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    Ayotzinapa: la justicia más allá de la justicia

    © AFP 2019 / Alfredo Estrella
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    Desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala (75)
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    Un año después, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa continúan desaparecidos, y los informes de especialistas no solo desmienten los resultados de las pesquisas de la PGR, sino que cuestionan el interés de las autoridades mexicanas de resolver este caso.

    El informe dado a conocer recientemente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo ocurrido en Iguala la noche triste del 26 al 27 de septiembre de 2014 no sólo echa por tierra "la verdad histórica" de la Procuraduría General de la República (PGR) acerca de tales sucesos; revela asimismo el limitado interés con que las autoridades mexicana de procuración de justicia asumieron la investigación de aquellos dolorosos acontecimientos que se saldaron con la muerte de siete personas, una veintena de heridos y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero.

    Tema: Desapariciones forzadas en México

    A pesar de las palabras conciliatorias del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien instó a las instancias pertinentes a tener en cuenta los datos que aparecen en el informe del GIEI, dicho texto y el dado a conocer el pasado 27 de enero por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR, no parecen resultados de investigaciones que puedan llegar a complementarse, sino corolarios de dos pesquisas que por sus conclusiones tan discrepantes se perciben alentadas por motivaciones diferentes: la de la PGR, por su celeridad e inexactitudes, aplacar la indignación de los familiares y de la sociedad con el hallazgo de los presuntos culpables; la del GIEI, según consta en el Acuerdo de su creación, "elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas" y analizar técnicamente tanto "las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales" como "el Plan de Atención Integral de las Víctimas de los hechos".

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    No son discrepancias triviales, sino lo suficientemente graves como para dar un vuelco total a la investigación, pues van más allá de las confesiones de los detenidos en las que basaron sus conclusiones los investigadores de la PGR, confesiones cuya credibilidad los integrantes del GIEI ponen en dudas, o de la relación con los hechos, siquiera por omisión, de agentes la policía estatal y federal y de soldados del 27 Batallón del Ejército Mexicano.

    En efecto: si como se afirma en el informe del GIEI de la CIDH resulta imposible que los cadáveres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa hayan sido incinerados en el basurero del municipio de Cocula, pues se habría necesitado 30 mil kilos de madera o 13 mil kilos de neumáticos para generar un incendio cuya magnitud habría dejado rastros que no han sido encontrados, resulta evidente que la versión oficial es resultado no ya de la ineptitud de los investigadores sino una salida que parece razonada con la perversa intención de dar el carpetazo final a una investigación incómoda, en la que si bien hay muchos responsables tras las rejas hay otros cuya culpabilidad se desdibuja en el cuestionado informe de la PGR.

    Si para su investigación, los integrantes del GIEI rastrearon las mismas pistas que tuvieron los investigadores de la PGR, cómo fue que estos últimos dejaron pasar evidencia presente desde esos primeros momentos tan decisivos en cualquier investigación policial, como la ropa que al parecer llevaban los estudiantes cuando fueron atacados y que sólo hasta agosto de este año fue sometida a peritaje, la oportuna destrucción del video de las cámaras de seguridad emplazadas en el Palacio de Justicia de Iguala, uno de los escenarios del ataque a los normalistas, o ese quinto autobús de la línea Estrella Roja ausente en la investigación de la PGR pero visible en el informe del GIEI como posible detonante de la violencia desatada contra los estudiantes, quienes se habrían apoderado del mismo, y de otros cuatro autobuses para viajar a México y unirse a las manifestaciones por la matanza de Tlatelolco, sin saber que iba cargado de droga.

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    Esas diferencias en puntos vitales de la investigación, que más que a la incompetencia apuntan al encubrimiento criminal de determinados hechos, no se solventan con el simple recurso de retomar la investigación del "Caso Iguala" o transparentar la pesquisa de la PGR a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Tales empeños deben acompañarse asimismo con otra investigación que arroje luz sobre las posibles omisiones o comisiones de actos que ameritarían el cese de funciones de quienes incurrieron en ellos y hasta la persecución por vía penal de ser necesaria. Acaso no aparezcan con vida los normalistas desaparecidos, pero la justicia que se les debe no termina con el esclarecimiento total de lo ocurrido aquellos infaustos días; se les debe además la justicia de exponer sin que importen nombres ni jerarquías a quienes pretendieron condenarlos a esa otra muerte incruenta que supone el olvido.

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    Desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala (75)

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    Etiquetas:
    informe, investigación, desaparición forzada, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), IFAI, CIDH, Procuraduría General de México (PGR), Ejército de México, Jesús Murillo Karam, Enrique Peña Nieto, Ayotzinapa, México, Iguala
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