Desde su atalaya, el derechista Neves insiste en que el Ejecutivo "no está preparado para restaurar la confianza esencial para la reconstrucción del país". Sus palabras forman parte de una estrategia de derribo que tiene contra las cuerdas a Rousseff, sobre quien pesa un proceso de 'impeachment' o juicio político. La solicitud acusa a la jefa del Estado de haber realizado maniobras fiscales irregulares para ajustar las cuentas de su Gobierno en 2015.
"Nunca antes da história deste país governos combateram a corrupção e a impunidade como nós", @dilmabr #PT35Anos
— Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) 7 февраля 2015 г.
El proceso de 'impeachment' a Rousseff ha provocado una parálisis institucional sin precedentes en Brasil, lo que ha agravado la existente crisis económica al espantar las inversiones. En el plano político, además, ha colocado a la presidenta en una posición muy delicada dentro de las filas del Partido de los Trabajadores (PT), actualmente en el poder. De ahí que se halla promovido la idea de que Lula da Silva se presente a las elecciones presidenciales de 2018. Antes él mismo dudaba de esa posibilidad, pero ahora parece decidido a aceptarla, sobre todo tras haber sido detenido el pasado 4 de marzo para prestar declaración en un macrocaso de corrupción y blanqueo de capitales.
"Estaba tranquilo en mi rincón. Tenía la expectativa de que eligieseis a alguien para disputar 2018. Pero quiero ofrecerme a vosotros. A partir de hoy, la única respuesta que puedo darle a la violencia que me infringieron es salir a la calle y decir: "estoy vivo". Así se expresó el expresidente —lo fue desde 2003 a 2010- ante sus simpatizantes petistas, después de haber sido conducido por agentes de la Policía Federal a un juzgado de Curitiba. Le metieron en un avión que despegó desde São Paulo y le trasladaron a una comisaría donde estuvo tres horas respondiendo preguntas acerca de sus posibles vinculaciones con varios delitos investigados por la denominada Operação Lava Jato (Operación Lavado de Coches). A Lula le ha salpicado el escándalo después de la revista IstoÉ publicara su presunta implicación en la trama citando la supuesta delación de un senador del PT, Delcídio do Amaral, en prisión por corrupción y que busca reducir pena mediante un acuerdo con los fiscales. El propio Amaral no confirmó ni desmintió esas informaciones, fruto de filtraciones periodísticas interesadas, utilizadas como armas políticas que emponzoñan aún más el ambiente.
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La Operación Lava Jato investiga desde hace dos años el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, por el que directivos de la empresa petrolera Petrobras recibían sobornos de constructoras a cambio de ventajosos contratos.
Algunos juristas brasileños califican de "irregular", "inconstitucional" y "preocupante" la actuación de los policías con respecto a Lula. Los agentes sólo seguían las instrucciones del juez Sergio Moro, quien había ordenado un "mandato de conducción coercitiva" contra el expresidente. Incluso un magistrado del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio Mello, entrevistado por el diario Folha, ha declarado que "eso implica un retroceso, no un avance". La opinión pública está de acuerdo con él. Según una encuesta realizada por la empresa Vox Populi, el 65 por ciento de los brasileños considera "exagerada" la detención.
El acoso a Lula ha servido de estímulo a la militancia del PT, que hasta ahora prefería quedarse en casa un tanto avergonzada ante el creciente descrédito del Ejecutivo de Rousseff.
Las intenciones electorales de Lula activaron de inmediato la maquinaria judicial. Cinco días después de lanzar su mensaje, la Fiscalía de São Paulo presentó una denuncia contra él en otro caso, esta vez relacionado con un apartamento tríplex situado en la costa. Al veterano dirigente se le acusa de ocultación de patrimonio –una modalidad de lavado de dinero-, porque dicen que el inmueble en cuestión era propiedad suya y no de la constructora, y se basan en que Lula lo había visitado con asiduidad. También fueron denunciados su esposa Marisa Letícia y uno de sus hijos, Fábio Luís. El delito de lavado de dinero lleva implícita una pena de tres a diez años de cárcel.
El objetivo final es que Lula no regrese al Palacio de Planalto, lo que favorecería a la derecha. Pero, según la prensa, el testimonio del delator Delcídio de Amaral puede manchar hasta la reputación del propio Aécio Neves. ¿Alguien está a salvo?
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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