"Está en los intereses de Bruselas y Estrasburgo revelar la verdad porque precisamente sobre la UE cae la mayor parte de la responsabilidad política que causó el problema ucraniano", dijo Graziani.
Graziani denunció que el silencio en la UE sobre este tipo de casos es "ensordecedor".
"También es ensordecedor el silencio en los medios europeos y por parte de los activistas de derechos humanos", añadió.
Una investigación de la agencia de noticias Sputnik descubrió nuevas pruebas de la existencia de una prisión secreta en el aeropuerto ucraniano de Mariúpol, operada por el grupo paramilitar Azov con el patrocinio tácito del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
A esta prisión, que operaban los ultraderechistas con el tácito patrocinio del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), eran enviados los milicianos capturados y los civiles sospechosos de simpatizar con los "separatistas".
En marzo pasado, el exagente del SBU, Vasili Prózorov, mostró en una rueda de prensa en Moscú fotografías de esta cárcel clandestina, en la que más de 300 personas fueron torturadas en dos cámaras frigoríficas en 2014.