11:03 GMT +318 Noviembre 2018
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    Michelle Bachelet, presidenta de Chile

    La sombra de Pinochet vive en el presente chileno

    © AP Photo / Luis Hidalgo
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    Vicky Peláez
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    Que todo cambie para que todo siga igual 

    — Giuseppe Torres di Lampedusa, 1896-1957

    Dicen los psicólogos que los seres humanos y los países donde ellos habitan y donde alguna vez fueron partícipes o testigos directos o indirectos de la violencia, injusticia, persecución y la muerte, necesitan entre dos a cuatro generaciones para que se cicatricen sus heridas físicas y espirituales, además que las voces de sus desaparecidos, clamando la justicia, dejen de despertarlos en la profundidad de la noche.

    Chile es uno de estos países donde el pasado interfiere permanentemente con el presente, pone serios obstáculos en su camino al futuro, a pesar de que ya transcurrieron 25 años del retorno del país a la democracia, esto después de vivir 17 años bajo la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet quien se jactaba de que en Chile “ninguna hoja caía de los árboles sin su conocimiento”. Las 60,000 víctimas oficiales de la dictadura, entre detenidos, torturados, ejecutados y desaparecidos y quién sabe cuántos más que no figuran en ningún registro, han podido confirmar la “eficiencia” de los esbirros de Pinochet.

    Aquellos tiempos ya pasaron pero la herencia de aquellos trágicos años está presente y se refleja en una profunda división de la sociedad, en la desigualdad económica chilena que es la más grande en Latinoamérica, en la crisis de confianza en el gobierno, en la inseguridad económica latente de los jubilados, en la brutalidad policial y en la desilusión de los jóvenes que no se sienten representados. En estos 42 años el neoliberalismo convirtió la democracia en una mercancía y la hizo  su subordinada incondicional. Por eso, no es de extrañar que el país no hay podido  inclusive de deshacerse de la Constitución impuesta por el gobierno militar de Augusto Pinochet en 1980.

    Tal es la situación en Chile que en una reciente entrevista, la presidenta Michelle Bachelet reconoció que no pudo ni intentar promover una ley que diera igualdad de sueldos del hombre y la mujer en el congreso porque los especialistas le advirtieron que sería inconstitucional en el país. Tampoco pudo en su primer gobierno solucionar el problema de la segregación en la educación donde, como señaló la presidenta “los ricos estudian con los ricos y los pobres con los pobres”.

    Michelle Bachelet, presidenta de Chile
    © AP Photo / Moises Castillo
    En Chile un 80 por ciento de los estudiantes de todos los niveles están matriculados en las instituciones privadas, estando el 20 por ciento de ellos en manos de la iglesia católica. En las universidades y centros de  educación técnica del total de 940 mil alumnos solamente 162,000 estudian en los planteles estatales. Esto obliga al 70 por ciento de los estudiantes a buscar un crédito financiero universitario con el problema de cómo pagarlo. De allí resulta que un 60 por ciento de los alumnos más pobres abandonan sus estudios por no poder pagarlos.

    Desde el 2006 los estudiantes de los colegios y universidades han estado presionando  al gobierno para que haga una reforma radical en la educación, esto a través de las peticiones, marchas de protesta y huelgas. Durante las multitudinarias marchas de 2011 apoyadas por los padres de familia, una de las líderes estudiantiles, Camila Vallejo exigió en nombre de los manifestantes “el cambio del sistema político y económico para que la redistribución del poder sea más justa, la distribución de riqueza más justa…y para que la educación sea un derecho universal garantizado por el Estado, con un sistema más inclusivo, más diverso y más democrático”.

    Sin embargo, las esperanzas de los estudiantes y sus gritos: “¡Y va a caer y va a caer la educación de Pinochet!” no conmovieron al gobierno y todo quedó en nada. Recién ahora en el segundo gobierno Michelle Bachelet en medio del escándalo político de corrupción que envolvió hasta a su hijo Sebastián Dávalos decidió poner en marcha una reforma de educación y la otra tributaria. Y no le quedaba otra alternativa pues su popularidad bajó al 21 por ciento. La encuesta de Adimark  mostró  que un 84 por ciento de los encuestados rechazaron las medidas del gobierno contra la corrupción.  Solamente los bomberos, los carabineros y el ejército alcanzaron el 90 por ciento de la aprobación.

