"Llevarán mañana (lunes 7) a Julian desde su celda de Belmarsh al Old Bailey en un furgón de prisión que es como un ataúd ventilado", anunció su prometida, la abogada Stella Moris.
El fundador de WikiLeaks lleva medio año sin ver a sus abogados debido a las restricciones del coronavirus y no ha tenido medios técnicos para preparar su defensa, según añadió en un comunicado la madre de sus dos hijos pequeños.
"Es el proceso judicial más importante del siglo XXI, y no tiene sentido proceder ahora con tanta incertidumbre por los rebrotes de COVID-19 y las restricciones de viaje", protestó su abogado español, Aitor Martínez, en declaraciones a Sputnik.
Caos judicial
Martínez se encuentra entre la treintena larga de testigos internacionales que la defensa tiene previsto llamar a declarar en esta segunda fase del proceso de extradición.
Por lo pronto, el ministerio de Justicia ha habilitado dos salas en el Old Bailey para acomodar a los respectivos equipos legales respetando las reglas de distancia social.
Así, en una sala estarán la jueza y los abogados principales —Edward Fitzgerald, en representación de Assange; y James Lewis, elegido por la Fiscalía británica para actuar en nombre del Gobierno de Estados Unidos— además del reclamado y un puñado de observadores, ocuparán una sala.
La gran mayoría de los periodistas acreditados tendrán únicamente acceso remoto audiovisual a las diligencias.
"Se debería haber suspendido el juicio y dejado a Assange en libertad provisional. Retener a una persona tanto tiempo en la cárcel sin una sentencia condenatoria es una barbaridad y, para no ponerlo en libertad, han forzado un juicio parcialmente telemático, lo cual puede ser un desastre", advierte el letrado.
El profesional australiano, de 49 años, está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Londres desde abril de 2019, cuando Ecuador le retiró el asilo y agentes de Scotland Yard le detuvieron en la embajada londinense del país sudamericano.
Periodista o hacker
El departamento de Justicia estadunidense le acusa de "alentar y ayudar" a la exanalista militar Chelsea Manning a "obtener ilegalmente" informes clasificados, que se publicaron en el portal de WikiLeaks entre 2010 y 2011.
El abogado fiscal aludió a la divulgación de documentos secretos sin borrar la identidad de confidentes y colaboradores de EEUU en Irak y Afganistán, entre otros países.
Y reconoció que "Estados Unidos no puede probar" que alguna persona haya "desaparecido" a consecuencia de la acción de WikiLeaks.
Persecucion politica
La defensa hará hincapié en la "motivación política y la mala fe" de la petición de Washington entre los diversos argumentos con que tratará de demostrar que su cliente es víctima de abuso de proceso y violación de sus derechos como periodista y ex director de una plataforma informática.
"Es un acto político del Gobierno de Donald Trump que acusa a Julian de un delito político, lo cual sobrepasa los términos del Tratado de Extradición entre el Reino Unido y EEUU", alegó su novia.
"No se puede entregar a ninguna persona que esté reclamada por cuestiones políticas; publicar información veraz sobre crímenes internacionales jamás puede ser considerado un delito", declaró Martínez a Sputnik.
Informes confidenciales desvelados por WikiLeaks documentan aparentes atrocidades de militares y oficiales estadounidense en Irak y Afganistán.
