Soplan vientos de protesta en Guatemala y Honduras. Desde hace semanas estas dos naciones centroamericanas viven una ola de manifestaciones populares sin precedentes que exigen el cese de sus respectivos presidentes, el guatemalteco Otto Pérez Molina y el hondureño Juan Orlando Hernández —dos fieles aliados de Washington-, a quienes acusan de corrupción.
Se da la curiosa circunstancia de que estos dos gobiernos proestadounidenses se sienten contra las cuerdas precisamente cuando la Casa Blanca pretende consolidar su presencia en la región mediante inyecciones de dinero y medidas de acercamiento diplomático.
La primera concentración se produjo poco después gracias al uso de las redes sociales y a la furia de los más jóvenes. Desde entonces ya se reclamó la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, por su supuesta participación en una mafia que facilitaba la entrada de contenedores con productos evadiendo el pago de impuestos. A Baldetti ya la tenía muchas ganas el pueblo por su actitud arrogante y sus apartamentos de lujo en Nueva York e Italia.
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La presión de la calle se vio recompensada el pasado 8 de mayo cuando la vicepresidenta de Guatemala dejaba el cargo de forma voluntaria para facilitar las investigaciones. Es el peor escándalo político desde que en 1985 regresó la democracia al país.
A modo de reacción, el Gobierno estadounidense dijo que apoyaba "los esfuerzos" del Ejecutivo de Pérez Molina para "abordar las acusaciones de corrupción oficial". Y un portavoz del Departamento del Estado insistió en que Guatemala "sigue siendo un socio importante de EEUU y un líder regional".
Por su parte, la premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú calificó de "triunfo del pueblo" la renuncia de Baldetti. En un comunicado de la fundación que lleva su nombre, la infatigable luchadora de los derechos de los pueblos indígenas amerindios, de nacionalidad guatemalteca, reconoció el mérito de los manifestantes compatriotas y exhortó a "todos los sectores sociales a seguir manteniéndose contra la corrupción, la impunidad y el sistema perverso con que funciona este gobierno".
Sobre Pérez Molina pesan acusaciones de que tomó parte en las masivas violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil guatemalteca (que duró 36 años). Ahora bien, esas denuncias no han venido avaladas por pruebas fehacientes, por lo que no se le abrieron diligencias judiciales por esos delitos. Hasta ahora. Él siempre ha rechazado todos los cargos e incluso ha negado que en Guatemala se haya cometido un genocidio contra el campesinado indígena. Lo que sí está documentado es que fue el jefe de dos cuerpos castrenses de siniestra reputación, la Dirección de Inteligencia (D-2), y el Estado Mayor Presidencial, posteriormente implicado en el asesinato del obispo católico, monseñor Gerardi, en 1998.
En la actualidad a Pérez Molina se le señala por los delitos de incumplimiento de deberes encubrimiento propio y enriquecimiento ilícito. Un diputado del partido de Menchú le ha acusado de estar relacionado con dos escándalos de corrupción: uno en el organismo que recauda los impuestos (el que se ha llevado por delante a Baldetti) y otro en la Seguridad Social. El proceso, que se prevé largo y tortuoso, fue recientemente admitido a trámite por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, que debe estudiar si se le retira o no la inmunidad al presidente, una decisión que tendría que tomar el Congreso unicameral.
En junio, la mecha del descontento traspasó las fronteras de Guatemala y prendió en la vecina Honduras. También fomentada por las redes sociales, que escapan al control de las autoridades.
A principios de este mes la capital hondureña, Tegucigalpa, fue el escenario de la que se llamó la Marcha de las Antorchas, donde miles de personas reclamaron juntas el fin del comportamiento poco ético del Gobierno encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández.
Los hondureños no se echaban a la calle de una manera tan contundente desde el golpe de Estado perpetrado en 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue sacado de su cama en pijama.
Honduras —que en 2012 tenía el índice de asesinatos más alto del mundo, con 94 por cada 100.000 habitantes- también grita contra las estructuras corruptas que saquean las arcas del Estado.
La contestación surgió como respuesta a un caso de corrupción y financiación ilegal que afecta de lleno al Partido Nacional (PN), que gobierna el país desde enero de 2010. Tras una investigación, se descubrió que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fue víctima, durante cuatro años, de un monumental desfalco que alcanza los 350 millones de dólares.
La trama consistía en vender, mediante empresas fantasmas, medicamentos que realmente no eran entregados a la institución estatal. Parte del dinero habría pasado a engrosar las cuentas del Partido Nacional y a financiar la campaña política de 2013 que dio el triunfo al presidente Hernández.
Hasta el propio jefe del Estado ha reconocido que recibió dinero con ese origen fraudulento, pero dijo que sus manos estaban limpias y que ha tomado medidas enérgicas contra la corrupción galopante. Muchos no han creído sus palabras.
El hastío y el enfado de los hondureños son bien lógicos sobre todo porque los hospitales públicos están desabastecidos de medicamentos básicos; incluso falta el paracetamol (acetaminofén). Eso está provocando muertes, dolor y rabia.
El propio líder hondureño no parece dispuesto a dimitir y sigue confiando en su amistad con Washington. Recientemente estuvo en la Casa Blanca, donde fue recibido por el vicepresidente Joe Biden, con quien abordó temas de violencia y migración en Centroamérica.
"Honduras ha sido y continúa siendo un fuerte aliado de Estados Unidos y un país líder en la región", aseguró Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para América Latina, tras la visita. ¿Les suena de algo este mensaje? Lo han leído en este artículo, unas líneas más arriba, pero referido a Guatemala. Es el mismo discurso ante los mismos problemas. Una consigna que, de tanto repetirse, pierde su significado.
Dentro de su plan para mantener la influencia de EEUU en la zona, Barack Obama ha solicitado al Congreso estadounidense 1.000 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2016 con el fin de atajar la pobreza, la inmigración y la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, la Casa Blanca teme que los republicanos, que dominan el legislativo, recortarán sustancialmente esos fondos.
La corrupción sigue siendo un azote endémico para la región y ha evitado que se ponga en marcha una estrategia mucho más eficaz de lucha contra la violencia y especialmente contra las maras, las bandas criminales que proliferan por Centroamérica, pero que curiosamente nacieron en Estados Unidos, concretamente en Los Angeles en 1992.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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