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    Un manifestante por el caso Ayotzinapa lleva una bandera mexicana

    Ayotzinapa, la Constitución mexicana y el Ejército

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    Desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala (75)
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    Durante su presencia como testigo de los acuerdos de paz en Colombia, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, reiteró "el firme compromiso del Gobierno de la República para llegar hasta sus últimas consecuencias" en la pesquisa sobre la desaparición forzada en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

    La intención es meritoria, aunque la terca realidad de dos años sin respuestas claras sobre el caso Ayotzinapa parece convertirla en un espejismo verbal. Para empezar a traducir las palabras en hechos, bien podría Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas, abrir el acceso de las instalaciones del 27 Batallón del Ejército con sede en Iguala a las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR), ese mismo acceso que estuvo vedado a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    Acaso se borre así la perplejidad que suscita el pasivo rol presuntamente desempeñado por ese batallón la trágica noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 y que se resume en una pregunta crucial: ¿debió actuar el Ejército aquella noche en que nueve personas fueron asesinadas, unas 27 resultaron heridas con lesiones por armas de fuego y otras 43 se desvanecieron en la nada sin que hasta ahora se tenga certidumbre alguna sobre su destino?

    La Constitución vulnerada

    En apego estricto a la Constitución, el Ejército no puede asumir labores que son de competencia exclusiva de otros actores como la Policía o el Ministerio Público. El artículo 129 de la Carta Magna lo deja bien claro: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar […]". Sin embargo, desde que el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2008-2012) decidiera mancillar el juramento de su investidura —"protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos"— y sacar inconstitucionalmente al Ejército de los cuarteles para combatir a los cárteles de la droga, este se ha visto obligado a enfrentar enemigos internos ante la incapacidad y corrupción de las autoridades encargadas de ello.

    Los resultados han sido poco favorables. Y no solo por el saldo sangriento que dejó esa decisión en el sexenio calderonista —más de 121.000 muertes violentas relacionadas con el narcotráfico, según datos de la PGR—, sino también por la forma en que se han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía. Lo sucedido el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, estado de México, cuando elementos del Ejército masacraron a unos 15 presuntos secuestradores que se encontraban desarmados y se habían rendido, es evidencia trágica de esa transgresión.

    El Ejército: del orden público a la seguridad nacional

    La presencia del Ejército para enfrentar al narcotráfico responde a una realidad insoslayable del México contemporáneo: el problema de las drogas dejó de ser un asunto de orden público para convertirse en uno de seguridad nacional. Me temo que a pesar de su alto rango, el general de División Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), no tiene muy clara la diferencia entre 'defensa nacional' y 'seguridad nacional'. Aunque ambas son prerrogativas del Ejército, la primera se enfoca más al enfrentamiento de una amenaza mientras que la segunda hace de la confianza y la tranquilidad ciudadanas su razón de ser. La defensa puede conducir a acciones bélicas para salvaguardar la independencia, soberanía e integridad del país; la seguridad busca preservar un régimen de vida donde imperen la justicia y el desarrollo social.

    Es cierto que en la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala los normalistas afectaron al orden público, por lo que no competía al Ejército intervenir; sin embargo, el ataque contra ellos por parte del narco era un asunto de seguridad nacional, por lo que la omisión en el actuar resulta condenable. Si ello no bastara cabría acudir al artículo primero del capítulo único de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana donde se estipula que, entre otras misiones, el Ejército debe "garantizar la seguridad interior" y "auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas".

    En la omisión del Ejército en Iguala reverbera el eco de su infausta participación en los acontecimientos de Tlatelolco en 1968 y en la guerra sucia de los años 70 cuando excedieron sus prerrogativas constitucionales. Se hizo evidente además la escasa preparación para tomar decisiones que impliquen salirse del encorsetado ideológico que los constriñe, ese que los lleva a dudar a la hora de decidir si apegarse a estrictas funciones de defensa nacional o asumir el rol de control interno ante la presencia de actores que ponen en solfa a las instituciones del Estado.

    Ignoro, como aseguran algunos, si el Ejército mexicano tuvo participación activa en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. El cuestionamiento de su actuar esa noche resulta, sin embargo, comprensible. Según el general Cienfuegos, lo mejor que pudo haber pasado fue que el Ejército no se involucró en lo sucedido aquella noche en Iguala pues habría auxiliado a los policías municipales, esos mismos que hoy se sabe estaban infiltrados por el narco. "Qué bueno que fue así, porque de haber salido hubiéramos creado un problema mayor", dijo el general a 'Excélsior'. Creo, sin embargo, que sí debió actuar para evitar la masacre de los estudiantes, pues no cabían dudas de a quién asistir: el Ejército estaba al tanto de que los normalistas se encontraban desarmados y que su actuar no se diferenciaba en nada al de las otras ocasiones en que 'secuestraban' camiones para sus movilizaciones. De hecho, el 27 Batallón de Infantería contaba con información de inteligencia proveniente de las instalaciones del Centro de Monitoreo C-4 que referían la presencia de heridos y muertos en diferentes incidentes relacionados entre sí que iban más allá de una simple gresca entre estudiantes y autoridades.

    'Legítimo', se sabe, no es sinónimo estricto de 'legal' aunque sus definiciones los hermanen; lo contrario también vale como aserto. Con tal de no incurrir en una presunta ilegalidad —según el protocolo solo puede actuar a petición de la autoridad local—, el Ejército mexicano faltó en Iguala a su esencia más legítima en tiempos de paz: ayudar a preservar un régimen de vida donde imperen la justicia y el desarrollo social.


    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

    Tema:
    Desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala (75)

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    Etiquetas:
    desaparición forzada, Ejército de México, Ayotzinapa, Iguala
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