Significa el fin de una época en América Latina, inspirada en la teoría guerrillera del Che Guevara de que la liberación del subcontinente sólo es posible por vía armada.
El ideólogo de origen argentino creía en la necesidad de tomar el poder por las armas y la hizo extensible a todo el Tercer Mundo, pues combatió en el Congo de la mano del legendario Patricio Lumumba.
Pasaron los lustros y el guevarismo se hizo icónico. Y a modo de respuesta, los regímenes militares que en las décadas de los 70 y los 80 gobernaban de facto Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay lanzaron una operación coordinada de inteligencia, cuyo objetivo fue compartir información sobre las actividades de opositores políticos y activistas sociales e intercambiar presos, la mayoría de los cuales fueron torturados y asesinados.
El rol jugado por la Administración estadounidense dentro del engranaje de este siniestro Plan Cóndor fue decisivo. Los últimos documentos desclasificados confirman que Estados Unidos apoyó o silenció la política represiva desatada por los Videla, Pinochet, Stroessner o Banzer.
Ahora la paz en Colombia es "indispensable". Son palabras del propio Raúl Castro, máximo dirigente de la Cuba donde se implementó la teoría revolucionaria guevarista.
Paradojas del destino, el Gobierno de La Habana se ha convertido en el actor imprescindible de una fase que supondrá la desmovilización y el desarme de unos 7.000 combatientes. Una etapa que debe cerrar un sangriento conflicto armado que se ha prolongado por más de 50 años y ha dejado 300.000 muertos, casi siete millones de desplazados de sus lugares de origen y al menos 45.000 desaparecidos, por no hablar de las heridas sociales.
Un capítulo llamado a transformarse en ejemplo para otras guerrillas de todo el planeta, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también de raíz colombiana.
Las delegaciones que negocian con tremenda discreción y paciencia en la isla caribeña desde hace casi cuatro años y todavía deben decidir temas espinosos: la amnistía para combatientes que no hayan cometido delitos graves; las condiciones de la participación política de las FARC; o la forma de elegir a los 35 magistrados del Tribunal para la Jurisdicción Especial de la Paz, un organismo sin precedentes en la historia del país.
También queda pendiente la celebración del referéndum popular por el que los colombianos deberán ratificar —o no— los puntos del pacto. Aún no se conoce cuándo se celebrará el plebiscito —¿septiembre, octubre?— , ni cuál será la pregunta que tendrán que contestar los ciudadanos. Otros datos, por el contrario, sí están claros ya. Según una sentencia de la Corte Constitucional, la consulta no será meramente consultiva, sino vinculante. Eso implicará que el acuerdo se hará efectivo si gana el sí y acude a las urnas más del 13% del censo electoral, es decir, 4,5 millones de personas.
La intensidad del conflicto armado es la más baja en 52 años, lo que implica el respeto tácito tanto del Ejército como de las FARC. Importantes sectores de la comunidad internacional respaldan lo logrado hasta el momento. Sólo queda pues el reto de persuadir al electorado colombiano.
Resulta paradójico que el último y definitivo escollo se encuentre precisamente en el agrio enfrentamiento entre el Ejecutivo y una parte muy combativa de la oposición, la apadrinada por el expresidente y senador Álvaro Uribe.
El uribismo no se opone a la paz sino a los términos del acuerdo, importante matiz que le ayudará a captar el respaldo de sectores indecisos o descontentos que no ven con buenos ojos un pacto que permitirá a muchos guerrilleros evitar penas de cárcel. Pero sin amnistía no habría habido acuerdo posible. Era una condición sine qua non.
El megalómano senador juega a la desinformación. Representa, lo quiera o no, a quienes ven un negocio en continuar las hostilidades y prefieren seguir vendiendo armas y explosivos. Son sectores de extrema derecha tradicionalmente vinculados al paramilitarismo, un fenómeno por desgracia ya clásico en la historia de Colombia.
El expresidente, que actúa bajo el sueño de vencer en las elecciones de 2018, manipula el sentimiento de escepticismo hacia las FARC que subyace entre la población, sobre todo en los municipios de la selva o de la frontera con Venezuela donde los rebeldes actuaron con más intensidad. Juega con el rechazo a la impunidad; de ahí que sea vital la parte judicial del acuerdo de paz.
Por fortuna, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos cuenta con el inestimable apoyo de los dos partidos tradicionales —el Liberal y el Conservador—, las fuerzas políticas emergentes —Cambio Radical y Partido de la U— y los grupos de izquierda y ecologistas.
El plebiscito, sin embargo, promete ser polarizante, reñido y de interés mundial. De su resultado dependerá que se pase página a una etapa convulsa de la historia de Latinoamérica.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
Les invitamos a comentar la publicación en nuestro sitio web, Facebook o Twitter.
