poder se dejó deslumbrar por el desparpajo de Tapie, al que incluso nombró Ministro de la Ciudad, porque —decían— sabía tratar tanto con los banqueros, como con los delincuentes de los guetos. Algunos sociólogos franceses consideran esos tiempos como la época que marca el final de la "moral de izquierdas" en su país.
Caído en desgracia y abandonado por la izquierda oficial, Tapie supo ganarse la amistad del centroderechista Sarkozy, que le ayudaría a ganar el pleito en el que Lagarde se ha visto implicada.
Un tribunal para privilegiados
La diferencia entre el castigo al ladrón de espaguetis y a la directora del FMI se debe a la existencia de un tribunal especial francés, la Corte de Justicia de la República, que desde su creación en 1993, juzga los supuestos delitos cometidos durante su función por los ministros del gobierno.
En plena campaña para las primarias de la izquierda francesa, algunos de los candidatos han visto en la sentencia un filón para obtener el apoyo de su electorado. Así, Manuel Valls, el Primer Ministro que ha abandonado su cargo para optar a las presidenciales de mayo del 2017, ha considerado que la Corte de Justicia de la República "debe desaparecer". Está claro, es más fácil decirlo cuando se está fuera del gobierno y se aspira a ganar la adhesión popular.
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Los pocos intentos de eliminar esa jurisdicción especial en los últimos años han chocado con el rechazo de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional y del Senado. Recordemos que la Corte está formada por tres magistrados profesionales y doce parlamentarios.
Los españoles aforados
Esa diferencia de trato judicial entre el ciudadano llamado de a pie y los representantes políticos tiene su ejemplo europeo más pernicioso en España, donde la figura del "aforado" es motivo de polémica y debate político, pero no para todos los partidos. España ostenta, con 10.000 personas protegidas por tribunales específicos, el récord europeo de aforados.
El actual gobierno conservador español de Mariano Rajoy dice querer aceptar la reducción de personas aforadas, pero lo cierto es que a última hora, en la última semana del año, ha frenado el acuerdo al que había llegado con Ciudadanos.
Alemania y Gran Bretaña dan ejemplo de ética en este apartado. Nadie, ni presidentes ni jefes de gobierno se libran de los tribunales ordinarios si cometen un delito.
Los "recolocados" de la República
Hay que volver a Francia para encontrarse sin embargo con otra práctica que desafía una mínima vergüenza y muestra hasta qué punto lo que en Italia empezó a llamarse en los años 90 "la casta política" es un ejemplo que desborda las fronteras.
Saltándose todas las reglas del buen funcionamiento de las administraciones públicas, el Jefe del Estado y los actuales ministros están colocando en puestos bien remunerados a sus excolaboradores. En muchas ocasiones los ukases de los miembros del gabinete Hollande contravienen las reglas de funcionamiento de decenas de organismos del Estado. Funcionarios especializados y que por méritos personales tienen derecho a un puesto se ven desplazados por enchufados de políticos que dejarán sus cargos en pocos meses.
Son esos mismos partidos políticos tradicionales los que dicen querer evitar la llegada al poder de los que consideran partidos populistas. Con su desprecio a la ética y a sus propios conciudadanos siguen cavando la fosa del "sistema" que dicen defender.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
