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    Renunciar: el verbo proscrito de la política mexicana

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    El 9 de diciembre de 2005, Televisa y TV Azteca transmitieron “en vivo” un operativo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el que fueron liberados varias víctimas de un secuestro y capturados sus presuntos plagiarios, entre ellos la ciudadana francesa Florence Cassez.

    El 5 de febrero del siguiente año, el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, antes titular de la AFI, reveló que todo había sido una recreación a "petición de los medios", pues el operativo verdadero había tenido lugar el día anterior. Ésta y otras irregularidades que afectaron el principio jurídico del "debido proceso" llevaron a la liberación de Florence Cassez el 23 de enero de 2013, según amparo otorgado a la francesa por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    El 14 de febrero de 2006, una grabación telefónica dada a conocer por el periódico mexicano "La Jornada" provocó un escándalo político al revelar el rol desempeñado por el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en la arbitraria detención de la periodista Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2005. En su libro "Los demonios del Edén" (2005), Cacho había dado a conocer los nombres de personas vinculadas a una extensa red de pedofilia en México, entre ellos políticos y empresarios, quienes presuntamente lograron que el gobernador poblano se decidiera a tomar represalias contra la reportera, la cual fue arrestada por casi 30 horas, sometida a vejaciones corporales y verbales, y liberada tras el pago de una fianza.

    El 5 de junio de 2009, un incendio generado en una bodega contigua a la "Guardería ABC" de la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, provocó la muerte de 49 niños de entre cinco meses y cinco años de edad. La investigación posterior reveló que la guardería, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero concesionada a particulares para su atención, no cumplía con las mínimas normas de seguridad para operar (sobrecupo, falta de extintores, salidas de emergencia inutilizadas), y aun así fue subrogada. Los padres de los bebés fallecidos responsabilizaron del hecho a Juan Molinar Horcasitas, entonces director del IMSS. Un dictamen del año 2010, emitido por Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que "el sistema de subrogación de estancias infantiles del IMSS era un desastre".

    Más allá del sufrimiento indeleble de las víctimas y del descrédito para la justicia, un elemento unifica a los casos antes referidos: en ninguno de ellos, con independencia de la presunta responsabilidad penal que se le pudiera haber fincado, el funcionario o político involucrado ha recurrido a la honorable salida de la renuncia como el corolario inevitable a las torpezas propias o ajenas.

    Se sabe que errar es de humanos y rectificar un signo de sabiduría. A ello cabría añadir que renunciar cuando el error tiene un alto impacto social es, cuando menos, un proceder ético plausible, pero que al parecer les resulta impropio a la mayoría de los funcionarios y políticos mexicanos, tanto los electos mediante voto popular para desempeñar funciones legislativas como los designados para servir en puestos cuyos alcances afectan sensiblemente a la "polis". Vale precisar que si bien el artículo 36 de la Constitución mexicana establece que los cargos de elección popular son irrenunciables por provenir del mandato popular, existe la figura de la "licencia" para distanciarse del cargo si por ética así lo decidieran. Ello rara vez ocurre, y el ejemplo más fehaciente por estos días es el que ofrece el gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, a quien poco parece importarle la conmoción política y social que se vive en su estado donde se le acusa de corrupción y desfalco, además de ser Veracruz una entidad marcada por el estigma del asesinato de periodistas: "Ayer lo de La Parroquia —famoso café jarocho en el que fue abucheado-, hoy lo de la licencia —que le solicitan legisladores de oposición-, a ver mañana con qué nuevo invento salen", escribió en su cuenta de Twitter el 23 de febrero del corriente.

    Renunciar no es aceptar culpabilidad directa en el caso que provoca el cuestionamiento público; es asumir que en la cadena de mando donde el funcionario o político ocupa la jerarquía mayor hubo una fractura que por omisión o desconocimiento no fue subsanada. La falta acaso le sea ajena al cuestionado, la deuda por no detectarla es toda suya, deuda que podrá no ser juzgada por vía penal, pero sí por principios deontológicos que mueven a la renuncia. Como cualquier mortal, los políticos y funcionarios mexicanos no están exentos de esa falibilidad intrínseca a los seres humanos que reconoce un extendido aforismo, y ciertamente no debieran trabajar como si fueran zapadores —que sólo pueden equivocar una vez-, pero también es cierto que debieran obrar predispuestos por esa premisa.

    Las razones para no renunciar son muchas. La más recurrente es lo indecoroso de la salida cuando todavía perviven las consecuencias de la situación por la que se les reconviene, la misma que adujo el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong en los días que siguieron a la espectacular fuga de Joaquín "el Chapo" Guzmán, evento que puso en entredicho hasta la gobernabilidad del país. Tras ella, sin embargo, se esconden otras más creíbles pero menos confesables, como el temor a perder el fuero que los protege de un eventual proceso judicial o la tan humana vocación, como el error, de aferrarse al coto de poder —económico, político- que la investidura otorga. En algunos casos "se caen de lado" y son trasladados hacia puestos de menor jerarquía, sin que la salida signifique una sanción por su mal desempeño. Tal fue el caso del procurador Jesús Murillo Karam quien fuera nombrado secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México ante su evidente incompetencia para manejar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desde su puesto de procurador general de la República.

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    Una renuncia —y así deberían haberlo entendido en su momento García Luna, Marín Torres, Molinar Horcasitas, así debería entenderlo ahora Duarte de Ochoa- no sólo sería una salida ética para el involucrado en un problema que en ocasiones lo rebasa; una renuncia a tiempo protegería incluso al superior del renunciante —dígase el responsable de alguna dirección, secretaría, dependencia federal o a veces hasta el propio primer mandatario-, funcionarios todos que muchas veces le apuestan al sinsentido de mantener en su puesto a un subordinado sin brújula antes que despedirlo por su ineptitud, proceder apegado a la ilusoria impresión de unidad que dimana de ello, proceder que termina por sumar al error circunstancial del empleado el encubrimiento criminal del superior: lo primero puede alcanzar la exculpación, lo segundo sólo admite la inculpación.

     


    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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    Etiquetas:
    Javier Duarte, políticos, política, justicia, víctimas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Marín Torres, Genaro García Luna, Arturo Zaldívar, Florence Cassez, Jesús Murillo Karam, México
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