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    La excandidata a la presidencia bielorrusa y líder de la oposición Svetlana Tijanóvskaya anunció que el 26 de octubre se celebrará "una huelga nacional" en todo el país. Precisamente este día expira el plazo del ultimátum que la opositora presentó a mediados de octubre al presidente Alexandr Lukashenko para que renunciara a su cargo.

    Tijanóvskaya amenazó en su canal en Telegram con celebrar protestas masivas y huelgas, bloquear carreteras y colapsar ventas en las tiendas si el mandatario bielorruso se negase a hacerlo. Desde la Fiscalía General y el Comité de Investigación de Bielorrusia destacaron que antes de determinar cuán legítimo era aquel llamamiento había que asegurarse si fue realmente Tijanóvskaya quien lo había escrito.

    El 25 de octubre miles de personas volvieron a protestar en las calles de Minsk contra los resultados de las elecciones presidenciales celebradas a comienzos de agosto. Algunos testigos denunciaron en las redes sociales el uso de violencia por parte de la policía, que lanzó granadas y balas de goma. 

    Si bien la policía afirmó haber utilizado medios especiales durante la protesta, no especificó cuáles. Además, enfatizó que lo hizo solo para detener actos ilegales realizados por parte de unos manifestantes. A pesar de ello, Tijanóvskaya condenó los informes sobre la violencia policial y señaló que las autoridades de Bielorrusia "no están a la altura" de su pueblo y está perdiendo su poder.

    La situación política ha empeorado en Bielorrusia tras la reelección del presidente Lukashenko, quien ha estado en el poder desde 1994. La oposición denunció numerosas irregularidades electorales y exigió  que se repitieran los comicios, opción que fue descartada por el mandatario.

    Por iniciativa de Tijanóvskaya, los opositores bielorrusos formaron el Consejo de Coordinación, que debería realizar el tránsito de poder en el país. En respuesta la Fiscalía General abrió un expediente penal contra esta organización por haber llamado a derrocar el poder o cambiar de forma violenta el orden constitucional en el país.

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