Se llamaba Christopher Raymundo Márquez Mora. Tenía sólo 6 años. Vivía en un municipio a las afueras de la ciudad mexicana de Chihuahua. Desde hacía un tiempo sufría el implacable acoso de un grupo de niños más mayores que él, algunos de ellos apenas con 11 años. Se burlaban de él. Le pegaban. Le insultaban. Él era el objetivo de esa práctica cruel que ya se conoce con el nombre de bullying. Lo último que habían organizado sus jóvenes vecinos era "jugar al secuestro" y Christopher, cómo no, era de nuevo la víctima perfecta.
Le ataron de pies y manos, le pasaron una vara al cuello con la que casi le asfixiaron. Cuando el pobre niño cayó al suelo medio muerto, le lanzaron piedras y le apuñalaron en la espalda. Posteriormente ocultaron el cadáver en un arroyo cercano al lugar donde habitualmente viven, donde le cubrieron de tierra y maleza y colocaron un animal muerto para que el olor no llamara la atención de la gente. El "juego" se les había ido de las manos. Cuando los padres de Christopher les preguntaron angustiados sobre el paradero del pequeño, los jóvenes responsables mintieron y fingieron que no sabían qué había pasado e incluso participaron con los vecinos en las tareas de búsqueda que se prolongaron dos días. Sólo fueron descubiertos cuando empezaron a caer en sus propias contradicciones al ofrecer su versión de los hechos mientras eran interrogados por los agentes de policía.
El crimen pone los pelos de punta, porque implica a cinco menores de edad, tres niños y dos niñas, cuyas edades oscilan entre los 11 y los 15 años. El macabro suceso se produjo en un barrio marginal de Aquiles Serdán, un municipio situado a las afueras de la ciudad de Chihuahua, donde la tasa de delincuencia es espeluznante y donde se producen disputas a tiro limpio entre los carteles de Sinaloa y Juárez por el control del mercado de la droga.
Los cinco menores se enfrentan a un futuro muy distinto dependiendo de su edad y condición física. El niño de 11 años es inimputable. A las dos niñas que tienen entre 12 y 13 años no se les podrá imponer ninguna medida cautelar o sancionadora privativa de la libertad, por lo que sólo podrán ser internadas en un centro adscrito al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), una organización pública de asistencia social que depende de la Secretaría (Ministerio) de Salud mexicano. Sólo los dos mayores, de 15 años, se enfrentan a una pena por homicidio agravado que oscila entre los seis meses y los 10 años de cárcel en un centro de rehabilitación de menores; uno los dos padece probablemente un retraso mental moderado, lo que tendría consecuencias legales para él pues podría eximirle de la pena. La Fiscalía de Chihuahua ya ha dicho que pedirá la pena máxima para ambos.
La violencia gratuita de los chavales y especialmente la sobrecogedora frialdad con la que actuaron para ocultar su tropelía nos lleva a recordar la figura del niño sicario que no sólo se extiende por México sino también por otros países latinoamericanos. Las redes criminales organizadas les utilizan sin escrúpulos para perpetrar sus asesinatos y torturas, perfectamente sabedores de que el ordenamiento jurídico les considera inimputables por debajo de los 12 años o que por debajo de los 14 no irán a la cárcel ni pasarán por un arresto domiciliario vigilados por la policía. Eso ocurre con la legislación del estado de Chihuahua, concretamente con la Ley de Justicia Especial de Adolescentes Infractores. Su artículo 3 estipula que los menores de 12 años que cometan un delito "están exentos de responsabilidad". La normativa no está preparada para tanto horror.
El monstruoso asesinato —que tiene todos los agravantes imaginables: premeditación, alevosía, saña, traición- demuestra que el Estado mexicano está fracasando en su lucha contra las narcomafias y que en ciertos territorios estigmatizados por la violencia y el crimen ya se ha instaurado una cultura bárbara e intolerable que acepta las decapitaciones y otras salvajadas como algo común y corriente. Estas capas desfavorecidas de la sociedad mexicana están ya en un proceso de descomposición probablemente irreversible y que es muy preocupante.
Los niños se limitan a copiar el comportamiento de sus mayores y lo trasladan a sus pasatiempos y vivencias. Ellos son el reflejo de una conducta aberrante y sangrienta que en muchos casos les deja insensibles y traumatizados. Si sus juegos son tan violentos, el problema lo tiene la sociedad.
"Lo que este lamentable hecho nos muestra es que el crimen organizado y la violencia están calando en el país y particularmente en niñas, niños y adolescentes. Juegan a los secuestradores, al narcotráfico. La aspiración de niños en muchos lugares es tener dinero y armas. Entonces esta violencia está instalada y el Estado no ha querido atender el tema", afirma Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia de México (Redim).
Es indudable que el Estado mexicano es el máximo responsable de esta tragedia por no haber puesto en marcha medidas adecuadas de protección de la infancia en zonas arrasadas por el crimen como el barrio de Laderas de San Guillermo II, en el extrarradio de Chihuahua. Pero la corresponsabilidad es de todos. Ahí entran padres, educadores, organizaciones no gubernamentales, jueces, agentes de policía, empresarios, medios de comunicación, autoridades municipales, regionales y nacionales. Y por supuesto, las bandas criminales y los carteles de la droga. Cada uno de ellos tiene que asumir su parte proporcional de culpa. El fracaso no es sólo del Estado, sino de todos los colectivos implicados.
El homicidio del pequeño Christopher, que por desgracia caerá en el olvido en cuestión de meses, es un escalofriante caso social que exige un mínimo de reflexión. ¿Es normal que en México tengan tanto éxito los narcocorridos, esas canciones populares que exaltan la valentía de los jefes traficantes de droga? ¿Es normal que muchos jóvenes mexicanos persigan el hedonismo a cualquier precio, basándose en la idea de que "es mejor vivir cinco años como un rey que cincuenta como un buey"? Evidentemente no. Reaccionen.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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