"Tenemos información de que últimamente se retiran grandes sumas desde las cuentas de empresas públicas, tanto en efectivo como mediante transferencias a cuentas offshore. El repentino incremento del número y el volumen de esas transacciones dudosas o ilícitas, que no están relacionadas con las operaciones corrientes [...], resulta sospechoso y muy alarmante", declaró Brinzan durante una conferencia de prensa celebrada este 13 de junio.
"Vamos a auditar rigurosamente todas las transacciones recientes. Los actores económicos con participación estatal que se vean implicados en transferencias ilícitas o dudosas, perjudiciales pare el Estado, tendrán que responder acorde a la ley", advirtió Brinzan.
La prolongada crisis institucional en Moldavia derivó en una situación de dualidad de poderes a principios de este mes.
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Las elecciones legislativas de febrero pasado fueron seguidas por tres meses de conversaciones infructuosas entre las principales fuerzas políticas hasta que el Partido de Socialistas de la República de Moldavia (PSRM, prorruso) y el bloque electoral ACUM (proeuropeo) lograron el 8 de junio un acuerdo de mayoría parlamentaria para formar Gobierno en sustitución del anterior, del Partido Demócrata de Moldavia (PDM), a cuyo dirigente, el oligarca Vlad Plahotniuc, culpan de corrupción endémica en el país y secuestro de instituciones del Estado.
Para el presidente Dodon, es un intento desesperado de usurpar el poder con la ayuda de jueces de bolsillo.
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Ya en noviembre de 2018, el Parlamento Europeo manifestó profunda preocupación por el retroceso en las normas democráticas en Moldavia y su deriva hacia "un Estado secuestrado por intereses oligárquicos con una concentración de poder económico y político en manos de un pequeño grupo de personas que ejerce su influencia sobre el Parlamento, el Gobierno, los partidos, la administración pública, la policía, el poder judicial y los medios de comunicación".