    La meta de Bachelet en educación es eliminar el copago, prohibir lucrar en establecimientos que reciben recursos públicos y crear el Fondo de Recuperación y Fortalecimiento de la educación Pública. Según la presidenta, “mi compromiso sería lograr que al término de mi mandato en 2018, el 70 por ciento de los estudiantes tendrán gratuidad y en seis años llegaremos al 100 por ciento”. La reforma tributaria beneficiará a los jubilados que dejarían de aportar el 7 por ciento al seguro médico. Actualmente la mayoría de los jubilados viven en condiciones precarias. Según el Ministerio de Desarrollo Social, el 90.7 de los jubilados reciben pensiones menores de 146,000 pesos  (233 US dólares) y 400,000 tienen una pensión solidaria de 86,000 pesos (137 dólares).  El índice de la pobreza comienza con 84,000 pesos (134.40 dólares). 

    La reacción de los medios de comunicación que en su mayoría están monopolizados principalmente por el Grupo Copesa y El Mercurio Sociedad Anónima  no se hizo esperar. Declararon al unísono que a la reforma tributaria le esperaría un fracaso rotundo porque el Estado no disponía de recursos suficientes para aplicarla, especialmente ahora cuando la economía chilena entró en un período de desaceleración. Para la prensa globalizada chilena la “gratuidad de la enseñanza  sería imposible, también por falta de recursos y se convertiría rápidamente en una utopía.

    De otro lado, la paciencia de los estudiantes se está acercando a un límite, sus representantes están declarando que la anunciada reforma es demasiado lenta y sus posibilidades no están definidas. Por su parte el gremio de los maestros que cuenta con unos 100,000  se pronunció contra la obligatoria y  periódica revisión y evaluación del trabajo y el conocimiento de los educadores. También los sectores de la izquierda están acusando al gobierno y a la Nueva Mayoría de no querer instalar una Asamblea Constituyente en Chile. De otro lado la derecha que tiene un fuerte poder económico, financiero y político se está oponiendo al cambio de Constitución.

    Todo esto constituye un enredo que está tratando de superar Michelle Bachelet justamente en el momento cuando se destapó la corrupción política en el país. Primero, el “Caso Caval” relacionado con el millonario negocio inmobiliario, involucrando  al hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos quién tuvo que renunciar a su puesto de asesor del gobierno. Después reventó el “Caso Penta” que involucró al Grupo Penta en la evasión de impuestos por 20 mil millones de dólares y en la financiación del más importante partido de oposición, Unión Democrática Independiente (UDI). Finalmente, salió a la luz pública  el “Caso Soquimich” (SQM), la mayor minera no metálica de Chile acusada de transferir 360,000 dólares para la campaña electoral de Michelle Bachelet en vísperas de las últimas elecciones presidenciales.

    En los 14 meses de su segundo gobierno la presidenta tuvo que lidiar además de los últimos escándalos de corrupción, con un terremoto, dos volcanes en erupción, enormes incendios y una creciente movilización de los estudiantes. Hace poco Michelle Bachelet declaró que “puede haber gente corrupta y actos corruptos pero este es un país de gente esforzada y honesta. No es un país de personas corruptas. A la vez aseguró que a pesar del estancamiento económico, Chile tiene los recursos financieros suficientes para que la reforma tributaria y de educación logren sus metas trazadas por el gobierno.

    Tiene toda la razón la presidenta, lo que realmente necesita Chile es una reforma estructural para hacer una redistribución aunque moderada de la riqueza para disminuir la diferencia de ingresos entre el 10 por ciento más rico de la población y el 10 por ciento más pobre que actualmente es de 34 contra uno.

    Sin embargo, Chile es un socio incondicional en América Latina de los Estados Unidos junto con México, Perú y Colombia, su capacidad de  decisión está limitada por tratados internacionales con Norteamérica, con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que entregaron incondicionalmente estos países a las transnacionales. Esto se llama la globalización. Los que deciden el futuro de los países como Chile no son ni siquiera su elite, sus oligarcas sino Washington que modeló su economía como extractiva, aportando el cobre el 57 por ciento de sus ingresos por exportación. Litio, yodo, madera, uvas, pescado y vino son otros productos de exportación.

    Michelle Bachelet quizás podrá anhelar, teniendo en cuenta su militancia juvenil izquierdista, muchas reformas para reducir la desigualdad social en Chile que es la más alta en Latinoamérica pero las fuerzas externas, los 12 billonarios del país que en conjunto poseen 34,700 millones de dólares, los oligarcas, el clero católico, los medios de comunicación y los militares siempre tratarán de estorbar estos intentos por muy modestos que sean.

    Lo único que quedará a su pueblo para salir del pasado es luchar por sus derechos y su porvenir poniendo, como dijo el escritor británico John Berger, “la esperanza entre los dientes”.

     

    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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    Augusto Pinochet, Michelle Bachelet, Chile, América Latina